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Alarmante realidad
por Dr. Marcelo Gioscia Civitate
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Hablar del tema de la seguridad, mal que le pese a quienes están hoy usufructuando de las mieles del poder público, puede llevarnos a lugares comunes en los que no debemos ingresar.
Es que en cada jornada, por cierto, muy a pesar nuestro, tomamos conocimiento de nuevos hechos delictivos, que por su modalidad y virulencia, son registrados y trasmitidos en la “crónica policial o roja” de los distintos medios de prensa. Los mismos, forman parte luego de las estadísticas (que no registra el ciudadano común) e integran, para quienes fueron afectados y pueden relatar lo sucedido, una amarga experiencia en sus respectivas existencias vitales y las de sus familias. Y eso que, sólo se informa sobre los hechos que se denuncian, mientras un gran porcentaje de los hechos que ocurren y son padecidos por la población no son puestos en conocimiento de la autoridad policial, puesto que existe en buena parte de los habitantes de este país, la intima convicción de la poca eficacia del servicio policial que con sus impuestos sostiene.
¿Cuál ha sido la respuesta de los responsables de preservar el orden público y la seguridad en nuestra sociedad? ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas para contener los desbordes? ¿Cuánto hemos perdido los ciudadanos en términos de calidad de vida en estos últimos años? ¿Por qué razón, se ha pretendido minimizar este tema que nos afecta a muchos? Dicen, que existe una razón escondida en cada gesto y en este tema, los gestos de los actuales gobernantes, han sido por demás elocuentes.
Es que no puede concebirse la vida en sociedad sin el ejercicio pleno de los derechos, en que la libertad de cada uno se desarrolle en y dentro, de un orden jurídicamente protegido. Y esto, que debiera estar en “la tapa del libro” de todos, pero en especial de quienes tienen responsabilidades de gobierno, al parecer se soslaya, minimiza y pretende justificarse con eufemismos y sesgadas explicaciones pseudo-sociológicas, que no le hacen bien ni a la República ni a la Democracia. Al menos, como la concebimos en el marco de nuestra Constitución y nuestras Leyes.
Mientras tanto, las soluciones no aparecen y quienes sostenemos el presupuesto del Estado nos sentimos limitados en nuestros movimientos, enrejados y por sobre todo, tremendamente desprotegidos.
¿Han tenido acaso en cuenta las autoridades cuáles son las secuelas psicológicas de un copamiento en las personas que lo padecieron? ¿Y las disfunciones motrices luego de padecer una rapiña? De esto ni se habla.
Porque más allá de los perjuicios económicos sufridos, quienes han sido víctimas de los mismos, han quedado Y el guerrillero Mujica siguió respondiendo incoherencias, hasta dijo “yo hablo con conocimiento del tema”, y dijo que “nunca propuse levantar el secreto bancario”, hasta hay alguien que dice lo escuchó decir....”total a mi ni perjudica ni me favorece...sino todo lo contrario”... “y además el lumpen no entiende nada de esto y yo hago prensa”.
Así de coherente es el guerrillero pre-candidato oficial del gobierno y del partido de gobierno a la presidencia de la República.
Así es como el alcanza pelotas del gobierno no le da pelota al señor Presidente de la República.
¡¡¡ Piensen uruguayos, piensen!!!...ya no se festeja más, marcados a fuego con las experiencias vividas y con una pérdida de calidad de vida hacia el futuro.
Porque éste tema de la inseguridad reinante, más que un tema de campaña política (que lo debe ser) debiera ocupar realmente a las autoridades responsables de solucionarlo y sin embargo, vemos que quienes delinquen, se aprovechan de las fallas del sistema.
¿Dónde quedó la prometida tecnología china para mejorar la respuesta del 911? ¿Y las cámaras de televisión que garantizarían la seguridad en varios puntos de la ciudad?
Se impone encontrar soluciones de una vez por todas. Aplicar la Ley. Sancionar a los responsables. Prestar auxilio integral a las víctimas de los delitos de sangre y violencia. Instrumentar medidas de reeducación efectiva (evitando el hacinamiento en los establecimientos de reclusión) volviendo a impulsar como otrora en Punta Carretas, la enseñanza de oficios. Pero, por sobre todo, debiera llamarse a los hechos por su nombre, brindando mensajes claros a la ciudadanía, sin eufemismos con los que se intenta ocultar el verdadero significado de los delitos, donde el “robo, hurto o rapiña” sean efectivamente tipificados y sancionados y no se los pretenda confundir con “expropiaciones” que se justifican con el objetivo de cumplir “el sueño de cambiar la realidad”, lo que resulta de por sí, no solamente deleznable, sino política y socialmente inadmisible.
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