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Gato encerrado en la nueva playa de contenedores
por Jaime Mario Trobo
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El Gobierno acaba de enviar al Parlamento, con la firma de los Ministros Rossi y Astori, un proyecto de Ley cuyo texto eminentemente declarativo, se refiere a la ampliación de las actividades relacionadas con contenedores en una nueva “playa especializada” en el puerto de Montevideo.
También la norma proyectada declara la intención de que se analice la posibilidad de la proyección del Puerto de La Paloma como Terminal comercial y entre otras de carga contenerizada.
El primer artículo del proyecto reitera un concepto que ya se expresa en la legislación nacional desde la ley 16.246 conocida como Ley de Puertos, a la que la izquierda, toda la izquierda, Astori y Rossi incluidos se opuso ferozmente. Claro en la práctica “fundacional” que quiere ejercitar la izquierda, poco falta para que nos quieran convencer que con ellos empezó el desarrollo de los puertos, la competencia en la logística, y el exponencial desarrollo de estas actividades.
Compare Usted lector lo que aquella ley del gobierno del Partido Nacional dice, |
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“Artículo 1º.- La prestación de servicios portuarios eficientes competitivos constituye un objetivo prioritario para el desarrollo del país”; (Ley 16.246)
y lo que escriben ahora los Ministros que la combatieron,
“Articulo 1. Declarase la importancia de la política nacional de puertos que constituye un objetivo esencial y prioritario para el desarrollo económico y social del país, en el marco de un proceso orientado a promover y apoyar su eficiente y competitiva inserción e integración en los mercados regionales e internacionales.”( Proyecto de Ley ingresado dias pasados al Parlamento) |
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Los contenidos del proyecto actual, no innovan en ningún aspecto respecto de la legislación vigente; cometen a la ANP a realizar estudios sobre el Puerto de la Paloma lo que resulta redundante pues esos cometidos ya están dentro de los de esa entidad y la ley no agrega nada a lo que actualmente existe. Luego establece que el ente autónomo ANP debe constituir una sociedad para que explote una nueva “Terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo”, a fin que la explote en un 100% un privado, existen normas juridicas suficientes que lo habilitan. Tal propósito no es necesario que se establezca en una ley, salvo que su propuesta encierre un fin oculto. Que nos parece que es lo que realmente ocurre.
El Gobierno de izquierda tiene en su haber, a tres años y medio de administración varios juicios perdidos o tranzados por montos de decenas millones de dólares; recuerde el lector que a Cerro Free Port se anunció que se le “echaría” y al final se transó un juicio por más de 20 millones de dólares. Ahora tiene en la mesa la eventual demanda de los socios del estado en la Terminal Cuenca del Plata que solicitarían un arbitraje internacional si el gobierno convoca a conceder una nueva Terminal en las circunstancias actuales, lo que de acuerdo a la legislación vigente, salvo que incurra en una violación del contrato existente que es otro cantar, está perfectamente habilitado.
Por qué razón entonces envía el proyecto al Parlamento? , notoriamente para preservarse y recibir “respaldo” que en el caso de un juicio o demanda no le quepa en exclusiva la responsabilidad.
El gobierno debe ejercer sus competencias, el Ministro Rossi y el ex Ministro Astori no deben transferir al Parlamento sus responsabilidades en el manejo de los bienes y recursos del público, y por ello es inaceptable que “disfrazado” detrás de una declaración de buenas intenciones sobre las actividades portuarias que fueron liberadas por el Partido Nacional pese a la izquierda en 1992, se esconda el interés de tener cómplices en otro temerario comportamiento, que puede costar otras decenas de millones. Si el gobierno entiende que es necesario, la ley lo ampara, que lo haga, por su cuenta y bajo su responsabilidad.
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