Socavando el derecho por Washington Abdala

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         Una de las peores cosas que le pueden suceder a una democracia es ir minando sus soportes hasta terminar afectándola de muerte. Eso es lo que parece suceder con unas cuantas reglas del Estado de Derecho, las que vienen siendo alteradas de manera grosera por un accionar gubernamental que se siente investido, de forma mesiánica, por una verdad todopoderosa. Es tal el dogmatismo, que los gobernantes —aun conscientes del incumplimiento de las reglas— continúan buscando sus objetivos a como dé lugar. Nada los detiene en su recorrido. Total, sienten que tienen razón y por ello cualquier desborde está justificado.

         Digamos las cosas como son: el gobierno actúa bajo la máxima “in dubio pro operario”. O sea, en todo aquello en lo que tiene alguna interrogante, la solución es a favor del trabajador... sindicalizado, a instancias de un sindicalismo poderoso como nunca. Lo que no se evalúa con ese talante es que de continuar sin posturas equilibradas, se va a ir matando al trabajo verdadero, porque la inversión sentirá que la balanza está desnivelada para un solo lado. No se trata en absoluto de aplaudir a las patronales; se trata de encontrar el punto óptimo en el que el capital y el trabajo convivan en un marco de productividad saludable. Si el partido, antes de jugarlo, ya tiene un ganador, las cosas entonces están mal planteadas.

         Los empresarios —que en este país no son muy amigos del riesgo— ante el panorama que se presenta, empiezan a rechazar cada vez más las aventuras de los emprendedores que arrancan con la cancha minada. Y quienes tendrán más para perder, con ese estado de cosas, serán los desempleados, ya que nadie contrata un trabajador para comprarse un problema.

         Lo de la imprenta Vanni fue aleccionador. Más de dos años de ocupación de trabajadores —más algún avivado que se quiso hacer empresario con los bienes de otro— y cuando los que intervienen son trabajadores que quieren salvar su empleo, el gobierno llega al extremo de intervenir, sin respaldo jurídico que avale su actuación. Hasta hoy no se comprende cómo los asesores legales de la empresa, actuando en calidad de custodios de la misma como fue dispuesto por el alguacil, fueron expulsados del recinto sin mandato judicial y por órdenes verbales de autoridades policiales. ¿Es acaso posible que la Policía pueda actuar sin un respaldo del juez en un caso como el que referimos harto complejo y tironeado de distintos lados? ¿Es democrático que al boleo la Policía —por órdenes verbales formuladas desde el Ministerio del Interior— actúe de esa forma?

         Todo lo que viene pasando con la Suprema Corte de Justicia es penoso también para las instituciones. Al novel miembro de dicho cuerpo le tocará, inevitablemente, satisfacer a unos y excitar a otros. Es que, penosamente, el asunto se jugó en clave de “ganadores” y “perdedores” en el terreno político y ese no puede ser nunca el abordaje de aspectos tan delicados para la nación. Sólo el enfoque técnico debiera ser central en la mirada del juez. ¿Pero quién le creerá que así actuó si se decide por la inconstitucionalidad del irpf en materia jubilatoria? Y si recorre el otro camino... ¿le quedará a alguna gente la impresión de que la presión fue tan fuerte que pudo alterar su parecer? Sea como fuere, estas meras cavilaciones empobrecen a toda la Justicia y, con ello, al Estado de Derecho.

         ¿Y qué decir de la pretensión de —nada menos— “anular” la Ley de Caducidad, esa por la que el Prosecretario de la Presidencia acaba de estampar su firma en medio de un gran despliegue mediático? El instituto de la “anulación” de una ley —cualquier ley— es completamente ajeno a nuestra tradición jurídica. Pero es mucho menos concebible en la tradición penal liberal de la que —con todos los defectos procesales que se quiera— Uruguay es tributario. Incorporar a la Constitución la anulación de una amnistía, arrasa con siglos de cultura jurídica occidental. Se haría tabla rasa con el principio de ley penal más benigna, con el de irretroactividad de la ley penal, con el de seguridad jurídica y con la lógica pura, porque aquello que fue extinguido (ciertos delitos) no puede resucitarse en un pase mágico jurídico-político.

         En definitiva, son demasiados elementos que dan cuenta del escaso republicanismo que aqueja al oficialismo. Y por ese sendero, se va socavando el Derecho y, con ello, a la larga se afecta la libertad de todos.