Gremialismo despótico
por Aquiles Diggo
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Estamos viviendo una crisis económica mundial. Hoy más que nunca es necesario trabajar sin pausa, por nuestro interés y el de nuestro país.
Por lo tanto es obvio que todo trastorno provocado por minorías que atenten contra el desarrollo normal de la actividad laboral, debe ser seriamente estudiado y controlado y si es necesario, evitado.
Uruguay, con este gobierno, restableció plenamente el derecho gremial del trabajador.
Se le devolvieron a la clase trabajadora, los instrumentos o armas legales, de las que ya había hecho uso y abuso durante los gobiernos constitucionales anteriores al Gobierno de Facto.
Recobraron entonces, los Consejos de Salarios y otras prerrogativas con respecto a los derechos de Huelga y ocupación de locales de trabajo.
Y empezó el uso de esos instrumentos o armas que la agrupación sindical había recuperado. Y se hicieron de una Reglamentación que deja resquicios que permiten abusar, indiscriminada e inconsultamente, de los legales derechos que el pueblo les admite.
Y nos atiborraron reclamos, con paros, huelgas y cuanta ocupación se les viniera al canto. ¡Llegaron al colmo, si mal no recuerdo, de que tres o cuatro individuos, ocuparan una estación de servicio!
¡Me imagino, a más de una doméstica, o sereno, pensando recurrir a una ocupación de domicilio o local, por algún reclamo!
Y paralizaron cuantas veces quisieron, lo que quisieron y cuando quisieron.
Y ocuparon, cientos de locales, con el impotente y temeroso consentimiento de los gobernantes.
¡Cómo no lo van a consentir, si hasta el día de hoy, han consentido descaradamente la delincuencia!
Y el país, ha sufrido resignadamente esos inmerecidos apremios, con o sin anuncio, sometiéndose resignadamente a perder jornales, cuando no el derecho a la atención médica o a trasladarse normalmente, para sus necesidades normales.
El orden, ya resquebrajado por el aumento desmesurado de la delincuencia, se fue volviendo un caos total.
Como, en tanto, y aunque el Gobierno lo niegue, la inflación, fue mordisqueando los sueldos, con tarascones cada vez más grandes, ocurrió que como era lógico, los incrementos obtenidos por los consejos de salarios, sumados a la constantemente vertiginosa subida del petróleo, hiciera que a pesar de las mejores mordidas, los bocados fueron menores. Pero, aparte de ello, también surgieron reclamos inadmisibles, que plasmaron en tozudos y empecinados paros.
El gobierno, incapaz de solucionar el problema, como siempre, lo empeoró, gravando exhaustivamente al trabajo (I.R.P.F.) en aras de una promocionada y electorera, gestión de auxilio o como la llamaron ellos: asistencia (limosna), a los más necesitados.
En tren de conquistas, y engolosinados por el poder que se les había concedido, las fuerzas sindicales, ahora divididas, se lanzaron frenéticas en una campaña de reclamos, que llenaron las páginas de diarios y noticiosos radiales y televisivos, compitiendo cabeza a cabeza con las noticias de delitos cada vez más numerosos y sangrientos.
Así, y sin ninguna clase de consideración, el pueblo, sin comerla ni beberla, está siendo sometido a la tortura de lo inesperado, a la pérdida de jornales, a falta de atención medica, de servicios esenciales, como la locomoción, etc., obligando a la mayoría a largas e inútiles esperas, carencia de alimentos y todo lo que debió sufrir, no solo por las incomodidades, sino por lo caro y peligroso que resultan esos paros, huelgas u ocupaciones de locales.
El pueblo como siempre, es el secuestrado rehén, que estos nuevos guerrilleros torturan, cada vez que se les antoja.
Nuestro gobierno, lo constituyen tres Poderes: El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
¡EL SINDICAL NO ES UN CUARTO PODER!
Es un grupo organizado, como lo es la Policía, El Ejército, Los Bomberos.
Nadie, cuando se refiere a ellos, se le ocurre decir: el Poder Militar, ni el Poder Policial o el Poder de Bomberos.
Y como estos tienen sus derechos obligaciones fijadas por TODO el pueblo, en una Reglamentación concreta, debieran también los grupos sindicales aislados o agrupados tener asimismo sus derechos y sus respectivas limitaciones, como las tienen esos grupos de servicio organizados.
De esto surge algo que se cae por su propio peso: El pueblo debe ser quien limite esos poderes. Sería ridículo que la propia policía o el Ejército decidiera, si puede o no usar las armas arbitrariamente.
Los sindicatos tampoco pueden establecer sus propios derechos o sus propias limitaciones.
Es más. Ningún grupo organizado debe tener, jamás, el poder de obstaculizar la paz y el orden que requiere una sociedad, la que integra todo el PUEBLO sin su autorización. Ningún poder o grupo, prevalecerá, de entre todos obstaculizando el accionar de los demás. Otra cosa sería tan arbitraria como un Gobierno de Facto, o Dictadura. Es, en este momento, lo que nos imponen los sindicatos con su incruento trastornar de la normal actividad de la población. Es por lo tanto llegada la hora de pensar en ello.
¿Es admisible, que un grupo minoritario de personas sea el que sea, enfrente hasta al propio gobierno y superen su poder?
Es necesaria una reglamentación COMPLETA dictada por el legislador y refrendada por el pueblo. QUE LIMITE, POR SÍ MISMA, LOS EXCESOS DE PODER EXTORSIVO DE LOS SINDICATOS. En la actual, el gobierno es el encargado de resolver, pero este gobierno es impotente y anodino.
Si la reglamentación actual no contempla esa importante situación, debe ser revisada más profundamente por TODO el país.
Porque al ser la Democracia el sistema en que el pueblo es quien gobierna, por encima de temporales representantes, como lo son los que indistintamente integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es al Pueblo, a quien le compete decidir, en definitiva cuales son los derechos y limitaciones de este grupo. Todos deben ser conscientes de sus derechos y obligaciones.
No pueden ser los propios sindicatos quienes lo determinen Como no se auto determinan los otros grupos organizados.
No puede ser el Poder Legislativo, pues, aunque debiera representar en cada uno de sus integrantes la voz del pueblo, representa la de su Partido Político. ¡No sería imparcial!
No puede ser el Poder Judicial. No hay nada jurídico en juego. ¡Tampoco tendría la opinión del pueblo!
Tampoco puede ser el Poder Ejecutivo, que es quien actualmente determina, si una ocupación, o una huelga o paro, es permitida o no. No sería imparcial.
CONSULTAR AL PUEBLO NO ES IMPOSIBLE
Se me ocurre a mí, por ejemplo, que la Corte Electoral, podría ser la encargada de consultar al pueblo. Las consultas serian locales o nacionales, dependiendo de la localización del conflicto.
No serian necesarios plebiscitos ni mas arbitrios que los de programar el voto electrónico al cual podría acceder el público en general, incluso los que no posean computadora, por unos módicos pesos, en cualquier cyber, para expresar su conformidad o disconformidad con el planteo de turno.
De la misma manera que los diarios y periódicos digitales de todo el mundo controlan que las opiniones de sus lectores registrados y autorizados opinen, recepcionar los pronunciamientos de todo ciudadano, mayor de 18 años.
Sé que es difícil, ¡pero no imposible! De la misma forma se podrían consultar en poco tiempo, y con un organismo fiable, la voluntad de la población.
Otra forma, más sencilla, pero menos contemplativa de la voluntad del pueblo, rehén involuntario, la que ha sido siempre rechazada por el gremialismo, es la de hacer una consulta, por medio del VOTO SECRETO y no el habitual de mano alzada, de los propios sindicalistas interesados, en un acto sin alocución previa, controlado por la Corte Electoral.
Es imperfecta, porque no contempla a la mayoría perjudicada, LA POBLACIÓN
Quizá haya otra manera, que se me escapa, ¡ojala! Pero de alguna forma es necesario actuar, ¡cuanto antes!
Sé que se buscarán obstáculos de toda índole, para lograr algo así, no en vano vamos estancándonos en la rutinaria tarea de no pensar. ¡Pero de ninguna manera, se puede seguir así, siendo rehenes involuntarios, de los muchas veces caprichosos, absurdos, e inoportunos, reclamos sindicales!
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Gentileza de: Uruguay Perdido |
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