Hurge un mismo rasero de justicia por Darío Acevedo Carmona - (Perfil) - Medellín/Colombia -

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         Si en Colombia nos pusiéramos de acuerdo en calificar a los grupos armados irregulares (léase guerrillas y paramilitares) y a sus comandantes como criminales de guerra, con toda seguridad nos ahorraríamos más de un mal entendido y más de una incoherencia. Pero, más allá de este acuerdo, creo que nos tendríamos que dar la pela de reconocer que en el país hemos vivido un conflicto armado. Obviamente de allí no se concluye el otorgamiento del estatus de beligerancia y sobre si la confrontación alcanza o no la dimensión de guerra civil podemos soportar la diferencia.

         ¿Por qué es importante llegar a este consenso?  La razón más poderosa de todas es que de esa forma le daríamos una mayor legitimidad a cualquier proceso de negociación con cualquiera de los grupos ilegales, se justificaría aplicar un igual rasero de justicia, de exigencia de reparación a las víctimas, de compromiso en la no repetición y de confesión de las verdades. Si así se hubiese procedido desde un principio, todo el escándalo de la parapolítica tendría otras connotaciones y manejos que a su vez deberían ser idénticos a los que se apliquen a aquellos políticos y dirigentes a los que se les compruebe nexos con las guerrillas. El mismo rasero permitiría comprender que a la alianza entre elites regionales, dirigencia de partidos, funcionarios de seguridad y miembros de la fuerza pública con organizaciones paramilitares, se le enfrentó una alianza de guerrillas con políticos locales, con algunos dirigentes nacionales, uno que otro periodista y uno que otro dirigente sindical (en este asunto reitero la invitación a leer el texto del ex dirigente comunista Alvaro Delgado: Todo tiempo pasado fue peor).

         Aceptar que lo que ha vivido Colombia es un conflicto armado, aunque algunos pensemos que este se encuentra en el fin del fin, tendría que llevarnos  a definir quiénes fueron o son los contendores. A entender, por ejemplo, que los umbrales mínimos de justicia universal, plantea para todos los que tomaron parte del mismo, idénticos preceptos y criterios de juzgamiento. Ayudaría a validar la negociación entre el estado y los grupos de autodefensa porque si se considera que el fin del conflicto debe ser negociado, ninguno debe quedar al margen de esa salida. Por lo demás, ahí hubo una experiencia importante de desmovilización.

         No sería lógico pensar que una masacre cometida por paramilitares es más grave y criminal que otra cometida por un grupo guerrillero. Que en el museo del terror de nuestra tragedia ha de figurar la motosierra, el cilindro bomba y la mina quiebrapatas. Tendríamos que alarmarnos tanto con  la infiltración paramilitar en la sociedad y el estado como con la practicada por las guerrillas aunque esta haya tenido menor eficacia. Se tendría que aceptar que las gestiones de Alvaro Leyva o de Piedad Córdoba con las Farc tienen un perfil humanitario en tanto no se compruebe su participación en hechos dolosos o de sangre, y, en la misma dirección, entonces, habría que entender la función cumplida por varios políticos que tuvieron su cercanía con las autodefensas, siempre y cuando no se demuestre que estuvieron incursos en delitos de sangre o de naturaleza grave.

         Voy más lejos, un acuerdo de tal envergadura, permitiría mirar con los mismos ojos la visita de un comandante guerrillero a Palacio o al Congreso (Recordar Francisco Galán del ELN), como la de voceros o delegados de los paramilitares a los mismos recintos. La única condición es que tales eventos tengan lugar en el marco de procesos de paz creíbles. Y con seguridad, perdería seriedad la utilización del dolor de las víctimas de uno sólo de los actores y la omisión de los intereses y la validez del dolor de las víctimas del lado contrario.

         En síntesis, un acuerdo sobre la existencia de un conflicto armado en los términos planteados, puede llevarnos más rápidamente a un fin del fin negociado. Pero, habría que entender que en este momento quien tiene que dar la señal para que ello ocurra es la guerrilla fariana y elena y que quienes estamos por la paz negociada debemos exigir a estas guerrillas el cese de sus operaciones violentas y la libertad incondicional de los secuestrados (que es lo que han pedido varios gobernantes y personalidades extranjeras, entre ellas José Saramago, Fidel Castro y hasta Hugo Cháves). Y supone también que la Oposición de izquierda y el liberalismo acepten de buena gana y como algo positivo que el Estado está en su derecho de poner las condiciones para esa negociación, así como se aceptó en 1998 que las condiciones fueran impuestas por las Farc. Habría que aceptar también la caducidad de prejuicios muy acendrados en cada uno de los bandos, pero particularmente en los de la izquierda, en el sentido de que los móviles de la guerrilla son altruistas y los de los “paras” son mera delincuencia común, cuando la experiencia de los últimos años demuestra que el altruismo desapareció hace buen rato de la carta de principios de los grupos armados irregulares.

         Y, por último, hablar en términos de conflicto armado tiene sentido sí y sólo si, aceptamos que la violencia de todos los pelambres, la de la extrema izquierda, la de la extrema derecha y la de agentes y organismos del estado que desfiguraron su misión, le ha hecho a Colombia un daño enorme, colosal y que por tanto, estaríamos comprometidos a rechazar categóricamente cualquier expresión de nuevos hechos de violencia. Ahí está ese gran instrumento de la Ley de Justicia y Paz, que no obstante sus imperfecciones, podría servir de modelo para aplicar en una negociación con las guerrillas aún activas. Negarnos a este acuerdo significa la persistencia de la doble moral con que se miran los problemas colombianos.

Septiembre 21 de 2008

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