Hundir al presidente Uribe por Darío Acevedo Carmona - (Perfil) - Medellín/Colombia -

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         Los críticos, opositores y enemigos del presidente se han puesto de acuerdo para realizar una maniobra que puede tener graves riesgos e impredecibles consecuencias. No quiero citar nombres de columnistas y políticos que entre bambalinas han venido aireando la idea de llevar al presidente Uribe ante la justicia internacional con el turbio propósito de hundirlo afuera ya que adentro les ha sido imposible. Ese parece ser el objetivo de fondo que se detecta en los últimos meses y días en los círculos en mención. No se si piensan que los tribunales internacionales se mueven al vaivén de señalamientos, prejuicios y rumores o que se van a encargar de dirimir problemas que no rebasan nuestras fronteras. ¿Qué diablos puede hacer un juez del exterior respecto de la acusación de cohecho contra el presidente Uribe? ¿Acaso las contradicciones y debates entre el presidente y la Corte Suprema puede constituir un crimen de lesa humanidad o de guerra o de genocidio como para salir a llamar a la Corte Penal Internacional para que intervenga? Se les ve la felicidad en sus caras con la anunciada visita que hará al país el Fiscal Luis Moreno Ocampo para pasar revista a los procesos sobre paramilitarismo y parapolítica porque creen poder enemistar al estado y al gobierno colombiano con dicha corte.

         Que nuestros conflictos se ventilen en estrados y escenarios internacionales no tiene ningún misterio ni desventaja. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU rinde hace varios años un informe sobre la situación de los mismos en Colombia y desde la presidencia de Samper se instaló, con la venia del estado colombiano, una oficina delegada del Alto Comisionado de la ONU para los DD. HH. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras, se refieren de forma acuciosa a la crítica situación de los derechos humanos en nuestro país. Pienso que el estado colombiano y gobiernos anteriores han aceptado de buena gana la vigilancia y la mirada crítica que se hace desde el exterior. Y hasta buen provecho de ello se ha sacado ya que hoy en día el discurso de los derechos humanos se ha convertido en un valor fundamental en nuestra vida además de que se ha validado y legitimado el mismo como filosofía de nuestro ordenamiento. Ya no existe frente al discurso de los DD. HH. tanto prejuicio como en el pasado, el estado acepta de buena gana pagar indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana y hasta propone arreglos a víctimas de violencia. Recientemente fue aprobada una Ley de reparación por vía administrativa para las víctimas del conflicto para ser resarcidas sin detrimento de las demandas penales contra los victimarios. Además, la situación de los DD. HH., como en general de la violencia en el país ha mejorado ostensiblemente en los últimos seis años. Se han desmovilizado más de cuarenta mil hombres militantes de grupos al margen de la ley, el paramilitarismo ha desaparecido como fenómeno contrainsurgente porque el estado ha reasumido el monopolio del orden y de la fuerza, las guerrillas que aún subsisten han recibido duros golpes y ello se traduce en vivencias de paz para los colombianos como también en el incremento de las percepciones de seguridad.

         El gobierno del presidente Uribe a través de su política de Seguridad Democrática ha logrado impresionantes avances en el combate a los grupos irregulares y en el afianzamiento del estado de derecho. Destacable ha sido el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y la consecuente apertura de procesos de verdad, reparación y justicia. Pocos días atrás, las fuerzas militares rescataron del horrendo sufrimiento del secuestro a quince personas que estaban sometidas a la arbitrariedad y a la barbarie en un operativo humanitario en el que no se disparó un solo tiro ni se derramó una sola gota de sangre.

         Por todo ello es que resulta incomprensible que los críticos y opositores del gobierno estén orquestando una movida que de cristalizarse podría traer consecuencias desastrosas para la vida nacional. A lo que me refiero es a la confluencia de voces que han salido ya de altos magistrados, ya de líderes del Polo Democrático como también de la pluma de varios columnistas ubicados en importantes posiciones de prestigio en la prensa nacional, en el sentido de intentar vender la idea de llevar nuestros conflictos ya no a los estrados internacionales sino propiamente ante la Corte Penal Internacional e incluso sugerir que el presidente Uribe debe compadecer ante dicho tribunal como si fuese un vulgar criminal de guerra. Las desbordadas reacciones de algunos comentaristas y opositores con relación al indebido uso de emblemas de la Cruz Roja Internacional en la Operación Jaque, más indignadas que la asumida por el propio CICR, planteando que ello constituyó una acto de perfidia y un crimen de guerra mientras estos se limitaron a exigir corrección de tal conducta a futuro, indican claramente cual es el parámetro ético de quienes consideran que el gobierno no debió haber bombardeado el campamento de Reyes ni debió engañar a la guerrilla para rescatar a los secuestrados.

         Hay dos cosas que es preciso decir con relación a esta campaña mediática. En primer lugar, se confirma que la oposición y los enemigos del gobierno insisten en criminalizar al presidente Uribe, en hundirlo a como de lugar, una táctica que se les ha convertido en peligroso bumerang, ya que en vez de lograrlo han favorecido el ascenso de la buena imagen del presidente no sólo en Colombia sino en otros países latinoamericanos. En segundo lugar, hay que decir que la CPI no tiene jurisdicción para intervenir aún en el caso colombiano, mucho menos para iniciar procesos contra un presidente elegido en democracia y legitimidad. Recordemos, además, que el presidente Pastrana hizo una salvedad de intervención de la CPI hasta el año 2009 lo cual limita su jurisdicción que de hecho tiene que ser adicionalmente subsidiaria. Esto quiere decir que los promotores de la idea están desenfocados, están amenazando con pistolas de agua  y que lo único que pueden crear es un ambiente de bulla y escándalo que habla más mal de ellos que del gobierno.

         Pienso que el enfoque predominante en la oposición y en la mayoría de columnistas de prensa, consistente en presentar al presidente Uribe como un violador de los derechos humanos, jefe de mafias, cómplice del paramilitarismo y como un dictador digno de ser llevado a estrados judiciales internacionales no sólo es una auténtica infamia, un craso desconocimiento de las transformaciones que han tenido lugar en el país en materia de violencia y conflicto, sino también una demostración de mala fe que enturbia y dificulta el necesario cambio de agenda que se debería producir en el país para prestarle atención a gravísimos problemas que subsisten en el campo del empleo, de la economía, de la justicia, de las costumbres políticas, de la educación, de la equidad y de la salud pública. La postura  fundamentalista de quienes exigen justicia absoluta, verdad absoluta y castigo absoluto en el proceso del paramilitarismo y de la parapolítica esconde en realidad sentimientos de venganza y de retaliación. Tan claro es el asunto que cuando los mismos temas de verdad, justicia y reparación aparecen en relación con las guerrillas y con su periferia civil, ahí las consideraciones cambian y emerge la idea de que se trata de delincuentes políticos o de perseguidos o de montajes oficiales o de delitos de opinión.

         En suma, pienso que quienes están alebrestando el ambiente con este tipo de posiciones y propuestas le hacen un daño terrible al ideal de la reconciliación y cometen una auténtica injusticia al enlodar al presidente con situaciones turbias. Deberían pensar si ese 89 0 90 por ciento de opinión favorable que lo acompaña hace buen rato es fruto de la propaganda, del engaño y de la demagogia, y que por tanto este pueblo está embrujado o alienado como sostienen los dirigentes de la oposición, o si lo que tenemos es, por el contrario, un consenso nunca antes alcanzado, en el sentido de que la autoridad del estado se está restableciendo y que eso es mejor que la justicia privada y que el hombre que ha propiciado todo este cambio no es otro que ese a quien ellos presentan como un delincuente. Es una verdadera paradoja que cuando más cerca estamos del fin de un conflicto que nos ha causado tan inmenso e inenarrable dolor y tragedia se dejen llevar por el sectarismo y por los prejuicios para crear un atmósfera de caos y de confusión o para hacernos creer que estamos al borde del precipicio según sus miradas apocalípticas.

         En todo caso, bienvenida la Corte Penal Internacional al país, la inmensa mayoría de este país democrático, asolado por la violencia de la extrema derecha y de la extrema izquierda, tenemos la firme esperanza de que puedan apreciar los avances del estado colombiano. No obstante, hemos de reconocer que todavía hay muchos criminales de guerra, sueltos y activos, a los que debe poner en su mira.

Colombia, agosto de 2008

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