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No preguntes lo que tu país te puede dar, sino lo que tú puedes darle a él.
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Año V Nro. 399 - Uruguay, 16 de julio del 2010 |
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El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el estado colombiano por el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas puede ser el preludio de una tronera por la que se vendrán miles de fallos en el mismo sentido. No se quiénes son los encargados de la defensa de Colombia ni conozco los términos de su alegato. En todo caso deben ser mediocres porque se ha impuesto, con demasiada facilidad, un tipo de lectura sesgada sobre la violencia colombiana que sólo reconoce un victimario, el estado, y una sola víctima, la UP, otras agrupaciones de izquierda, el sindicalismo y los defensores de derechos humanos. Es, en otras palabras, una interpretación propia de la “guerra fría”, que considera altruista a la izquierda y criminal a la derecha. El paramilitarismo es asumido como un brazo del estado mientras las guerrillas son la expresión de una justificada rebeldía que proceden y actúan con fines justicieros. La consecuencia de esta visión es que los crímenes de las guerrillas quedarán impunes, para los dolientes y las víctimas de sus atrocidades no habrá reparación, ni petición de perdón y a lo mejor, como van las cosas, nos tendremos que soportar un discurso heroico y enaltecedor de los comandantes guerrilleros sacrificados en combate luchando por la justicia. El camino de la venganza es el que se está imponiendo. Las guerrillas tratan de resarcir en los estrados judiciales su derrota política y militar poniendo en juego todas sus influencias en la periferia civil. La venganza está cimentada en una doble moral, la misma que se impuso en el juicio al coronel Plazas, pues a este lo condenan por un delito no tipificado en su época, mientras a los miembros del M-19 no se les aplica el criterio de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y se amparan en la amnistía con que fueron cobijados sus guerrilleros. Doble moral es la que inspira el trabajo supuestamente justiciero de quienes se niegan a reconocer todas las facetas y variables del conflicto entre estado, paramilitares, guerrillas y partidos como la UP que defendían la tesis leninista de “la combinación de todas las formas de lucha” y que pedían garantías y seguridad mientras las Farc, brazo armado de los comunistas, acrecentaba el secuestro extorsivo y los ataques a la fuerza pública. Se sabían, pero nadie quería reconocer, las consecuencias fatales de tales dobleces: hacer la revolución y tomarse el poder por las buenas y por las malas. En algo podríamos forjar un acuerdo, nadie debió ser eliminado, ni desaparecido ni secuestrado, el estado no debió ser suplantado ni copado por fuerzas criminales. La mirada debe ser completa para que haya justicia a la hora del balance y de los fallos. No se puede aceptar la idea de que preconizar la combinación de todas las formas de lucha desde la legalidad es aceptable e inimputable a la par que se clama castigo para quienes apoyaron de hecho o de palabra a los grupos paramilitares. No es justo que no se investigue y que no se castigue a los precursores ideológicos de esa temible consigna leninista y que más bien se pida casi un mausoleo, estatuas y se nos obligue a escribir una versión épica de quienes azuzaron la violencia desde los escritorios. Para los vengadores del corte de Iván Cepeda, la cuestión es simple. Tiene el derecho a sentir dolor y a pedir justicia porque su padre no mereció ser asesinado, pero, a lo que no tiene derecho es a imponernos un discurso edificante sobre un dirigente comunista que en palabras de un miembro del Comité Central (Alvaro Delgado, Todo tiempo pasado fue peor, Editorial CINEP, 2008), era el ideólogo de la fatal consigna y el responsable de las relaciones entre el partido comunista y las Farc. Si se debe llamar a rendir cuentas a los responsables intelectuales y padrinos políticos del paramilitarismo, no hay razón válida para eximir del mismo procedimiento a quienes lo fueron de las guerrillas. Por el camino de la venganza o de la justicia sesgada nunca habrá reconciliación en Colombia, con ese tipo de lecturas de nuestra terrible tragedia, nunca entenderemos que fue lo nos sucedió en esos años en que unos cuantos grupos de extrema derecha y de extrema izquierda reemplazaron a la débil sociedad civil y manipularon y debilitaron el estado llenando de sangre y dolor a millones de familias. El señor Iván Cepeda está obnubilado por el deseo de vengar la muerte de su padre y de otros militantes de la UP descargando toda la culpa en el estado y ha rechazado las ofertas de éste para reparar a los familiares de las víctimas del exterminio. Para nuestro infortunio, el punto de vista que se está imponiendo en los tribunales de acá y en los de afuera es el mismo que se ha aplicado para juzgar los crímenes de las dictaduras del Cono Sur. El estado colombiano, como en otros casos, debe cumplir el fallo, pero, quienes pensamos el conflicto tenemos todo el derecho a disentir y a no tragar entero el relato que se impone.
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