Primeros coletazos de las neo-privatizaciones por Dr. Jorge T. Bartesaghi

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         A las escandalosas revelaciones salidas a luz a resultas de la interpelación que el Partido Nacional llevare a cabo a los Ministros de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas, se suman ahora hechos nuevos, o al menos, no explicitadas consecuencias de otros, que, siendo de conocimiento de los interpelados, fueron soslayados, o no denunciados con la gravedad que revestían.

         Días pasados Raúl Sendic, Presidente de Ancap, hizo pública la deuda que Pluna S.A. mantiene con el organismo por compras de combustible, estimándola en trece millones de dólares. Ya en la interpelación referida el Senador Carlos Moreira aludía a una abultada deuda por ese concepto (de la que seguramente parte estaría reflejada en el último balance), pero sin conocerse claramente su monto, y tampoco la antigüedad de la misma.

         Tal confirmación, mas allá de la sorpresa que provoca su desproporcionado volumen, arroja mayores dudas aún que las surgidas en la instancia parlamentaria, en cuanto ni la naturaleza jurídica del acreedor ni la de la deudora permitían imaginar tal exabrupto comercial.

         Ancap, Ente Autónomo, a pesar de su actividad industrial y comercial, no cuenta con apoyatura legal alguna que le autorice a convertirse en agente financiero de compañías privadas. Menos aún puede pretender facultades para la concesión de créditos desmedidos, absolutamente desproporcionados y violatorios de la política ordinaria que usa en su actividad comercial corriente.

         Esos extraordinarios beneficios, regalías diríamos, tampoco encuentran justificación en la naturaleza de la empresa deudora Pluna S.A.. Si bien en el plano estrictamente formal es una sociedad anónima uruguaya, en los hechos su capital mayoritario es extranjero, en cuanto la sociedad controlante, Leadgate, es una panameña (típicas sociedades de papel) sin otro patrimonio que el afectado al negocio, antigüedad ni experiencia en el ramo aeronáutico.

         Ancap, que usa como política el pago rigurosamente “contado” para sus agentes y distribuidores, (primero se entrega el cheque y luego se carga el camión), ha autorizado, o al menos tolerado, esta irritante diferencia en favor de personas o grupos sin ningún antecedente (favorable) que la justifique.

         ¿Quién será responsable por la pérdida (absolutamente segura) que generará tan irracional y arbitraria política?

         ¿Será el Directorio o su presidente quien la asuma, o bien se pretenderá endilgarla a acuerdos oscuros, reservados, opacos, propios del nuevo modelo de privatizaciones que rechaza toda transparencia?

         ¿Será tan irresponsable e incompetente el Directorio de Ancap o simplemente ha sucumbido ante las exigencias de los omnipotentes ministros neo-privatizadores?

         Por el momento son todas preguntas sin respuesta.

         Por si esto fuera poco, a Ancap se le ocurre cobrar su cuenta. Pero no lo hace solo por las vías ordinarias (que suponemos habrá utilizado), sino que también recurre a la prensa buscando “blanquear” una situación hasta entonces demasiado “oscura”.

         No sabemos la razón por la que se eligió el foro mediático. Imaginamos estar frente a un tiro por elevación que busca otros efectos. No se necesita demasiada suspicacia para entender que hay mucha gente que no quiere permanecer vinculada a los desastrosos resultados de un negocio poco transparente. Un verdadero “fierro caliente”.

         ¿Quién se anima ahora a defender que el escamoteo de la licitación pública fue un mecanismo adecuado?

         ¿Quién defenderá la adjudicación a Leadgate y se responsabilizará por los antecedentes, actitudes y conductas de sus representantes? ¿Y a quiénes recomendaron a esta gente y este formato de negocio?

         ¿Cómo podrá justificarse que hayan tomado el control de la compañía y dispuesto de sus bienes un mes antes de firmarse los contratos pertinentes?

         Ni que hablar de los veintisiete millones de dólares de pérdida en el ejercicio, de los incumplimientos del plan acordado, y ahora, de esta nueva deuda (o su incremento), etc., etc.

         Si alguna pincelada faltaba para dar por finiquitada esta obra de arte, verdadero monumento a la irresponsabilidad en el manejo del patrimonio público, se completó con el ofrecimiento de pago consistente en la entrega del ya archi-famoso “Argentino Hotel” de Piriápolis.

         El mismo Argentino Hotel del que solo conocíamos su valor testimonial, pero no su versatilidad y condiciones multi-uso. Ese hotel que sirviere como integración del capital estatal en el saneamiento de Pluna, luego como garantía de deudas de ésta con el Banco de Seguros del Estado, recientemente retrovertido al Estado Uruguayo en U$S 12.000.000 (según trascendidos de prensa no desmentidos) y ahora ofrecido en pago de deudas de giro, será recordado, además de su ganado prestigio arquitectónico y representatividad, como el mejor “comodín” para completar acuerdos económicos poco transparentes.

         No es nuestro objetivo principal analizar conductas de Leadgate, Ficus o Campiani, meros ejemplos de oportunismos poco escrupulosos.

         Nos interesa sí clarificar las responsabilidades del gobierno, y especialmente las de los “neo-privatizadores”(*), el entonces ministro Danilo Astori y del actual ministro Víctor Rossi, responsables personales y directos del desastre.

         Y lo que es más importante, desnudar este nuevo concepto que siempre busca eludir la transparencia (que debiere ser condición “sine qua non”), invocando dudosas razones de fuerza mayor o de urgencia.

         Nuestra tradición en materia de seguridad jurídica, y nuestra sensibilidad, personal y colectiva, que exige siempre cristalinidad en el manejo de la acción pública, nos imponen rechazar estas prácticas.

(*) Término acuñado por mi amigo Anibal Steffen, que comparto íntegramente.

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