Bolivia en flagrante retroceso por Horst Grebe

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         La pausa de cuatro días en la negociación que se lleva a cabo en Cochabamba entre el Gobierno y los prefectos opositores, ha sido aprovechada por el MAS para realizar un encuentro de la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM), donde se ha adoptado la decisión de volver a las movilizaciones sociales para forzar al Parlamento a aprobar la ley de convocatoria a un referéndum que apruebe la propuesta de nueva Constitución Política del Estado. En tal evento también se resolvió limitar la agenda del diálogo con los prefectos únicamente a dos temas: la distribución del impuesto sobre los hidrocarburos y el cambio de la propuesta constitucional exclusivamente en lo que se refiere a las autonomías departamentales.

         Tales decisiones representan un retroceso flagrante respecto de las posibilidades de que el conflicto político boliviano encuentre finalmente una salida negociada, con el aval de los observadores y mediadores extranjeros acordada por los países de UNASUR en su pronunciamiento de Santiago de Chile. Aunque sus primeros pasos hicieron evidente que ellos mismos precisaban observar los acontecimientos in situ para dotarse de una interpretación propia de la crisis boliviana, lo cierto es que se han convertido en un ingrediente fundamental de una solución negociada.

         Fue en efecto oportuna la intervención de los observadores extranjeros, porque logró suspender la marcha campesina que se dirigía hacia Santa Cruz. El argumento fue principista y debería convertirse en un precedente fundamental en el futuro, puesto que establece que las movilizaciones de masas y los bloqueos de caminos son un método abusivo que no propicia el despliegue de una negociación, que cuenta con su aval y los compromete en buena medida con sus procedimientos y resultados. El compromiso explícito de Evo Morales consistió en convocar a un diálogo efectivo con los prefectos, lo cual contradice por supuesto su intención de consumar sus victorias en las urnas con la derrota definitiva y la humillación precisamente de los prefectos opositores.

         Basta remitir a los sucesos fatales de Pando, la dictación del Estado de sitio, el apresamiento subsiguiente del Prefecto Leopoldo Fernández y la designación luego de un militar como Prefecto interino, para darse una idea de lo que pudo haber ocurrido también en otros departamentos. Pero la mediación internacional logró que los movimientos sociales (que el Gobierno declara no controlar cuando le conviene) suspendieran su marcha hacia la ciudad de Santa Cruz, pero asimismo que se dejara de presionar a los prefectos en Cochabamba para que se comprometan a viabilizar un evento plebiscitario de tipo ómnibus para el próximo 25 de enero. En efecto, en dicha fecha se elegirían prefectos de La Paz y Cochabamba, Subprefectos y consejeros departamentales de todos los departamentos, y se verificarían también en un único trámite el referéndum dirimitorio sobre la extensión máxima permitida para la propiedad agraria y el referéndum aprobatorio de la propuesta de nueva Constitución Política.

         Es acá donde se ponen de manifiesto las complejas asimetrías políticas y estratégicas de la crisis boliviana. En primer lugar, no son los prefectos los que pueden garantizar la aprobación de una ley en el Parlamento porque ninguno de ellos está representado directamente en el Senado. En segundo lugar, en el diálogo de Cochabamba los partidos políticos con representación parlamentaria son meros testigos de piedra, puesto que no se contempló su participación efectiva y vinculante en los compromisos avalados por UNASUR, lo que representa ciertamente un grueso error. Tercero, la capacidad de realizar campañas comunicacionales eficaces está fuertemente concentrada en el lado del oficialismo. Y, por último, en Bolivia no hay en estos momentos nada que se parezca a una oposición política coordinada, con objetivos precisos y con un mínimo de recursos organizacionales, pero por encima de todo, conducida por un liderazgo genuinamente democrático e inspirado en una visión nacional de largo alcance.

         La negociación que se ha desarrollado en Cochabamba ha mejorado en alguna medida con respecto a anteriores experiencias. Pero queda demostrado que la agenda pactada debe ampliarse a muchos temas constitucionales, sobre los cuales los prefectos carecen de competencia y representación. Ahora es evidente que colocar la cuestión de las autonomías en el centro de los debates ha sido una estratagema para frenar la aprobación de la propuesta constitucional del oficialismo. Y por eso mismo la agenda de negociación en Cochabamba no agota de manera alguna el catálogo de materias que requiere el pacto nacional capaz de lograr mínimas condiciones de pacificación en el país. Pero también está claro para los prefectos de la oposición, que no tienen posibilidad alguna de avanzar en la aplicación de sus estatutos de autonomía en sus departamentos respectivos, mientras no exista el marco constitucional que los viabilice.

         La perspectiva de una salida negociada de la crisis requiere necesariamente un acuerdo sobre los procedimiento de aprobación de la propuesta constitucional del MAS, pero se necesita asimismo un debate exhaustivo sobre los contenidos esenciales de dicha propuesta. La posibilidad de una reelección inmediata de Evo Morales, junto a la enorme concentración de poder que se contempla en dicho texto, no son temas secundarios. Se trata de cuestiones que, junto con otros elementos, modifican de raíz el marco democrático republicano en que mal que bien se ha desenvuelto el país hasta ahora. Las dificultades aumentan además en la medida en que no existe una definición comúnmente aceptada sobre el funcionamiento de la democracia, como se puede colegir de la redacción de los principales artículos del proyecto de Constitución Política del Estado del MAS.

         Las movilizaciones sociales buscan cerrar la discusión sobre el texto constitucional del MAS, salvo en lo que se refiere al tema de las autonomías departamentales. El país necesita, sin embargo, una discusión amplia de dicha propuesta. Entre los temas más relevantes habrá que mencionar entonces la reproducción y concentración del poder presidencial; la definición del Estado plurinacional con todas sus consecuencias en materia de organización de la representación política; la institución de una ciudadanía diferenciada a partir de derechos colectivos superiores a los derechos individuales; el pluralismo jurídico, y por último, los cambios profundos en el sistema de instituciones económicas.

         Estas materias deben ser objeto de una deliberación pública, antes de ser sometidas a una consulta popular de características decididamente asimétricas, como las que se han llevado a cabo en el pasado reciente, con las consecuencias conocidas. Importa por consiguiente que se prolonguen los plazos, se amplíen los temas de la negociación de Cochabamba y se cancelen las marchas que se preparan para cercar al Parlamento a mediados de octubre.

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