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Año V Nro. 360 - Uruguay, 16 de octubre del 2009
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Hemos denunciado en los últimos tiempos graves irregularidades y el flagrante descontrol que sume a la intendencia de Montevideo en el caos que advierte la población cada vez más castigada en materia impositiva y cada vez más menospreciada en cuanto a la atención a los servicios esenciales por los que paga y que debe prestar cualquier municipio. Ejemplos sobran y aparecen con total claridad en la última rendición de cuentas. Baste con saber que se mantiene un déficit estructural de U$S 90 millones, que el endeudamiento financiero es del U$S16 millones y todo eso además con la “ayudita” del gobierno nacional, que durante el año 2008 transfirió a la intendencia de Montevideo la friolera de U$S 30 millones. De hecho sin esos 30, hoy el déficit sería de U$S120 millones. La presión impositiva sobre cada ciudadano ha subido un 81% en valores constantes desde que gobierna el FA en Montevideo. De U$S 431 anuales por hogar se pasó hasta fines de 2008 a U$S 779 y si los aplicamos a cada montevideano que pagaba en promedio U$S 133 en tributos en 1990, hoy paga U$S Se han cobrado en el 2008, U$S 10 millones más por contribución inmobiliaria lo que deja en claro que la reforma catastral que aplicaron no tenía como fin “que pague más el que tiene más y menos el que tiene menos” sino que lo realmente buscado era lisa y llanamente el aumento de la recaudación. Que seguirá aumentando, según lo previsto, “gradualmente”. Y nadie duda que sigue el éxodo de los automóviles hacia otros departamentos porque la patente en Montevideo es, comprobadamente, una de las más caras del mundo. El Sr. Secretario general de la común, Alejandro Zavala dice que miento, “que la presión tributaria no ha aumentado y que ha bajado la patente” Que lo demuestre. Con números no con palabras y que no le mienta más a la gente que siente en cada bolsillo que paga más y recibe menos. ¿Olvida el Sr. Secretario además de la contribución y la patente, la imposición de la tarifa de saneamiento con un valor mucho más elevado que lo necesario, que no se destina a un efectivo mantenimiento de las obras ya hechas y para cuya implantación a la que nos opusimos los colorados contó con el apoyo del Partido Nacional quien solicitaba como contrapartida para ese apoyo en el año 2000 el saneamiento del Casabó, que todavía no se hizo? Tan sencilla como esa cuenta es la que deja de manifiesto la sobrefacturación o la sobreentrega con respecto a la Cooperativa Victoria. Cooperativa que sabido es, tiene sus orígenes en gente que milita en el FA, como la ex diputada y hoy Directora del Instituto de la Familia, Sra. Carmen Beramendi, y que recibiendo una y otra vez donaciones modales observadas por el Tribunal de Cuentas y luego de ser “convenientemente asesorada”, como lo dijo el propio director de Recursos Humanos Pablo Anzalone, ganó por fin una licitación. Por esa licitación cobra sólo por un contrato, (tiene varios), $ 830.900 por mes en tanto paga a los empleados $ 452.518. ¿Dónde va el resto de la plata? ¿Es que la intendencia permite que la parte del león se la lleven unos pocos a expensas del resto de los trabajadores? ¿Es ese el ideal cooperativo que tanto defienden? ¿Estamos ante un Clanider municipal? ¿U otra Sabid, como la que sobrefacturaba el mantenimiento de los slots en Casinos? Lo cierto es que ante estas denuncias que formuláramos en la sesión correspondiente en la Junta Departamental ni uno solo de los ediles del F.A. defendió la gestión del intendente Erhlich. Hoy quieren confundir presentando certificados de pagos al BPS que provienen de este y otros contratos que tiene la cooperativa con la IMM, casi todos observados por el Tribunal de Cuentas que van desde la limpieza de la guardería municipal hasta Museos, Casas de la Cultura, TV Ciudad, etc. Claramente se puede inferir de las resoluciones municipales que estos recibos también contienen deudas atrasadas de la cooperativa con BPS, etc. Es tal el favoritismo por esta cooperativa políticamente afín al gobierno municipal, que le pagaron durante 10 meses en 2008 sin convenio habilitante, el que demoró en aprobarse por no presentar en tiempo las rendiciones de cuentas correspondientes al convenio original (1º de enero al 31 de diciembre de 2006) y de su prórroga ( 1º de enero al 31 de diciembre de 2007), rendición que deberían haber presentado mes a mes. Pero seguían cobrando. Esperamos la presentación de todos los documentos en la Comisión de Hacienda de la Junta que confirmarán como el Frente Amplio, tan exigente en cuanto a los destinos de los dineros fiscales en otros organismos, sometido a auditorías externas luego de su gestión, no resistiría en uno solo, como no resiste ante el Tribunal de Cuentas a quien, al igual que a la Junta Departamental, oculta información. ¿Quién miente entonces? © Cristina Ferro
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