Uruguay acusa de fraude a astillero español Cardama: La empresa denuncia interferencia política.

Por : Nicolás Pérez

Acusaciones y tensiones entre Uruguay y el astillero español Cardama

El gobierno uruguayo ha iniciado acciones legales contra el astillero Cardama, con sede en España, por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato millonario destinado a la construcción de dos buques patrulla oceánicos (OPVs). Este caso, valorado en más de 92 millones de dólares, ha derivado en un conflicto político y diplomático, con acusaciones cruzadas de fraude y denegaciones por parte del astillero, que alega ser víctima de manipulaciones políticas.

El inicio del conflicto y las investigaciones en curso

El contrato, establecido durante la administración del expresidente Luis Lacalle Pou, tenía como objetivo el fortalecimiento de la vigilancia marítima uruguaya mediante la entrega de dos buques patrulla. Hasta la fecha, Uruguay ha desembolsado aproximadamente 30 millones de dólares en pagos parciales para este proyecto. Sin embargo, las complicaciones surgieron cuando Cardama no cumplió con el plazo de 45 días para presentar una fianza de cumplimiento, que correspondía al 5% del valor total del contrato, solicitando múltiples prórrogas sin cumplir con sus obligaciones contractuales.

La situación se agravó cuando un bufete de abogados británico, contratado por el gobierno uruguayo, descubrió que la institución financiera que respaldaba la garantía de Cardama estaba en proceso de liquidación desde agosto de 2025 y que la empresa en cuestión tenía un único empleado y estaba dirigida por un nacional ruso. Según Jorge Díaz, Subsecretario de la Presidencia de Uruguay, la administración anterior no verificó adecuadamente la solvencia de la empresa que proporcionaba la garantía.

Reacciones y declaraciones oficiales

Desde Montevideo, altos funcionarios como Alejandro Sánchez, Secretario de la Presidencia, y Jorge Díaz han presentado la denuncia formal ante la Fiscalía General. Díaz enfatizó en la red social X (anteriormente Twitter) la importancia de proteger el dinero de los uruguayos y afirmó que habían reportado indicios serios de fraude al sistema judicial, subrayando que «nadie está por encima de la ley».

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Por otro lado, el Presidente Yamandú Orsi calificó el caso como «grave», describiéndolo como un «intento de fraude contra el estado uruguayo». Orsi también ha ordenado investigaciones administrativas en varios ministerios, incluyendo Defensa y Economía, para esclarecer completamente los hechos y asegurar los intereses públicos.

Respuesta de Cardama y perspectivas futuras

Mientras tanto, desde Vigo, Mario Cardama, director gerente del astillero, ha rechazado categóricamente las acusaciones, insistiendo en que su empresa ha cumplido con todas las obligaciones del contrato y ha renovado las garantías anualmente. Cardama también ha insinuado que las acusaciones podrían tener motivaciones electorales en Uruguay, negando cualquier conocimiento sobre procedimientos de liquidación del banco británico y destacando que se presentaron tres bancos diferentes para respaldar el proyecto.

Además, ha asegurado que la construcción de los buques patrulla continúa, con un 60% del acero para el primer barco ya completado y el 90% de los equipos y componentes encargados. Cardama ha advertido que, aunque están completamente comprometidos con la entrega de los barcos a Uruguay, existe un comprador alternativo en otra región en caso de que el contrato sea rescindido.

Impacto y repercusiones del conflicto

La disputa no solo ha generado preocupación en la industria naval española, sino que también ha tensado las relaciones diplomáticas entre Montevideo y Madrid, poniendo en riesgo uno de los contratos industriales más significativos para el astillero gallego en América Latina. En Uruguay, el caso se percibe como un precedente institucional crucial para reafirmar que «nadie está por encima de la ley», tanto dentro como fuera del país, según reiteró Jorge Díaz.

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