¡Ojo!! Cuidemos nuestras espaldas por Carlos Emilio La Banca

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         Aunque el gobierno frenteamplista dice respetar las libertades ciudadanas, y el estado de derecho, múltiples denuncias, sucesos e indicios razonables expuestos por ciudadanos, líderes políticos, dirigentes de instituciones cívicas, y la prensa independiente, confirman que se han visto perjudicados con investigaciones de sus personas y trabajos, usándolos para la represión y el espionaje político, tanto como para encubrir la corrupción gubernamental. Por primera vez se revela en forma global, este accionar nefasto, propiciando una corriente de opinión pública, que lo desarticule, y evite así, una posible escalada hacia otros hechos delictivos con un grave desenlace. Hechos acaecidos como la ruptura de la página web, de Enfoques Digital, ruptura de la base de datos de "orejano", pinchadura de teléfonos, como el del senador Bordaberry, investigación del diputado J. C. Cardoso y muchos hechos más. Parece esto que se está transformando, en lo que yo ya pronostiqué, en comisariatos políticos o más peligroso, en grupos de vecinos que nos estemos espiando, unos a otros para denunciarnos o métodos ya aplicados por la DGI con acciones muy parecidas a la Gestapo, para saber si las casas están alquiladas o no, y como quieren implantar un sistema de espionaje a las familias, si tienen empleadas domesticas o no tienen
 
         Esto es grave, en primer lugar porque atenta contra los derecho a las personas. El derecho a la privacidad de los espiados ha sido afectado, y sabido es que la información que se reúne en estos casos, se utiliza habitualmente para extorsionar.

         Doblemente grave, es que esta acción sea ejecutada por agentes del Estado, en un gobierno que a hecho del respeto a los derechos humanos, una de sus principales banderas. Los antecedentes conocidos, indican que esta acción está destinada a obtener ventajas políticas para un sector determinado, utilizando métodos reprobables, pero además, confundiendo el interés del Estado, con interés particular, que es el de obtener beneficios políticos para el partido gobernante.
 
         Está en juego por último, el principio de la responsabilidad del gobierno. No es posible que diversas actuaciones gubernamentales, entre las que encontramos desde errores y desatinos, hasta fraudes y otros delictuosos, se sucedan sin que los responsables sean sancionados, y removidos de sus cargos. Las más altas autoridades de la Nación le deben una explicación a los ciudadanos, y es preciso que ésta sea creíble. La falta de credibilidad, corroe las bases de una sociedad democrática. El país no quiere más engaños, y es deber de las autoridades y los representantes populares demostrarle que en el desempeño de sus funciones, están buscando tapar los desaciertos de este gobierno.

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© Carlos Emilio La Banca para Informe Uruguay

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