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La suspensión de operaciones
de la DEA en Bolivia
por Marcelo Ostria Trigo (Perfil)
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Hace pocos días, el presidente Evo Morales, en un discurso pronunciado en una concentración de sus seguidores en el Chapare, zona de producción de coca, anunció su decisión –dijo que fue adoptada personalmente y, por tanto, bajo su propia responsabilidad– de suspender indefinidamente las operaciones en Bolivia de la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que cooperaba a Bolivia en la lucha contra la producción y tráfico de estupefacientes.
La decisión presidencial no tiene explicación racional. Parece ser el producto de una aversión visceral a todo lo norteamericano, y se traduce ahora en una pretendida “venganza”, porque los Estados Unidos cooperaron por lustros en las tareas de erradicación del cultivo ilegal de coca, principalmente en el Chapare –la tierra de los “cocaleros” de los que Evo Morales es su más alto dirigente. En consecuencia, aquello de que la DEA –antes fue el embajador norteamericano y USAID– estaban en actividades conspirativas contra el gobierno populista de Bolivia, resulta un cuento difícil de creer.
La suspensión de actividades de la DEA en Bolivia debilitará las indispensables labores de inteligencia para combatir el narcotráfico. Esa inteligencia tiene costos. En la lucha contra las drogas en nuestro país éstos gastos fueron absorbidos principalmente por el gobierno de los Estados Unidos que, además, dotaba a las fuerzas especiales de combate a las drogas con vehículos, helicópteros, armas, raciones alimenticias para la tropa y hasta uniformes, corriendo también con los pagos extraordinarios al personal boliviano asignado a esta peligrosa y sacrificada labor. Es previsible, entonces, que decaiga sensiblemente la eficacia en la ya larga campaña contra las drogas.
Bolivia, pese a que el consumo nacional de cocaína se ha incrementado, es un pequeño mercado para el narcotráfico. Por supuesto que hay otros mercados capaces de absorber la enorme producción: los vecinos, principalmente los de Argentina, Brasil y Chile e, inclusive, de Europa. La suspensión de las operaciones de la DEA, ordenada por Evo Morales, no sólo afectará a los Estados Unidos, país que recibe las diatribas y ofensas del populismo, sino también a presuntos aliados del populismo boliviano, que ya sufren los dramáticos efectos de la drogadicción.
La acción internacional de Bolivia, nuevamente tendrá que lidiar, ahora con mayores dificultades, con este espinoso asunto. No es previsible que la comunidad internacional quede impasible ante el desmantelamiento de un instrumento para luchar contra el narcotráfico. Hay que temer reacciones más graves que la exclusión de Bolivia del régimen preferencial aduanero concedido por los Estados Unidos a cuatro países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).
En algunos círculos del gobierno de Evo Morales se esparce la creencia de que, con la elección del senador Barak Obama como presidente de los Estados Unidos, habrá cambios dramáticos en la política exterior norteamericana hacia Bolivia y Latinoamérica. Pero, aun en el improbable caso de que los haya –habrá que tomar en cuenta que los países serios siguen políticas de Estado–, es previsible que la política de lucha contra el narcotráfico continuará siendo la misma y con igual intensidad.
Así quedará demostrado que los impulsos personales, especialmente los que llevan a acciones negativas, no rinden frutos. El odio es un sentimiento inferior y dañino, más aun en política, especialmente cuando muestra a gobernantes empeñados en consolidar regímenes autocráticos y, ciertamente, irresponsables.
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