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Colonización
por Dr. Francisco Gallinal
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Esta vez la razón pudo más que la disciplina partidaria y la bancada del Frente Amplio debió aceptar los sólidos y contundentes argumentos esgrimidos contra sus pretensiones colonizadoras, y dar marcha atrás en la aprobación de un proyecto de ley que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados. Seguramente se señalará que este fue un triunfo para la oposición, cosa que en alguna medida es cierto; pero básicamente es un respiro para miles de familias uruguayas que veían amenazados sus legítimos derechos sobre los bienes inmuebles que le pertenecen.
Este martes en el Senado de la República no solamente logramos frenar el aludido proyecto de ley que mejoraba poco y nada la ley 18.187; logramos también prorrogar por un año la vigencia de dicha norma y de esa manera ganamos una primera batalla, y ahora nos queda ir en busca de la solución definitiva. Solución definitiva que se podrá alcanzar en el corto plazo si logramos un acuerdo con la bancada oficialista – cosa que vemos difícil -, o que se podrá lograr obteniendo en las próximas elecciones mayorías parlamentarias que nos permitan ponerle punto final al problema, lisa y llanamente derogando el artículo en cuestión.
El problema de fondo radica en que el gobierno frenteamplista pretende que todos aquellos propietarios de inmuebles rurales que explotan predios que alguna vez pertenecieron a la Sección Fomento Rural del Banco Hipotecario del Uruguay, y que fueron enajenados entre 1923 y 1948, dejen de tener libre disposición y plena propiedad de los mismos y pasen a estar sometidos a las directivas y a las políticas del Instituto de Colonización. Se trata de aproximadamente 200.000 hectáreas pertenecientes a algunos miles de pequeños productores, que las adquirieron en forma legítima, por los distintos modos de acceder al dominio que prevé nuestras leyes, que en muchos casos ni siquiera saben que esos predios pertenecieron en algún momento al BHU.
A estos propietarios la nueva ley les impuso, en un plazo determinado, a registrar sus títulos ante Colonización, so pena de perder la propiedad de los inmuebles de no cumplir con la ley 18.187. Y a partir del momento del registro, a someterse a las condiciones que rigen para los verdaderos colonos quienes sí, por razones de interés general y colectivo, están obligados a obtener la autorización del Instituto para dar determinados pasos. La mayoría de esos inmuebles ya ha tenido más de un propietario y por ende, hay mucha gente que seguramente está comprendida en las disposiciones de la nueva ley y ni siquiera están enterados.
Lo expuesto describe lo que nosotros calificamos como un verdadero mamarracho constitucional y jurídico, que atenta contra el derecho de propiedad, que vulnera derechos adquiridos legítimamente, que genera un manto de incertidumbre sobre nuestro sistema jurídico inadmisible y perjudicial para los intereses del país.
Hay que cambiar esa ley 18.187. Lamentablemente no contamos con las mayorías necesarias, y además nos enfrentamos con el Ministerio de Ganadería y el Instituto de Colonización que defiende hasta las últimas consecuencias un atropello tan grande. Sí hemos logrado postergar por un año la vigencia de la ley y, para lo irracional que ha estado el gobierno en la materia, no es poca cosa lo que hemos conquistado. Ahora debemos lograr modificar las mayorías parlamentarias, y para eso está la instancia electoral de octubre y de noviembre. Nosotros nos comprometemos que, si ganamos esas mayorías en las urnas, nuestra primera decisión va a ser derogar la norma y eliminar esa espada de Damocles que hoy pende sobre la cabeza de miles de pequeños propietarios de inmuebles rurales.
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