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Año V Nro. 360 - Uruguay, 16 de octubre del 2009
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“Mujica repitió más de diez veces la palabra “seguridad” ante los empresarios argentinos”, informó Búsqueda en su edición del pasado 8 de Octubre. La crónica se refería a una reunión que mantuvo el candidato frentista el miércoles 7 de este mes, en el Hotel Alvear de Buenos Aires, con un centenar de líderes empresariales del vecino país. Según Búsqueda Mujica afirmó que el capital es “imprescindible” y “huidizo”, y que “lucha por reproducirse”; por ello, siguió diciendo el candidato, “precisa seguridad jurídica”, “seguridad política”, “seguridad financiera” y “seguridad social”, entre otras formas de seguridad. Tras anunciar que su gobierno mantendrá la línea económica del actual y alabar la gestión cumplida por Astori al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, Mujica exaltó la importancia de la seguridad jurídica y la independencia de los jueces. “Nadie influye en la Justicia uruguaya”, [la Justicia] “es un honor para el país” y “en el Uruguay hay efectivamente independencia de poderes”, afirmó categóricamente el candidato tricolor (quien evidentemente revisó la opinión que acerca de la Justicia había expuesto unos meses antes, en el libro Pepe Coloquios). Imposible no coincidir con Mujica, en el reconocimiento de la importancia que tiene la seguridad. A lo sumo, cabría agregar a lo dicho por él (que estaba dirigiéndose a un público de empresarios) que no hay persona ni familia ni grupo de la sociedad que no necesite saber dónde está parado, a qué atenerse, cuáles son sus derechos y obligaciones y qué puede esperar (o temer) del día de mañana. No por casualidad el derecho a la seguridad es un derecho humano fundamental, proclamado por la Revolución Francesa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y las sucesivas constituciones uruguayas que han regido desde 1830 hasta nuestros días. Como bien dice Mujica, hay distintos tipos de seguridad (física, jurídica, económica, etc.), porque la seguridad no es un fin por sí misma sino un instrumento al servicio de los bienes sustanciales, que son varios: la vida, la libertad, el honor, el trabajo, la propiedad, etc. Para gozar cabalmente de esos bienes necesitamos la certeza –hasta donde hay certezas en la vida de los hombres- que no nos serán arrebatados en cualquier momento ni por cualquiera, ya sea el ladrón que quiera despojarnos de nuestra propiedad, o el Estado que atente contra nuestra libertad. Lamentablemente, el discurso tranquilizador que el candidato frentista pronunció ante los empresarios argentinos, no está respaldado por su conducta reciente. En efecto, hace pocos meses Mujica sumó su firma a la propuesta de modificar la Constitución para anular la Ley de Caducidad, y anunció que votará en ese sentido. La Ley de Caducidad, sancionada por el Parlamento en 1986 y ratificada por el pueblo en 1989, otorgó una amnistía a militares y policías por los delitos cometidos durante la dictadura. Esa amnistía ha tenido valor y fuerza de ley en el Uruguay durante 23 años. Anularla ahora implicaría quitarles, a quienes se beneficiaron con ella, algo de lo que gozaron durante casi un cuarto de siglo. Por una decisión política –la del pueblo, si es que vota por anular la ley- renacería una responsabilidad penal extinguida hace 23 años. En la historia del Uruguay democrático, no conozco antecedentes de un atentado tan grave contra la seguridad en el goce de la libertad personal. Si las amnistías, los sobreseimientos, las gracias y demás institutos de los llamados “de clemencia soberana”, son revocables por actos de voluntad política, entonces la libertad de las personas no depende de las leyes ni de los jueces, sino de las siempre efímeras y volátiles mayorías. En estas condiciones, ¿de qué seguridad hablamos? Allá los empresarios argentinos, si se quedan tranquilos con el discurso de Mujica. Yo lamento no compartir esa tranquilidad. © Ope Pasquet para Informe Uruguay
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