Otros son quienes tienen la culpa por Dr. Marcelo Gioscia Civitate

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         Desde que, hace ya más de tres años, por libre expresión de voluntad ciudadana, y por primera vez, llegara al gobierno de nuestro país el partido político denominado “Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría”, no han dejado de mencionar para justificar sus desaciertos, la “herencia maldita” que recibieron de los partidos tradicionales que antes que ellos, gobernaron el Uruguay.

         Si bien en algunos temas, la “historia” habría comenzado a escribirse con su llegada al gobierno, en muchos otros, han intentado vestir la desnudez de su inexperiencia con un maquillaje de propaganda, muy propio de regímenes autoritarios. Donde siempre es bueno individualizar a un culpable. Y si éste, se ubica fuera de nuestras filas, tanto mejor.

         Por cierto que, no se aceptan críticas ni razonamientos que provengan de quienes no integran el “gobierno progresista”. Las mayorías especiales que la Ley y la Constitución les han otorgado, las utilizan para frenar toda posible investigación que proponga la oposición. Cualquiera sea el tema que nos ocupe: llámese PLUNA S.A., las compras del Ministerio de Defensa Nacional o los vales de nafta para ediles que no tienen auto.

         Es así que, si analizamos las declaraciones de Ministros de Estado, legisladores nacionales o departamentales e Intendentes Municipales del Partido de gobierno, todas coinciden al considerar que no son sus políticas las causantes de los pedidos de informes de la oposición y de los reclamos de funcionarios y particulares, sino la “pesada” herencia que han tenido que “administrar”, tratando de disimular -sin éxito- sus propios errores.

         Pero lo cierto es que, no han sabido administrar con éxito, ni siquiera la bonanza económica financiera que les ha venido dada por factores ajenos a su gestión y que el “clientelismo” que antes denunciaban, se ha transformado en “idoneidad para la función”, sin que baje la plantilla de funcionarios y en consecuencia, siga en aumento el volumen de retribuciones a pagar.

         Son siempre otros los responsables, son otros quienes tienen la culpa de lo que ocurre en el tiempo de su gestión. ¿Cuándo asumirán sus propias responsabilidades?

         Pues, mientras la Ministra Tourné sigue hablando de “sensación térmica” como su antecesor, la inseguridad campea en cada rincón del país y ella busca justificar los índices de criminalidad en las injusticias sociales causadas por la aplicación -durante mucho tiempo- de  políticas sociales burguesas. La ministra Arismendi justifica sus planes asistenciales a los más carenciados, en los “nuevos paradigmas” de la distribución de la  riqueza, como si los planes de asistencia social hayan sido aplicados por primera vez desde su gobierno (que sí tiene el mérito de haberlo hecho desde un Ministerio creado a su medida, en efectivo y sin exigirles contraprestación alguna).

         Por su parte, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sigue recibiendo demandas de nulidad contra resoluciones dictadas por políticas persecutorias que viene llevando a cabo este gobierno, tanto a nivel nacional como municipal, contra funcionarios públicos, blancos y colorados. Y los Juzgados Civiles, han comenzado a expedirse en los reclamos  sometidos a su consideración, por quienes se han visto perjudicados, arbitrariamente, por el sólo hecho de pensar distinto al gobierno de turno.

         ¿Cuál es el fundamento de esta política?

         Quizás aplican esta política de justificación, para ir generando en el electorado inadvertido o desinformado, la idea de la “necesidad de repetir” este mal gobierno, al que llegaron con un buen porcentaje de votos “prestados” los que, dudan en poder mantener.

         ¿No advierten acaso que, sus explicaciones no pueden llegar a convencer a nadie?

         Y mucho menos, a los integrantes de la clase media uruguaya, que como nunca, se han visto a la vez, defraudados (no sólo quienes prestaron su voto) y castigados con mayores impuestos que, al fin de cuentas, se destinan no al “país productivo” que prometieron, ni a frenar la emigración, sino  a sostener un gasto público, que -en forma descarada- compromete seriamente el futuro de todos.

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