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Año V Nro. 285 - Uruguay,  09 de mayo del 2008   
 

 
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El nuevo fallo
por O.A.

 
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            Redactamos esta nota a partir de la noticia escueta y sin conocer ni siquiera en términos generales el fundamento del fallo por el cual la Suprema Corte de Justicia, con la incorporación de su nuevo miembro el Dr.Larrieux, cambia su criterio y declara constitucional el IRPF aplicado a las pasividades.  Tal como corresponde, este fallo merece el mismo respeto y acatamiento que los anteriores. Y no debe sorprender, puesto que en dichos casos ya había dos jueces que sostenían dicho criterio.

            Interesa ahora esbozar algunas de sus consecuencias. En primer lugar, se supone que el nuevo fallo se ha de haber basado en argumentos de fondo y que no se trata de un rechazo por motivos de defecto en la forma de presentar la demanda (en el primer supuesto, se declara la constitucionalidad, en el segundo, simplemente se rechazaría para ese caso la impugnación).  En segundo término, y contrariamente a lo que pueda haberse insinuado o supuesto, el nuevo fallo (al que por un simple razonamiento lógico y elemental, se llega por la opinión del nuevo ministro) no puede ser modificado para los casos pendientes de sentencia.  Es evidente que si apareciera ahora otro fallo suscripto también por el Dr.Larrieux y que declarase la inconstitucionalidad del impuesto en el caso, en adelante el resto de los pasivos que hasta el momento no hubiese planteado recurso se presentaría ahora con “el diario del lunes” o con el billete premiado ,bastándole repetir el escrito de los afortunados anteriores.  Por lo demás, parece claro que cada Ministro del cuerpo, al estudiar los expedientes, no resolverá solamente en base a los argumentos o razonamientos que hayan planteado los recurrentes (por vía de su abogado) ni  por el tenor literal de los petitorios, sino también y yo diría de modo fundamental, por lo que él mismo piense acerca del problema por otros argumentos o razonamientos.  De modo que si el Dr.Larrieux en el caso ya laudado opina de un modo, es imposible suponer que para otros casos opine lo contrario.

            En base a lo conocido, pues, y  concluido el proceso de resolución de todos los casos presentados hasta el momento, existirá un grupo de recursos acogido y otro grupo rechazado, o sea, un número de ciudadanos que no deberán seguir pagando el impuesto y otro número de ciudadanos que, hallándose exactamente en la misma situación, deberán continuar tributando.   Esta inconcebible y absurda situación NO debe en modo alguno atribuirse a defectos en el funcionamiento del Poder Judicial, el cual, de acuerdo a las normas vigentes y a la tradición jurídica de nuestro país, puede perfectamente fallar de distinta manera en distintos expedientes aunque el caso sea el mismo.   Y está en manos del Poder Legislativo, exclusivamente,  resolver el problema, por medio de una ley modificativa de la 18.803 que consagró la llamada “reforma tributaria”, con una finalidad de preservación de la lógica institucional, pues aquí no puede blandirse un criterio deportivo o de apariencia democrática, diciendo que hay una mayoría para este lado o para el otro, ni de expedientes ni de recurrentes.

            El caso se hace más complejo, si cabe, por el hecho de que en él, no se puede “inventar” una solución intermedia, transaccional, que lime las aristas más filosas y que contemple de algún modo las dos posiciones en pugna. Una disposición es constitucional o no, y no existen términos intermedios.  Para dar un ejemplo, no se podría disminuir la tasa del impuesto, cambiar las bandas, establecer deducciones previas, etc, porque aún así el impuesto seguiría siendo tan inconstitucional, o constitucional, como antes. La gente no lo impugnó porque se le cobrara mucho, sino porque sostiene que es contrario a la norma constitucional. Posiblemente si la tasa del impuesto fuese tan baja como era antes (un 1 ó un 2 por ciento) muchos de los pasivos no se tomarían el trabajo de presentar recursos ante la Corte, (como ocurrió antes de la reforma tributaria)  pero la situación seguiría siendo tan anómala como antes, y es evidente que el P.L. no debe dictar una ley sabiendo de antemano que en la opinión de una buena parte de la ciudadanía y de la propia Suprema Corte en varios expedientes, ella es inconstitucional.

            En nuestro concepto, pues, lo que corresponde es que sencillamente se derogue el impuesto a las pasividades. Lejos de constituir eso una derrota política, significaría para el partido de gobierno, mayoría absoluta en las Cámaras, una actitud honrosa y patriótica (si es que este último adjetivo puede usarse en materia tributaria....)

            Se ha demostrado ya que los ingresos que recibe el Estado por la vía del IRPF en la franja de las pasividades es de sólo relativa entidad en el conjunto. Las famosas políticas sociales del gobierno, que insumen mucho menos erogaciones que el mantenimiento de una estructura estatal obesa y excesiva, se podrán seguir desarrollando y financiando, y eso no lo dicen aventuradamente los ciudadanos sueltos, no lo decimos atrevidamente nosotros, sino que lo ha anunciado el Gobierno, cuando manifestó que en la Rendición de Cuentas que remitirá este mes al Parlamento, incrementará en 319 millones de dólares el gasto presupuestal para 2009 en consideración a que el crecimiento económico mayor que el esperado, y los menores pagos de intereses de deuda, habilitan a hacerlo, sin contar con que ese aumento sería adicional a la suba ya prevista en el plan quinquenal.  Tal es así, que se afirma poder llegar al tan prometido 4.5 % del PBI para la Enseñanza, cumpliendo así uno de los contenidos más notorios de la propaganda electoral, y satisfaciendo finalmente los históricos postulados de los gremios respectivos, aunque no deja de advertirse por parte de éstos que la inclusión en ese rubro de aspectos ajenos a los estrictos reclamos de los docentes (renta del fondo de solidaridad y de reconversión laboral, subsidios a menores discapacitados, plan Ceibal, etc) haría que la tasa destinada no fuera finalmente de dicha cifra.   

            La posición de la actual Administración jactándose de haber logrado un crecimiento económico estupendo y de contar con ingresos recaudatorios crecientes, pues, la inhabilita a llorar ahora por los relativamente pocos dólares que se extraen de los bolsillos de los pasivos, sean éstos viejos platudos o no tan viejos ni pudientes, mediante un artilugio tramposo como es el de servirles el aumento anual que la Constitución exige, por una lado, y extraérselo  por otro por la vía de aplicar un impuesto a la renta sobre una no-renta.

            Esa sería, en nuestro entender, y sin entrar ni al análisis de los argumentos jurídicos ni de la justicia o injusticia intrínseca del impuesto, la solución más racional. Sin embargo, no confiamos en que una inspiración tan elevada ingrese de pronto como por arte de magia en el pensamiento y la conducta de una mayoría parlamentaria que se ha mostrado, hasta hoy, mucho más dispuesta a sostener históricas definiciones ideológicas que a prohijar los superiores intereses de la Nación.  Entonces, no sabemos cómo se habrá de dilucidar esta dicotomía formidable. ¡Ahora sí que podremos ingresar en los libros de Guiness!

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