Los falsos dilemas mockusianos por Darío Acevedo Carmona

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         La fórmula “verde” para la presidencia plantea que Colombia debe entrar en la etapa de “legalidad democrática”. Aunque no se declara adversa a la “seguridad democrática” del presiente Uribe, de hecho, y por el énfasis que le da a su propuesta, puede uno pensar que la adhesión a la política central de Uribe es un gesto retórico, sin valor. La idea que transmite Mockus en los diversos escenarios en que habla es que primero hay que convencer a las gentes  por medios pedagógicos, de la conveniencia de cumplir las leyes y las normas para instaurar una cultura de respeto, tolerancia y no violencia.

         Los dilemas morales con los que reta a sus auditorios, más allá de su impacto mediático, permiten desnudar los grandes equívocos que encierra su política para un país agobiado por problemas muchos más graves y urgentes como la violencia criminal propiciada por poderosos grupos mafiosos y guerrilleros, el desempleo, el subempleo y la abrumadora informalidad, entre otros.

         Con preguntas como estas: “¿qué es más grave, robarse una hostia sin consagrar o una hostia consagrada?”, “¿le pegaría usted a su mamá?”, “¿sería capaz de matar a alguien?”, el candidato de los verdes pretende ubicar el gran quid del asunto en Colombia. El mensaje es que nuestro problema es que burlamos las leyes de la vida cotidiana y las normas que regulan el roce social, que tenemos desquiciados nuestros referentes morales. Burlar la fila, engañar a la DIAN, pagar sin factura, ser infiel en el matrimonio, etc., constituyen actitudes reprochables, si fuésemos más honestos y cumplidos respetando y acatando las normas y las leyes, tendríamos sin duda mejores niveles de convivencia en el barrio, en el hogar, en el trabajo y en otros espacios. Sin embargo, pensar que el esfuerzo principal del gobierno se debe orientar a combatir las infracciones derivadas de comportamientos no cívicos, a través de métodos pedagógicos es un despropósito pues significa que podemos colocar en la misma mesa y en el mismo plan conductas ilegales y dolosas de orden menor con crímenes de sangre ejecutados por grupos al margen de la ley que giran alrededor del negocio del narcotráfico o por grupos que depositan en el terror toda esperanza de cambio social. Un dilema real es ¿cómo enfrentar a los grupos violentos, con métodos pedagógicos y dilemas morales o con la acción legítima de la fuerza pública? O ¿qué es más letal y dañino: una masacre o robarse una hostia?

         Contra toda evidencia, el discurso mockusiano pretende hacernos creer que la acción represiva, con las armas, por parte del estado y de su fuerza pública contra delitos de sangre no sería lo más recomendable. Lo recomendable según Mockus es que el gobierno adelante programas masivos de corte pedagógico para que las gentes se convenzan por vía racional y razonada que es mejor ser buen ciudadano que mal ciudadano, que es tan grave robarse una hostia consagrada que una sin consagrar, que debemos respetar la fila, que debemos pagar exigiendo la factura así nos cueste un poco más. El discurso se torna muy atractivo porque va dirigido a un fenómeno  real. Es inobjetable que los colombianos le hacemos esguinces a la ley muy a menudo y en muchos aspectos de la vida común. Y nos parece bien que se tomen medidas correctivas al respecto. Pero, de ahí a pensar que la violencia que nos azota desde hace varias décadas, que el gobierno de Uribe con la Seguridad Democrática ha reducido de 35 mil a 15 o 16 mil homicidios por año, se puede encarar con educación cívica, hay una diferencia enorme. Es creer que los violentos antes de organizar una emboscada o secuestrar personas enfrentan un drama moral.

         Algunos estudiosos de los problemas del país, como el economista Luis Jorge Garay, consideran que los colombianos vivimos regidos por una cultura mafiosa. Desde fines de los años noventa se dio por aceptada esta hipótesis que nos remite a una culpa colectiva, a pensar que las mafias, las guerrillas, los paramilitares y los sectores descompuestos de la fuerza pública, actúan como actúan porque la enferma sociedad colombiana así lo determina. Pregonan entonces una gran cruzada educativa para que al cabo de una o varias generaciones nos rijamos por valores de honestidad y transparencia y algunos sostienen que es inútil el uso de la fuerza legítima del Estado  para derrotar a los grupos violentos sin acometer reformas estructurales. Consideran que se puede evitar el auge del crimen impulsando tesis románticas como “educad al niño para que el adulto no sea un delincuente”. Así, ni el narcotráfico ni la corrupción ni la ambición ni la codicia ni la existencia de proyectos utópicos de corte mesiánico y dañinos tienen algo que ver en el surgimiento de grupos que medran alrededor de jugosas rentas ilegales y que buscan imposibles paraísos terrenales.

         Contra la teoría determinista de los marxistas que siempre han pensado la violencia colombiana como producto de las injusticias sociales, los mockusianos derivan hacia el terreno del voluntarismo pensando que el quid del asunto está en la falta de observancia de las normas de cortesía, en la ausencia de una buena educación y que es ahí donde se incuba la violencia mayor. Del dogma “sin justicia social no habrá paz” pasamos al paradigma “sin educación no habrá paz”, que de modo irremediable conduce a la idea de que no podemos, como pueblo y como sociedad vivir seguros, ser tolerantes, vivir en democracia y respetar los valores esenciales. Claro que hay que invertir más en proyectos de justicia social, claro que se justifica hacer una tarea educativa de largo aliento para que por vía de la convicción respetemos la ley. Pero, no podemos descuidar la pertinencia y la justeza del uso de políticas represivas frente a los grupos criminales ni dejar de pensar que sin seguridad quedamos desarmados y a merced de los violentos y los terroristas. Es un sofisma contraponer la “seguridad democrática” con la “legalidad democrática” o contraponer una política con otra como si la primera fuese inadecuada e inconveniente.

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© Darío Acevedo Carmona para Informe Uruguay

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