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Huele maluco
por Darío Acevedo Carmona - (Perfil) - Medellín/Colombia -
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Aunque el presidente Uribe dio la cara sobre el incidente de la recepción de dos emisarios de alias “don Berna” en el Palacio de Nariño, explicó por qué fueron escuchados, desmontó la versión de un ingreso clandestino y asumió la plena responsabilidad en cuanto jefe que es del orden público en el país, a quienes hicieron el desmesurado despliegue de la tal visita no parece haberlos dejado satisfechos la rueda de prensa del primer mandatario. Quizás no sea sólo eso lo que les inquieta de las actitudes y políticas de este gobierno, pero, ahí van sumando ladrillos a la muralla de maledicencias que se está construyendo con irremediable perjuicio para toda la sociedad.
No tengo la menor duda de que la desconfianza entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia es una de las razones que hace ver en tamaño descomunal cualquier pifia o error que se cometa por alguno de ellos, pero lo grave es que las distancias sean alargadas por voces insensatas que azuzan el conflicto en vez de procurar que no se pierda la perspectiva del problema. ¿Y cual es dicha perspectiva? Uno de los contertulios del programa radial de Caracol Hora20 (lunes 25/08/08) hizo ver la necesidad de entender cuál es el sector más interesado en crear estas fisuras entre instituciones tan claves en la vida nacional y de saber por qué lo están haciendo. Alguien trabaja para que la CSJ piense que en Palacio se está armando un complot contra ella y a la vez en Palacio piensen que la Corte trama un complot contra el presidente. El complot, si lo hay, o las intrigas, que sí se han dado, no están ni en la Presidencia ni en la Corte, viene de aquellos que tienen resquemores contra el sistema, de quienes piensan que este Gobierno y esta Corte los traicionó. Perfectamente se puede tratar de una retaliación con una embromada en la que desafortunadamente el país político ha caído, y unos y otros, enceguecidos por sus discrepancias políticas, omiten el asunto y más bien aprovechan para atizar el fuego.
Desafortunadamente el Presidente exageró su reacción al responder a las preguntas de la prensa lanzando dardos a un lado y al otro descuidando su condición de jefe de estado que le impone ciertos límites, no en cuanto a la firmeza ni al derecho que le asiste de defenderse incluso con enjundia, sino en cuanto no se pueden responder todos los ataques a la vez y atacar en tantas direcciones de manera simultánea. Pero eso es lo que en parte buscan sus detractores, provocarlo, hacerlo pisar ciertas cascaritas para caerle luego encima y hacerlo ver como una persona intemperante y agresiva.
Vale la pena una breve reflexión a manera de balance sobre la visita del Fiscal de la CPI Moreno Ocampo. En primer lugar quedó al desnudo el fracaso de una falsa expectativa que se quiso airear en el sentido de que dicha visita era una advertencia al gobierno, lo real es que este personaje, en las declaraciones que concedió aclaró que el real alcance de su visita no era armar un expediente contra Uribe o su gobierno, sino una inspección a los resultados de la Ley de Justicia y Paz y a los procesos que se están surtiendo para esclarecer la verdad, aplicar castigo y resarcir a las víctimas. En todas esas materias nuestro país, según lo reconoció el mismo Moreno a Yamid Amat (CMI 25/08/08), tiene procesos e instituciones que marcan una gran ventaja respecto de situaciones críticas en otros lugares del mundo. En segundo lugar, el fiscal aclaró en que casos podría llegar a intervenir pero nunca dejó ver eso ni como amenaza ni como advertencia sino como resultado lógico de la misión de dicha Corte y a la que se acogió nuestro país. No sería razonable esgrimir temor por una posible intervención de la CPI en nuestro conflicto, todo lo contrario, sería legítimo y aceptable mirando las cosas en presente y también a futuro. Tercero, salió a relucir el interés de la Corte por investigar las redes de apoyo de las guerrillas. De manera pues que la visita de Moreno Ocampo no puede ser vista ni como amenaza, ni como inamistosa ni como advertencia por una simple razón: la CPI hace ya parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Mientras los malquerientes de este gobierno nos quieren hacer ver que el ambiente huele a porquería o que algo muy sórdido rodea al presidente, les quiero dejar algunas preguntitas en el tintero a ver si alguien hace el favor de responderlas:
A propósito de recibir o hablar con delincuentes o sus voceros ¿el patricio liberal López Michelsen no propuso alguna vez una cumbre entre el gobierno y los jefes de la mafia en Panamá? ¿César Gaviria no firmó una ley de sometimiento de narcos a la justicia en cuyo marco se “entregó” Pablo Escobar y se hizo llevar a una cárcel con carceleros nombrados por él (La Catedral)? ¿Desde 1982 cuál presidente no se ha reunido con delincuentes organizados (políticos o no) para tratar de desmovilizarlos? Durante cuál gobierno se firmó el pacto de Ralito? ¿Desde cuándo los círculos políticos y en general los altos poderes del país vienen siendo profundamente infiltrados por el narcotráfico? Y ¿Cuándo se habían destapado tantas ollas podridas relativas a esas oscuras alianzas, con excepción del Proceso ocho mil?
Y en materia de orden público, violencia y eficacia en el combate a los grupos armados irregulares tenemos estas inquietudes, entre otras: ¿En qué año se cometió el mayor número de masacres, en cuál el mayor número de magnicidios y en cuál se dio el mayor desarrollo de las Farc? ¿Cuántos jefes paramilitares se desmovilizaron, cuántos fueron puestos tras las rejas y cuántos extraditados entre 1982 y 2002? ¿Cuántos golpes realmente fuertes les fueron asestados a las guerrillas en ese mismo periodo? ¿Cuántas fosas comunes se descubrieron antes de 2002? ¿Alguien recuerda cuántos homicidios por cada cien mil habitantes se cometían en Colombia entre 1990 y 2002?
Entonces, ¿el hedor viene desde cuándo?
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