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Información, Opinión, Ideología y Manipulación
por Malú Kikuchi
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Se supone que el periodismo, más allá de lo que se considera “políticamente correcto”, que varía según los tiempos, tiene una primera e irrenunciable obligación para con el público: contar la verdad. Y esa verdad debe ser constatada a través de distintas fuentes.
Se supone que el periodismo, que es esencial en la conformación de la opinión pública, debe informar. Informar a través de las noticias, y las noticias son el relato de los hechos tal cual estos han sucedido.
La noticia es el relato de un hecho, y éste no puede ser tergiversado. Luego de narrado el hecho, se puede opinar sobre el mismo, pero información y opinión son muy diferentes entre sí, la primera ha de ser absolutamente objetiva, inmutable y veraz; la opinión es totalmente subjetiva y depende de aquel que la sustenta.
La batalla de San Lorenzo en su tiempo, fue una noticia. El hecho se resume así: el 3 de febrero de 1813, en la zona de la posta de San Lorenzo, a 26 km. de Rosario, Santa Fe, 125 hombres del Regimiento de Granaderos a caballo, dirigidos por el Coronel José de San Martín, se enfrentaron a 250 realistas al mando del Capitán Antonio de Zabala.
Fue al amanecer, a orillas del Paraná, en las cercanías del convento de San Carlos y triunfaron los patriotas. Fue el bautismo de fuego de los granaderos. Datos basados en la carta enviada por San Martín al Superior Gobierno el 3/02/1813. Esa es la noticia.
Sobre la noticia pueden existir opiniones diversas, todas ellas válidas, ya que la libertad de opinión está debidamente consagrada en la Constitución Nacional, artículo 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos: […] de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”.
Se puede opinar que la batalla de San Lorenzo fue fundamental para la independencia del continente, o se puede opinar que fue sólo un combate (intervinieron muy pocos hombres) sin importancia, y que se lo magnifica porque fue el único que libró San Martín en territorio nacional. Se puede opinar que fue una escaramuza o el puntapié inicial de la gesta sanmartiniana. Todo es materia opinable. Pero los hechos, son lo que son, y no se pueden ni se deben tergiversar.
No se puede sostener que el combate de San Lorenzo no existió; no se puede poner en duda quienes fueron sus protagonistas; no se puede sostener que San Martín era general cuando todavía era coronel; no puede situarse San Lorenzo en la provincia de Buenos Aires, ni puede alterarse la fecha. Hechos, son hechos.
Opinar sobre cualquier juicio en curso, es un atrevimiento, en particular si no se tiene acceso al expediente. Al no ser parte ni de la acusación ni de la defensa, opinar sobre un juicio donde los jueces todavía no se han expedido, además de osado es cuestionable. La opinión, cualesquiera que ésta sea, presiona y de alguna manera, influencia a los que deben juzgar.
¿Y cómo se puede juzgar a alguien con equidad, si previo al comienzo del juicio, algunos periodistas y demasiados medios, descalifican al que debe ser juzgado, faltando a la verdad sobre hechos perfectamente comprobables si se hubieran dado el trabajo de buscar los datos pertinentes?
En el caso del juicio contra el General RE Jorge Olivera Róvere, incluido en la mega causa del Primer Cuerpo de Ejército, se lee en el diario Crítica, firmado por Martina Noailles del 7/02/09: “Acusado de 116 secuestros y 4 homicidios”, “Olivera Róvere, 2º jefe del Primer Cuerpo, a cargo de todos los centros clandestinos de detención”. 2º jefe ¿y a cargo?
Se lee en Ámbito Financiero, 10/02/09, “el represor (Olivera Róvere) acusado de supuestos delitos de lesa humanidad”; no cierra. Si es represor ha cometido delitos de lesa humanidad; si los delitos sólo se suponen y no han sido comprobados, no puede ser calificado de represor.
La Nación, 11/02/09, “el ex general”, no es ex, es general en retiro efectivo y la diferencia es importante; “condenado”, nunca fue condenado, fue sobreseído.
Olivera Róvera fue 2º Jefe del Primer Cuerpo de Ejército desde el 17/02/1976, hasta el 30/12/1976. Luego pasó a la Secretaría General del Comando en Jefe del Ejército, sin tropa a su cargo, y obtuvo el retiro en diciembre de 1977. Esos son hechos. Las acusaciones deben ser probadas más allá de toda duda razonable. Hasta entonces, calificar, y tergiversar información, sólo ayuda a confundir a la opinión pública y presiona al poder judicial.
Camilo José Cela, inmenso escritor español, premio Nóbel de literatura, y gran periodista, sostenía que: “un periodista tiene la obligación de informar, la posibilidad de opinar y la prohibición absoluta de juzgar”.
Cela ha muerto. En Argentina, el periodismo políticamente correcto, juzga antes que se expidan los jueces, opina con todo derecho, y desinforma por ideología o por omisión. El resultado es lamentable.
¿Cómo saber con certeza si el acusado es culpable o inocente, si el prejuicio, en el real sentido de la palabra, “juicio previo al juicio”, ya ha hecho su insidioso trabajo desde los medios? Si desde el poder la ideología influencia la opinión de los medios, se termina manipulando la información. Lo que predispone adversa opinión pública.
Cuando al prejuicio (“todos los militares han sido represores”), se le suma información no verificada (por lo tanto errónea) y se la mezcla con opinión, sin diferenciar la una de la otra, el resultado es un combo difícil de digerir. El tema no es la posible indigestión de los receptores de la “noticia”, que no es tal, el tema es que se juega irresponsablemente con el honor y la libertad de las personas. Y eso no sólo es injusto, sino que además, es grave para la república.
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