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Año V Nro. 360 - Uruguay, 16 de octubre del 2009
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Días pasados el Ministerio del Interior reconoció haber incorporado unos 24 funcionarios en condiciones irregulares. La confesión del Ministro Bruni surge como consecuencia de la preocupación del diputado Pablo Abdala y no hace otra cosa que confirmar otras irregularidades cometidas por la Administración. La noticia en cuestión admite por lo menos tres órdenes de consideraciones. Unas tienen, naturalmente, relación con el hecho de que un conjunto de ciudadanos pasaron a revestir en los cuadros del Ministerio del Interior sin cumplir los requisitos exigidos para el ingreso a la Institución, ni como así tampoco, al menos en varios casos, las instancias de capacitación y adiestramiento normales. En segundo lugar, los ingresos referidos recayeron -a estar por la información que fuera difundida- en personas vinculadas por distintos grados de parentesco con jerarcas ministeriales. Hasta aquí sería posible afirmar que estamos ante una irregularidad más, que se suma, por ejemplo, a la que también reconociera con hidalguía el Ministro Bruni, consistente en la operación de maquillaje de las cifras de los delitos de rapiña y hurto. No obstante, existe un tercer orden de reflexiones directamente relacionadas con las tareas a que los ingresados en el Ministerio estaban destinados. Las mismas eran en extremo delicadas y peligrosas, ya que se trataba del servicio de escuchas telefónicas. Como es de conocimiento, el Ministerio del Interior a requerimiento de la autoridad judicial tiene la potestad de interceptar las comunicaciones de los ciudadanos. Es claro que una actividad que conlleva la violación de la intimidad de las personas no puede recaer en manos inescrupulosas. Y es por eso mismo que no parece razonable que se empleen personas ingresadas "por la ventana" y vinculadas además con los jerarcas para desarrollar tareas tan delicadas. El Estado debe ser muy cuidadoso en velar por la libertad e intimidad de las personas; tornándose cada vez más imperiosa la necesidad de un instrumento legal que fije pautas claras de acción y contralor de los órganos estatales relacionados con las actividades de Inteligencia. Debe tenerse claro que la accesibilidad a las tecnologías tanto por parte de los ciudadanos como por la organización estatal, ambienta su utilización en forma ilegal e inescrupulosa. En esa dirección, tomamos contacto con la noticia de que se detectó en Antel la interceptación de comunicaciones de teléfonos celulares así como el cruzamiento de llamadas sin que mediara el necesario mandato judicial; engrosando, de esta manera, el cúmulo de sombras y misterios que rodea la actuación de los sucesivos directorios del Ente y que lo ha convertido en una verdadera Caja de Pandora. A modo de conclusión puede señalarse que, por una parte, el Ministerio del Interior debería continuar informando al Parlamento de los entretelones y verdadero alcance de estos acontecimientos. Y, por otra parte, no está de más reiterar que, si bien en lo inmediato la responsabilidad recae y es asumida por los jerarcas policiales, existe también responsabilidad política, aunque no haya sido este ministro precisamente, quien diera las correspondientes instrucciones. Sería muy saludable conocer a los responsables. "El Estado debe ser muy cuidadoso en velar por la libertad e intimidad de las personas". Y no parece que lo haya sido. © Gustavo Penadés
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