En una nación dominada por la mentalidad de asedio, el miedo puede ser más poderoso que la razón.

En EE.UU., Es una Batalla entre Seguridad y Libertad
Por Javier Sierra
Especial para www.libertad-prensa.org
21 noviembre 2001

Washington, EE.UU., 20 de Noviembre, 2001 - En Estados Unidos el duelo entre libertades y seguridad no tiene color.

La amenaza terrorista ha dado a la mayoría del pueblo norteamericano y a su gobierno razones suficientes para restringir, en algunos casos de manera histórica, las libertades por las que este país se ha distinguido desde su creación.

En las dos últimas semanas, "The Bill of Rights", la Declaración de Derechos, uno de los documentos capitales en el avance histórico de las sociedades civiles, ha sufrido un ataque concertado.

El ejemplo más reciente es la orden ejecutiva firmada por el Presidente George W. Bush el 13 de noviembre, la cual le otorga plenos poderes para juzgar y posiblemente ejecutar a extranjeros sospechosos de terrorismo. Si así lo desea Bush, tribunales militares secretos juzgarán a los acusados, y sus sentencias serán finales sin derecho a apelación alguna.

"En lugar de juicios justos y el debido proceso, [Bush] ha instaurado un sistema burdo y sin trabas que admiraría cualquier dictador", reaccionó indignado The New York Times. "La decisión es un insulto al delicado equilibrio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que los próceres instituyeron en la Constitución".

El Los Angeles Times declaró que la decisión de Bush disfraza al sistema judicial estadounidense con una burqa, la túnica islámica que cubre por completo el cuerpo de las mujeres.

Bush, sin embargo, respondió diciendo que su decisión es absolutamente correcta.

"Debo tener esta opción extraordinaria al alcance de la mano", indicó el presidente. "Debo tener esta opción disponible en caso de que capturemos vivos a miembros de Al Qaeda. Necesitamos tribunales militares para proteger nuestro interés nacional, nuestra seguridad nacional".

Pero la prensa nacional sigue echándose las manos a la cabeza, y uno de sus comentaristas más conservadores, el columnista del New York Times William Safire, dijo que "el presidente de Estados Unidos acaba de asumir poderes dictatoriales para juzgar y ejecutar a extranjeros".

Anteriormente, el Procurador General de la Nación John Ashcroft había emitido otra orden restrictiva, la cual prácticamente acaba con la Sexta Enmienda a la Constitución, la cual garantiza una defensa efectiva para cualquier acusado.

Ashcroft autorizó a que la policía pueda escuchar las conversaciones entre el sospechoso y su abogado, si el gobierno, y no el juez, determina que dicho abogado puede estar ayudando a su cliente en su actividad criminal.

The Washington Post advirtió que lo que ha creado Ashcroft es "una regla que ataca los fundamentos básicos del sistema judicial", lo cual está debilitando la confianza del público en su procurador general.

Sin embargo, el público de este país no parece estar ofendido por la pérdida de libertades. Al contrario, el 85% de los estadounidenses, muchos de ellos declarándose "asediados", apoyan a su presidente en su batalla contra el terrorismo aquí y en el extranjero. Existe un clamor por parte de estadounidenses opuestos a las acciones de la administración, pero por ahora son un número limitado.

No es de extrañar entonces que la indignación de la prensa caiga en saco roto cuando se lamenta de la falta de transparencia por parte del gobierno. El Departamento de Justicia, por ejemplo, se ha negado a dar información sobre las más de 11.000 personas que ha arrestado desde que comenzó su campaña antiterrorista el 11 de septiembre.

Incluso los medios más influyentes del país, las cadenas de televisión, han aceptado ser participantes activos de la guerra contra el terror. A instancias de la Casa Blanca, las televisoras nacionales accedieron a no emitir los mensajes grabados de Osama bin Laden, aparentemente convencidas de que estos mensajes puedan contener "palabras codificadas" destinadas a terroristas escondidos en Estados Unidos.

El periodista Peter Arnett -un ex reportero de CNN, cuya cobertura de la Guerra del Golfo desde la capital iraquí le valió fama mundial- criticó duramente haber accedido a las presiones de la Casa Blanca.

"Los medios deberían haber dicho: 'nosotros tomamos las decisiones'", indicó Arnett al periódico austriaco Starndard de Viena. "Pero prácticamente ya no vemos a bin Laden. Eso es autocensura".

Esa falta de transparencia oficial va más allá de la guerra contra el terror. En otra controvertida decisión, Bush prácticamente anuló la Ley de Archivos Presidenciales de 1978, la cual dicta que los documentos de cualquier presidente se hagan públicos después de no más de 12 años de abandonar la Casa Blanca. La nueva orden ahora indica que el actual presidente o el mandatario en cuestión tiene la potestad de revisar cualquier documento por tiempo ilimitado antes de hacerlo público.

Esta mentalidad de asedio que domina el debate público, ha convertido a la disidencia en una arriesgada actividad entre los periodistas y académicos del país.

Y las armas de censura que más impacto están adquiriendo son los comentaristas que comparan el cuestionamiento de las acciones del gobierno con insultos contra la patria e incluso la traición. Los ejemplos abundan, como el cómico político Bill Maher, la comentarista conservadora Ann Coulter, o los columnistas de medios más modestos como Tom Gutting y Dan Guthrie.

A la congresista Barbara Lee, la única representante que se opuso a la recientemente aprobada ley antiterrorista, se le ha asignado protección policial después de recibir numerosas amenazas de muerte. También lleva escolta oficial el representante Marty Meehan, después de cuestionar si el avión presidencial estuvo realmente en peligro el 11 de septiembre obligando a Bush a regresar a Washington varias horas después de los ataques.

Y finalmente, los medios académicos, quizá el sector donde se ha criticado más abiertamente la guerra contra el terrorismo, tampoco escapa de la ortodoxia oficial. La esposa del Vicepresidente Dick Cheney, Lynne Cheney, y su grupo American Council of Trustees and Alumni (Consejo Americano de Fiduciarios y Ex Alumnos) han abierto un frente contra los "radicales" del mundo universitario estadounidense.

En un reciente y controvertido informe, el grupo acusa al mundo académico de ser "el eslabón débil" de la respuesta de Estados Unidos contra los ataques terroristas. El estudio nombra a 40 catedráticos críticos de la opinión pública norteamericana, diciendo, "Hemos aprendido de la historia que los intelectuales de una nación no están dispuestos a defender a su civilización y asisten a sus adversarios".

Efectivamente, las palabras del portavoz de la Casa Blanca Ari Fleischer poco después de los ataques, "Deben tener cuidado con lo que dicen", han resultado ser proféticas.

Los periodistas de democracias emergentes de todo el mundo quizá deberían considerar la experiencia estadounidense como prueba de que la batalla por la libertad de expresión y de prensa nunca termina.

Javier Sierra es el editor de www.libertad-prensa.org


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