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Bolivia: violencia e incertidumbre
en una campaña asimétrica
por Horst Grebe
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Después de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en el referéndum de enero de 2009, se anticipaba un itinerario de varias estaciones del proceso constituyente en su nueva etapa. La próxima estación serían las elecciones generales previstas para diciembre de este año, cuya ejecutoria daría lugar a la elección de Presidente y Vicepresidente del Poder Ejecutivo y 166 miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la cual tendría a su cargo la elaboración de todas las leyes derivadas y de desarrollo del nuevo Estado boliviano.
Sin embargo, a poco andar se ha puesto de manifiesto que ni la nueva CPE ni la constelación política resultante de los diferentes referendos logran superar la crisis institucional que aqueja al país, ni mucho menos establecen los fundamentos de la cohesión nacional alrededor de un proyecto compartido de futuro donde tengan cabida todos los bolivianos.
Los hechos recientes de violencia demuestran, en cambio, la presencia de nuevos factores de inseguridad personal e institucional que conducen a una cada vez mayor crispación de la sociedad en general. La ocupación de minas y de predios agropecuarios por parte de comunidades indígenas ocurre a título de derechos, en teoría, derivados de la nueva CPE. Bajo este mismo criterio, las autoridades encargadas de la seguridad pública no están en condiciones de aplicar todo el rigor de la ley a los grupos que cometen atropellos contra las personas y sus propiedades, porque no está claro cuál ley está en vigencia. La ocupación violenta y arbitraria de viviendas y propiedades de dirigentes opositores se pretende justificar también invocando una supuesta justicia comunitaria.
La Ley Electoral Transitoria fue, una vez más, el resultado de presiones sociales sobre el Congreso y una negociación de último momento acompañada de la huelga de hambre del Presidente de la República para doblegar a su propia bancada en sus posiciones originales y enmendar así la distorsiones que se estaban introduciendo en cuanto a la representación proporcional de las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa.
La atmósfera política imperante en Bolivia se mantiene a altas temperaturas y vuelve a adquirir connotaciones de violencia inminente y quebrantos institucionales. La coyuntura se caracteriza por una profunda incertidumbre institucional, acompañada de la perspectiva de campañas asimétricas, para decir lo menos, por parte de las fuerzas que participen en las elecciones generales de fin de año.
Los escenarios de la contienda política estarán ocupados mayoritariamente por los grupos claramente identificados con el Movimiento al Socialismo (MAS), aunque ya se han puesto de manifiesto algunos desprendimientos de dirigentes de ese partido, que podrían dar lugar a fórmulas opositoras.
Esta vez, el despliegue de la competencia electoral será muy distinto a los anteriores eventos. Se puede afirmar que los objetivos del MAS consisten en la reelección de Evo Morales y en el logro de una representación superior a los dos tercios de la Asamblea Legislativa. Por reflejo simétrico, las diversas fuerzas opositoras han adoptado una actitud defensiva que se traduce en el objetivo prioritario de impedir dicha mayoría de dos tercios en manos del MAS; a tales efectos, hay una búsqueda desordenada de candidatos potables con la intención de impulsar una campaña unificada en la contienda electoral.
Más allá de las realidades descritas y de los objetivos y problemas de cada bando, la urgente necesidad del país consiste en sentar las bases de un nuevo sistema político plural, dotado de contrapesos suficientes para evitar las inocultables intenciones autoritarias del oficialismo y las respuestas exasperadas de algunos poderes fácticos que no vacilan en salirse de los marcos legales y, en muchos casos, del más elemental sentido común.
De todas maneras las elecciones de diciembre requieren también que se cumplan varios requisitos. El acuerdo que ha viabilizado la aprobación de la Ley Electoral Transitoria ha consistido en la confección de un nuevo padrón electoral que incluya también a los grupos de emigrantes bolivianos en Argentina, España, Brasil y Estados Unidos. Diversos observadores coinciden en que la propuesta de un nuevo padrón biométrico no será necesariamente la garantía contra el fraude o contra la corrección de todos los problemas del padrón actual. En parte, tales cuestionamientos se originan en las dudas sobre la imparcialidad de la Corte Nacional Electoral (CNE), lo que se refuerza además con la ausencia del órgano jurisdiccional encargado de la interpretación constitucional.
No dejan de tener razón aquellos que consideran que la oposición más radical de los sectores afectados por las políticas del gobierno, en su impaciencia, busca sistemáticamente argumentos para evitar la realización de las elecciones.
En los 27 años que dura el ciclo democrático ninguna elección general estuvo rodeada de tantas transgresiones a las normas democráticas, agravadas porque el largo trayecto hasta los próximos comicios de diciembre estará acompañado del despliegue de la crisis económica y por una atmósfera de violencia, abusos de poder y polarización cada vez más profunda.
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