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Año V Nro. 333 - Uruguay, 10 de abril del 2009   
 

 
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Culpable de creer en Chile
por José Piñera

 
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         El Informe anual de Libertad Económica, elaborado por el Instituto Fraser de Canadá, mide datos objetivos de 42 políticas públicas, y cubre a 141 países que comprenden el 95% de la población mundial. La buenísima noticia es que, en el Informe 2008, Chile alcanzó el lugar N°6 del mundo, dos lugares más arriba que EE.UU y sólo superado por Hong Kong, Singapur, Nueva Zelandia, Suiza y el Reino Unido. El ejemplo de desarrollo de Chile es simplemente notable a nivel mundial

         La enormidad de este logro es aún más destacable si consideramos que en 1975, en un ranking similar, Chile era el penúltimo país del mundo en grado de libertad económica (71 de un total de 72). Pero ese año se inicia la Revolución Chilena que dio vida al período de 35 años más exitoso en la historia de nuestro país. Esta Revolución consistió en una profunda transformación económica y social anclada en los valores de una sociedad libre y en la creación rigurosa de la infraestructura institucional de una democracia.

         En efecto, fue tan profundo el cambio político y económico que generó esta Revolución, que la obra fundacional del gobierno del Presidente Pinochet ha sido, de hecho, continuada por los cuatro gobiernos posteriores. Así el proyecto de sociedad libre construido en los 70 y 80 fue legitimado por el Presidente Aylwin, que gobernó con un modelo que es la antítesis del socialismo; por el Presidente Frei, que expandió la privatización hacia nuevas áreas como las sanitarias y las autopistas; por el Presidente Lagos, que firmó un tratado de libre comercio con el mismísimo Estados Unidos; y por la Presidenta Bachelet, que mantuvo intacto el sistema de pensiones de capitalización individual e incluso lo extendió a los trabajadores independientes.

         Los estudiosos han comprobado que la libertad económica, entre otros efectos positivos, aumenta el ingreso por habitante, el nivel de vida de los más pobres y los derechos políticos y libertades civiles. Desde ya, Chile ha mejorado sustancialmente en todos estos indicadores. Así, triplicó su ingreso por habitante (en poder de compra constante) hasta 15.000 dólares al año, ocupando hoy el primer lugar en América Latina, y redujo drásticamente la pobreza.

         El nuevo desafío es acelerar el cierre de la brecha entre ser el N°6 en libertad económica pero sólo el N°45 en ingreso por habitante. Como la tasa de crecimiento promedio ha caído de 7,6% anual en el período 86-97 a 4% anual en el 98-08, debemos revertir esta tendencia si queremos lograr la meta posible de convertirnos en país desarrollado para el 2018, bicentenario de nuestra independencia. Para ello, es indispensable avanzar con convicción en mejorar la calidad de la educación, porque es la roca sobre la cual se construye una sociedad con igualdad de oportunidades; en aumentar sustancialmente el empleo, porque la cesantía no sólo priva de ingresos sino que hiere la dignidad de toda persona; y en elevar la productividad de las empresas estatales, porque mejora el bienestar de todos los chilenos.

         Las tres reformas claves para lograr estos objetivos son: primero, reemplazar el actual Estatuto Docente por uno coherente con la plena libertad de enseñanza y los incentivos correctos para el mejoramiento de los profesores. Segundo, cambiar para los nuevos trabajadores la indemnización legal por despido por un fortalecido seguro de desempleo, como el que ahora existe basado en la capitalización individual. Tercero, incorporar directores independientes en la conducción de las empresas estatales, a través de abrirlas gradualmente a la participación de capital privado lo que, además, por medio de sus fondos de pensiones, convertirá a los trabajadores chilenos en propietarios de ellas.

         Aparte de sus efectos propios, estas reformas son tan potentes que crearían una dinámica virtuosa en estos campos y permitirían regresar a tasas de crecimiento de 7% anual. Este mayor crecimiento, junto con un esfuerzo especial por mejorar la competitividad e impedir toda conducta monopólica, sería intensivo en generar empleos, lo que es primordial, pues no da lo mismo salir de la pobreza a través de un trabajo digno y bien pagado gracias a la productividad que entrega una educación de calidad, que salir de la pobreza en calidad de sujeto pasivo de subsidios estatales.

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Fuente: Cato Institute
 
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