Noticias de Corrupción e Intereses Políticos por Dr. Marcelo Gioscia Civitate

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         Pese a que la opinión pública es generalmente desfavorable, hacia quienes nos desempeñamos como funcionarios públicos, nadie debiera desconocer que la función pública supone por sí misma no sólo una vocación particular, sino una especial dedicación, que debiera cumplirse en todo de acuerdo con las normas legales y constitucionales que conforman el ordenamiento jurídico al cual habrán de ajustar siempre su conducta aquellos que acceden a desempeñarla.

         Cualquiera sea la forma por la que se acceda. Y cualquiera sea la persona pública (de carácter nacional o departamental) donde se presten servicios al Estado, ya se trate del desempeño de los cargos más humildes, a los más encumbrados.

         El funcionario público, en el desempeño de su cargo, habrá de brindar sus esfuerzos a obtener la consecución de los fines públicos. Esto es, brindará su capacidad, dedicación y esmeros a lograr el interés general y a conseguir el bien común, del país todo y de todos sus habitantes. Existirá “para la función y no la función para el funcionario”, como sabiamente dispusieron nuestros constituyentes.
Las atribuciones, competencias y prerrogativas, estarán en todo de acuerdo con las normas de actuación previamente establecidas en la Ley y en todo de acuerdo, como ya expresara, con la Constitución de la República, entendida ésta como la Ley Fundamental del Estado. Que hay que cumplir y respetar.

         Por ello, el haber tomado estado público la noticia de que presuntos casos de corrupción fueron puestos en conocimiento del Sr. Presidente de la República, por el Senador Mujica, para que el Primer Mandatario resolviera “llamar o no” a quien le daría más información sobre de los mismos, nos deja boquiabiertos. Y menos mal, pues lo cierto es que, no sería bueno perder la capacidad de asombro, frente a este tipo de desbordes. Independientemente de que finalmente se denuncie y que se argumente que con el proceder elegido se pretendió “proteger” al denunciante.

         Es que tal situación, no hace más que desconocer no sólo la función pública que cada uno de los actores implicados juró en su momento respetar, sino lo que es peor, soslaya a la propia institución de la que, quien “pasa los datos” (Mujica) es soporte más que relevante (Cámara de Senadores) y por otro lado, el receptor de los mismos (Vázquez) acepta, sin chistar, tal vez olvidando su investidura, (Presidencia de la República) que no se trata de una “fija” para la próxima carrera, ni de un “palpito” para la quiniela, sino de presuntas corrupciones que se estarían dando en sectores sensibles del país.

         Se trata, ni más ni menos que de denuncias, que atañen a cuestiones públicas, esto es, de todos, y deben recibir el tratamiento adecuado al ordenamiento jurídico de nuestro Estado.

         En consecuencia, se puede llegar a pensar legítimamente, que no se confía en las Instituciones o se entiende por el contrario, que es resorte del Primer Mandatario decidir si se investigan o no los hechos irregulares que se le ponen en su conocimiento. Cabe aclarar que ésta, no es una prerrogativa propia del Poder Ejecutivo.

         Pues con este proceder: ¿Dónde queda entonces la separación de poderes del Estado?; ¿Dónde queda la actuación de un típico órgano de contralor como lo es el Poder Legislativo?; ¿Por qué razón, no se dio inmediata intervención al Poder Judicial, que es el responsable de dictar Justicia previo dictamen del Ministerio Público?

         Recordemos que, a raíz de otras denuncias que surgieron del propio seno del partido de gobierno, es que se dispusieron las investigaciones en el Ministerio de Defensa Nacional por la compra de determinados equipamientos y se dio trámite a las investigaciones por los viáticos que cobró en el Poder Legislativo, el hermano y secretario privado del Sr. Vicepresidente de la República, sin ser funcionario público; o las quitas de las que se habrían beneficiado los hermanos Nin Novoa para cancelar con el Banco de la República un viejo adeudo y poder aumentar considerablemente las hectáreas de su establecimiento rural. Quitas que al parecer, no se le ofrecieron al anterior propietario del campo.

         ¿Hasta qué punto entonces, no ha sido el interés político el que ha determinado seguir o no adelante con las denuncias que se obtienen en investigaciones evidentemente “paralelas” y se pasan “al oído” del Sr. Presidente de la República?

         ¿Es legítimo y razonable admitir que existan grupos de seguimiento de determinadas conductas que actúen en forma paralela?; ¿No es eso acaso, incurrir en “pesquisas secretas”, que la Constitución prohíbe?; ¿Quién determina entonces las actuaciones a cumplir?; ¿Quien las impulsa y las financia?; ¿Quién puede tener la soberbia de irrogarse el derecho de “indicar” quiénes serán o no los investigados?.

         ¿Dónde quedan las garantías constitucionales de las personas y de la ciudadanía toda?; ¿Quién resulta en la especie, ser el “Gran Hermano”? ¿Cuáles serán sus intenciones?

         Algo huele mal. Algo está fallando.

         Evidentemente el pretil por el que se camina es muy pero muy fino.

         Y además, y lo que es peor, el mensaje que se está dando a la ciudadanía en éste, como en tantos otros asuntos, no es claro, ni mucho menos, alentador.

         No corresponde subestimar a los ciudadanos que debieran ser objeto del mayor de los respetos, pues son los que a la postre sostienen el presupuesto nacional. Serán ellos en definitiva, quienes juzguen con su voto, llegado el caso.

         Se confunden las cosas, o tal vez, sean únicamente los intereses políticos los que prevalecen.

         Y ello, no es bueno, ni para la República ni para la Democracia.