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Año V Nro. 347 - Uruguay, 17 de julio del 2009   
 
 
 
 
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Visión Marítima

 

Honduras y la comunidad internacional.
Quién ha dicho qué

por José Luis López Valenciano

 
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El domingo 28 de junio se produjo la detención y expulsión de Zelaya a Costa Rica cuando pretendía realizar un referendum para cambiar la constitución y permitir la reelección, algo que se encuentra expresamente prohibido en la carta magna para evitar la tentación de mantenerse perpetuamente en el poder. Se produjo una gran confusión inicial sobre quien estaba al frente del mal llamado golpe y las reacciones iniciales de la comunidad internacional no siempre fueron las más acertadas, dejándose llevar por prejuicios históricos acerca de la presencia de militares.

         Es esencial distinguir entre el fondo y la forma. Con independencia de que la expulsión a Costa Rica de Zelaya, en lugar de su encarcelación en su propio país u otras opciones, pueda no haber sido lo más acertado -la constitución hondureña no establece el modo en que debe producirse su destitución- en ningún momento se ha tratado de un golpe de estado del ejército hondureño. Éste se ha limitado a seguir un mandato del Tribunal Supremo, refrendado por una aplastante mayoría del Parlamento -123 de sus 128 miembros refrendaron la orden de detención-. Tras llevar a cabo su cometido se procedió al nombramiento de Roberto Micheletti, presidente de la Asamblea Nacional, como presidente del gobierno interino, tal como establece la constitución hondureña.

         Sin embargo, se ha producido el aislamiento internacional de Honduras y la aplicación de un doble rasero: mientras que se guarda silencio sobre los atropellos a la democracia en los países del ALBA, se condena sin piedad la actuación de los mecanismos constitucionales de un estado para evitar la imposición de un modelo totalitario al estilo del imperante en Venezuela; país desde el cual llegaron las papeletas para la realización del referendum ilegal de Zelaya. Nadie se rasgó las vestiduras porque la Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre de 2001, se haya convertido en papel mojado, toda vez que varios de los integrantes de la OEA hace mucho que dejaron de cumplir sus principios: respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, acceso y ejercicio del poder con sujeción al estado de derecho, elecciones periódicas libres y justas, separación e independencia de los poderes públicos y un largo etcetera. La readmisión de Cuba en la organización, sin ser un estado democrático ni cumplir los principios antes mencionados, supuso la puntilla. Pero ahora, este mismo documento que hace apenas tres semanas era calificado de "babosada" por Hugo Chávez, es empleado con la finalidad de lograr la suspensión de Honduras en la organización. Ha llegado a amenazar con derrocar al actual gobierno interino, y nadie le ha criticado por injerencia en los asuntos internos de un país soberano.

         La reacción inicial del presidente Barack Obama ha sido tímida y limitada a un comunicado emitido por la Casa Blanca en el que expresa su preocupación por la detención y expulsión de Zelaya y hace un llamamiento a los actores políticos y sociales de Honduras para que se respeten las normas democráticas, el estado de derecho y los principios de la Carta Democrática Interamericana. Añade que cualquier tensión o disputa existente debe ser resuelta pacifícamente a través del diálogo y sin interferencias externas. Por otro lado, la secretaria de estado norteamericano, Hillary Clinton, se reunió con Zelaya

         En Europa ha querido ser España quien llevase la voz cantante en la condena al "golpe". Al poco de producirse la expulsión de Zelaya, el 30 de junio, Moratinos propuso la llamada a consultas de los embajadores de los países miembros de la Unión en una rueda de prensa conjunta con el Secretario General de la OTAN, Jaap de Hoop. Adujo que se había quebrantado el orden constitucional y calificó de inconstitucionales las nuevas autoridades hondureñas, defendiendo la vuelta inmediata del presidente depuesto, del que no hace mención alguna a sus intentos de quebrar él mismo las leyes de su país. Si bien esta medida no ha sido respaldada por todos los miembros de la Unión, sí que se ha llevado a cabo de facto. De los cuatro países con representación permanente en este país -España, Francia, Italia y Alemania- los tres primeros han retirado sus embajadores y Alemania se ha limitado a no cubrir de momento la vacante que deja su antiguo embajador, recién jubilado.

         La Unión Europea, en declaración realizada por el presidente de turno, Jan Kohout, condenó enérgicamente las acciones militares contra el presidente Zelaya y pidió restaurar la constitucionalidad y la estabilidad política, así como la garantía de la celebración de las elecciones previstas para noviembre de este año en condiciones de limpieza y transparencia. En realidad estas recomendaciones sobran, en la medida en que, ateniéndonos a los hechos, no se ha roto el orden constitucional y el presidente interino Micheletti ha expresado su compromiso y determinación de llevar a cabo las elecciones en esas mismas fechas.

         Las Naciones Unidas adoptaron un texto de condena unánime el 30 de junio en el que se pide que el presidente depuesto sea restaurado inmediata e incondicionalmente, remarcando que no se reconocerá otro gobierno más que el del presidente Zelaya. En el texto adoptado se recogen las palabras de éste ante la Asamblea General, describiendo de un modo bucólico su gestión y poniéndose en papel de víctima inocente, mientras agradece el apoyo internacional, con una mención explícita a los presidentes de Nicaragua, Panamá, Ecuador, Venezuela y Cuba "quienes habían repudiado los burdos actos de un grupo militar que se interponía en el camino del cambio". Ciertamente resulta un contrasentido que determinados países levanten la bandera de la democracia -si ésta es de su signo político- en el exterior cuando no la garantizan en el interior. Zelaya.

         El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, viajó el 2 de julio a Honduras para llevar el texto de la resolución adoptada en Asamblea General Extraordinaria el día anterior y llevar a cabo consultas con los diferentes poderes del estado, grupos económicos y sociales. El mandato daba un plazo de 72 horas a Honduras para restablecer al presidente Zelaya en supuesto, pasado el cual se procedería a la suspensión de su pertenencia a la organización. Presentado por Insulza el informe sobre las gestiones realizadas en relación a la crisis política en Honduras, la OEA votó por aclamación y unanimidad de todos sus miembros la expulsión. Con todo, el informe contradice las palabras de Zelaya, que hablan de "régimen del terror" y "represiones continuas". Literalmente rezan así las palabras del Secretario General: "Se vive en Tegucigalpa un ambiente de extrema tensión, que se evidencia por la presencia de numerosos contingentes militares en las calles y la vigencia del toque de queda. No hay normalidad, pero tampoco señales de violencia en la calle. Sin embargo, de mantenerse esta tensión, existe un alto riesgo de que derive en hechos de violencia. Existe un gran temor a la violencia y gran incertidumbre respecto de lo que podría ocurrir ante un eventual retorno del Presidente." Ya sabemos lo que ocurrió el día que Zelaya llevó a cabo su amenaza de intentar volver, se produjeron disturbios, si bien las fuerzas del orden reaccionaron con mesura, para disgusto de aquellos que deseaban ver un baño de sangre para desprestigiar aún más al gobierno interino.

         Vistas así las cosas en el ámbito internacional, queda por examinar el interior. Zelaya es visto en su país como el principal responsable de la actual crisis política en Honduras. Su deriva bolivariana y el enfrentamiento progresivo con todas las instituciones del Estado: Corte Suprema, Parlamento, Tribunal electoral, procurador general, empresarios e Iglesia, son los que le han llevado a la situación actual. El propio secretario general del Partido Liberal, Bill Santos, afirmo taxativamente "No ha habido golpe, se ha cumplido con la ley". No hay que olvidar las manifestaciones de apoyo al gobierno interino de Micheletti por parte de una mayoría de hondureños que expresan así el apoyo y la confianza en su estado de derecho. Se trata de una mayoría silenciosa que contrasta con la minoría muy ruidosa que apoya a Zelaya.

         La solución a la crisis se perfila todavía muy confusa. El intento de llegar a un pacto entre las dos partes enfrentadas, de modo que Zelaya no fuese detenido al volver a Honduras, es algo que ya ha sido sugerido por Jorge Rivera, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien considera que el Congreso podría concederle una amnistía. De momento, lo que han aceptado las partes es la mediación de Óscar Arias, presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz. Éste anunció que las conversaciones comenzarían el jueves 9 de julio en su residencia, contando con la presencia de Zelaya y Micheletti.

Con la autorización de GEES (Grupo de Estudios Estratégicos)

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