¿Una nueva reforma del Estado? por Jorge Azar-Gómez

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         El presidente electo José Mujica, al igual que sus antecesores (Sanguinetti, Lacalle, Batlle y Vázquez ) se ha propuesto elaborar y ejecutar la Reforma del Estado, sus antecesores, sólo se quedaron en la intención y en los titulares del tema, pues quisieron ser ambiciosos en sus propuestas y en los tiempos para ejecutarla, por eso es bueno tener en cuenta esos fracasos y los antecedentes elaborados por quienes conociendo el tema, armaron un cronograma de trabajo acorde a la situación del país , la dimensión de sus instituciones y a la mentalidad de sus ciudadanos.

         En su momento escribí varios artículos y estudios, basados en mi experiencia y conocimientos y en los estudios de Jean François Ravel, que en su libro "Le Rejet de l'Etat" (El Rechazo del Estado), reúne un conjunto de ensayos referidos en su gran parte al Estado, en su conocida línea de pensamiento antisocialista y pro liberal. Puedo no compartir ciertas ideas pero se prestan a la discusión fructífera. La sola lectura del prefacio permite al lector llegar a precisas conclusiones:

         1) Hay que colocar al Estado en el sitio que le corresponde. No es posible que el Estado, como Dios, esté por todas partes, se ocupe de lo más grande y de lo más insignificante, se entrometa y decida sobre cualquier cosa, hasta con el propósito deliberado o inconsciente de hacer olvidar que en una democracia moderna debe haber múltiples centros intermedios de decisión, como el ciudadano, la familia, las asociaciones de vecinos, las empresas, los sindicatos, los gremios profesionales y los grupos de opinión; aparte de los partidos políticos, por supuesto. Por eso debemos proponer alternativas válidas, originales y poco costosas para privatizar y/o desmonopolizar aunque sea parte de lo que el Estado ha intervenido en el curso de los años. Desnacionalizar lo que ha tomado de más, para atender a tiempo completo lo que descuida en el menos.

         2) Además, hay que separar el Estado político del Estado administrativo. Es indispensable clarificar, de una vez por todas, la imprecisa frontera donde un nuevo ministro selecciona un grupo de funcionarios, distinguiendo entre el equipo político que el ejercicio democrático del voto autoriza a dirigir la administración y el equipo administrativo en sitio que debe obedecer al poder político, pero manteniendo su estabilidad, ascensos, prestaciones y jubilaciones, de conformidad con las normas establecidas.

         En estos casi veinte y cinco años de democracia nos hemos expresado a través del sufragio universal en seis ocasiones, para llevar al poder a un gobierno y a un partido pero no a una administración. Se puede y debe cambiar la cúpula del equipo político, respetando al equipo administrativo. Si analizamos el proceso de numerosos cambios ministeriales a través de los distintos gobiernos, vemos que el cambio o cese de funcionarios ha sido muy superior al de un cambio de un gobierno por otro. Situación inadmisible desde cualquier punto de vista, que confirma la grupalización de la vida política en Uruguay.

         3) Hay que lograr que el Estado sea igual para todos. Es un desiderátum de la democracia. El Estado ha ido transformando las necesarias reglas de juego en forma arbitraria, quedando al capricho del funcionario el permiso, la averiguación, la multa, etc. La discrecionalidad administrativa se presta a los mayores abusos, salvo que cada decisión esté convenientemente fundamentada y el administrado disponga de los recursos de alzada.

         El funcionario no puede hacer la ley, debe limitarse a hacerla respetar. Estamos sosteniendo que si bien la sociedad contemporánea no podría existir sin la estructura del Estado, deben corregirse desviaciones en beneficio de los fines esenciales del Estado.

         En Uruguay no se modifica nada cambiando algunos funcionarios, cuando lo que hay que modificar a fondo es el Estado, que debe orientar su capacidad de acción hacia la educación, la vivienda, la salud, la seguridad, los servicios básicos, etc., dejando a un lado sus deficitarias intervenciones en áreas que son ajenas a sus fines.

         En este análisis no pretendo comparar la nación francesa con la uruguaya, pero una parte significativa de las reflexiones de Revel se podría aplicar a nuestro país sin mayor esfuerzo. La opinión pública critica y rechaza al Estado que quisiera desconocer los centros intermedios de decisión y sustituir a la sociedad civil.

         El uruguayo medio quiere, por encima de las ideologías, de los enfrentamientos entre líderes (a veces incluso de un mismo partido político), de la circunstancia orteguiana y de la banalidad, disponer de un buen empleo y disfrutar de las comodidades de la época. Digámoslo con franqueza, es una aspiración razonable.

         Para Revel la meta no es rechazar el Estado sino el estatismo, o sea la enfermedad que hace al Estado incapaz de cumplir sus funciones por pretender asumir tareas que pertenecen a la sociedad civil y a los individuos. Por eso dice que hay demasiado Estado y demasiado poco Estado, porque éste se ha apropiado de una cantidad creciente de sectores de la vida social, no con el deseo de hacerlo marchar mejor sino de acrecentar su poder y en cambio descuida tareas estatizadas fundamentales. Esta inclinación es una perversidad de todos los gobiernos.

         Ha llegado la hora en que el Estado uruguayo deberá deslastrarse de lo superfluo, para dedicarse a tiempo completo a las áreas prioritarias que le corresponden. A su vez, los gobiernos por encima de las apetencias candidaturales, de los grupos internos, de las enemistades y de la anécdota, deberán gobernar asegurando al ciudadano la protección de las leyes y un buen manejo de la cosa pública.

         Es por este buen manejo de la cosa pública, y teniendo en cuenta la intención y la obligación de bajar el gasto público, cosa que se viene intentando desde hace varios gobiernos sin resultado por debilidad, omisión, incapacidad o complicidad, que se plantean interrogantes, que quizá alguien con coraje, pueda responderlas. ¿Es posible reducir ministerios y que pasen a ser subsecretarías de otros sin que se sientan afectadas las cuotas políticas ni la necesidad de colocar a alguien o mantenerlo en un ministerio para que quede libre su banca en el Parlamento y "trabaje" su suplente? ¿Se podrá sustituir la partida  mensual que recibe cada uno de los parlamentarios, para adquirir prensa, por la entrega directa del material que no sea posible obtener por Internet? ¿Se podrá aplicar el mismo procedimiento en ministerios y entes autónomos? ¿Podremos conocer algún día cuántas bancas de diputados y senadores se están pagando simultáneamente entre titulares y suplentes? ¿Podrá ver nuestra generación la reducción de intendencias, y ajustando la norma al artículo 85 de la Constitución, crear por ley 4 o 5 regiones que las sustituyan? ¿Podremos conocer los bienes inmuebles del Estado, adquiridos y/o heredados, su actual situación y por quiénes están ocupados, sean instituciones o personas físicas? ¿Podremos saber cuántos ministerios tienen sus inventarios al día y controlados por los organismos competentes y cuántos jerarcas al asumir un ministerio o un ente verifican si existe un inventario y si es real? ¿Podremos saber cuántos vehículos propios y arrendados tiene el Estado? ¿Podremos saber cuántos cientos de denuncias elevó, en todos estos períodos de gobierno, el Tribunal de Cuentas a la Asamblea General, por irregularidades (corrupción en muchos casos) reiteradas, en gastos y/o licitaciones en prácticamente todas las reparticiones del Estado, y cuántas se analizaron y trataron? ¿Se podrán publicar, junto a estas denuncias, el nombre del o los responsables que burlaron los controles del Tribunal de Cuentas? Al ignorar y encajonar estas denuncias, ¿el Parlamento es cómplice silencioso y/o directo de estos actos? ¿Podremos tener respuestas? De la actitud firme del presidente electo para combatir el mal gasto público y en reafirmar la transparencia en el manejo de los dineros públicos, merece que estas y otras preguntas que el pueblo se hace, tengan una seria y clara respuesta.

         Debemos liberar la inmensa energía contenida en nuestra sociedad y canalizarla hacia nuevas realidades, con ideas originales, adecuadas al rigor que la crisis general del país requiere. Debemos establecer urgentemente una correspondencia entre la demanda social y la oferta política.

         La alternabilidad de los partidos políticos en el gobierno, ha demostrado que la gran mayoría de los uruguayos es independiente y que por lo tanto los partidos políticos necesitan estructuras de mediación para lograr un diálogo fructífero con el ciudadano. De allí la importancia de las organizaciones intermedias para el Estado, el Gobierno y los partidos.

         La hipertrofia del Estado es un problema contemporáneo y solucionable, por lo que la reforma del Estado es una prioridad absoluta de la democracia uruguaya.

         En un artículo anterior, sobre la "Reforma del Estado" expresaba que todo el mundo está seguramente de acuerdo en que hoy el Estado uruguayo no está en condiciones de cumplir con las exigencias de la sociedad, en que por lo tanto sufre una crisis y en que es necesario reformarlo.

         Que existen diferencias importantes acerca de la naturaleza de la crisis y, naturalmente, acerca de las medidas necesarias para hacerle frente.

         Que para unos se trataría de un problema fundamentalmente técnico, al que se haría frente con medidas administrativas tendientes a aumentar la eficiencia de la organización y de la burocracia estatal, que no afectaría básicamente el proyecto político y el modelo de desarrollo económico vigente, ni la distribución del poder político.

         Para otros, lo que está en crisis es el modelo de desarrollo y las reglas básicas del juego político, que han venido prevaleciendo, lo cual hace necesaria una reforma total del estado y una nueva distribución del poder en la sociedad.

         Es aquí donde surgen diferencias de opinión, diferencias no solo en cuanto a las soluciones apropiadas sino, lo que es más fundamental, acerca de la naturaleza del problema, o sea que no es que a este planteamiento de crisis se le den distintas respuestas, sino que se le formulen distintas preguntas.

         Esto lo debemos tener siempre presente porque muchos se apresuran a anunciar soluciones concretas, rápidas y viables, como si los problemas estuvieran claramente diagnosticados y consideran una pérdida de tiempo detenerse a discutir sobre la naturaleza de la crisis, cuando es lógico suponer que el progreso social y las reformas necesarias pueden depender más del tipo de preguntas y de la forma que se plantean, que de la manera que son respondidas; y que si es importante hallar soluciones adecuadas, más aun lo es plantear concretamente los problemas y en especial no perder el tiempo con problemas falsos o mal planteados.

         Si en este gobierno se concretara un diagnóstico de la situación del Estado y comenzara a darse el proceso de transformación del Estado uruguayo, se debería sentir realmente satisfecho, estoy seguro, se generarían las fuerzas indispensables en la sociedad civil capaces de plantearse la continuidad de la misión en futuros períodos constitucionales.

         Los uruguayos esperamos de esta intención de reformar el Estado, resultados concretos, tangibles y urgentes, los debe propiciar el gobierno porque también lo exige la opinión nacional.

         Por todo lo expuesto se hace imperativo una reforma del Estado, sabiendo que dirigirla a una política social es una tarea abierta al conflicto que no se podrá lograr mediante el consenso, teniendo en cuenta las diferencias ideológicas que marcan el rumbo de los integrantes del gobierno.

         La lucha por el progreso humano, sin embargo, como lo prueba la historia, es una zanja de conflicto, obligada a abrir si se quiere imponer la justicia de esta tierra de todos sea con la palabra de Cristo o con la de Lenin.

© Jorge Azar-Gómez para Informe Uruguay

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