¿Qué nos está pasando? por Dr. Marcelo Gioscia Civitate

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         Desde hace tres semanas, las noticias policiales, han puesto de manifiesto una vez más la inseguridad que se ha instalado en el país, -fruto entre otras cosas no sólo del deterioro social sino también de la inoperancia cuando no de la ineficiencia de los servicios policiales- pero además, ha dejado en descubierto el creciente resquebrajamiento del entramado social que sustentado en el trabajo y la familia, debiera fortalecerse.

         Resulta paradójico comprobar que, pese a la “prosperidad” que es producto de la situación coyuntural que atraviesa el país, donde los ingresos por exportaciones de materias primas y productos no tradicionales han crecido exponencialmente, los indicadores de la pobreza, la mortalidad infantil y la sensación de inseguridad trepan en forma alarmante.

         Algo está fallando.

         Analicemos la situación por partes, advertimos que los “planes de emergencia” instrumentados por un Ministerio de Desarrollo Social creado a esos efectos, no han logrado dignificar a quienes benefician. Los importantes recursos destinados a este tipo de asistencia, brindados por el Estado, sin control de contraprestación alguna, no constituyen una solución de fondo.

         Tampoco ha podido disminuir el índice de mortalidad infantil, que debiera ir de la mano entre otras cosas, de un plan de alimentación a las madres carentes de recursos desde la comprobación de su embarazo. Y estos índices por cierto lamentables, no se reducen sancionando con el traslado a los funcionarios que brindaron la información.
Pero además, las rapiñas han venido en aumento, y el grado de violencia utilizado para intentar cometerlas, incluso bajo el efecto de drogas (al punto de tener como resultado graves lesiones e incluso la muerte de la víctima) resulta preocupante. Pero aún más irritante resulta que, luego del crimen cometido (en el caso del joven Dourado ultimado de un balazo a través del cristal de la ventanilla de su automóvil)  no se tenga siquiera una pista que permita encontrar al responsable.

         Por su parte, el asesinato de la niña Pamela Silva de once años de edad y la comprobación (autopsia mediante) de la violencia sexual a que venía siendo sometida desde mucho tiempo, nos deja sin habla. Máxime cuando se ha comprobado que era el padrastro (compañero de la madre de la menor que se declara ignorante de las aberraciones) y tal vez, no el único, quien abusaba de ella.

         Pamela ha sido a la vez objeto y víctima de un entorno crítico, donde la pérdida de valores morales se ha instalado y donde existe un servicio telefónico de emergencias (911) al que llamó por dos veces y resultó a la postre, inoperante e ineficaz.

         Pero no bastan tampoco las declaraciones de la Sra. Ministra del Interior (quien al reconocer las fallas del sistema de auxilio aprovechó para anunciar y tal vez justificar su próximo viaje a China) para intentar empañar la inoperancia.

         El mensaje que recibe la ciudadanía que paga sus impuestos no puede ser peor.

         En el mismo sentido:¿Cómo es posible admitir que una Fiscal Letrado negocie con quienes robaron sus celulares, sin dejar intervenir a los servicios policiales que institucionalmente debieran actuar? Nos encontramos ante una situación que linda muy de cerca con la anomia.

         Se trata ni más ni menos, de la pérdida de valores y lo que es peor, del constante atentado contra derechos humanos básicos o de “primera generación” contenidos en nuestra Constitución desde larga data, y que todos debiéramos ejercer y ayudar a preservar. Más aún por cierto, quienes tienen la responsabilidad de ser ejemplo al desempeñar altos cargos de gobierno.

         Se impone un cambio de rumbo en forma urgente.