Ante la caducidad de la Ley... Los «Intocables» por César García Acosta Técnico en Comunicación Social Editor Responsable de OPINAR

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         Siempre que se analizan episodios no tan distantes en el tiempo, de la vida social de un país, se levanta la sospecha de la visión interesada que desde el punto de vista político pueda hacerse.

         En mi caso, por una cuestión generacional, en aquéllos años duros que van desde 1968 a 1973, vivía mi infancia. No es la misma perspectiva la mía con apenas diez años en 1970, que la de un joven liceal inmerso en un contexto altamente politizado, donde un día no había clases para conmemorar la toma de Cuba por Fidel Castro y el Ché, otro día porque se había decidido apedrear la planta alta del viejo edificio de la UTU sobre la calle Magallanes y Gonzalo Ramírez, y otro día más porque el Gobierno había dispuesto “medidas prontas de seguridad”, constitucionales aunque severas, por vivirse una especie de caos interno y con el fin de combatir a un grupo sedicioso -como se lo llamaba más comúnmente por aquél entonces a los Tupamaros-, que secuestraban, robaban bancos, torturaban, mataban y agredían con bombas Molotov, incendiarias, las casas de sus adversarios de turno.

         Ciertamente aquél no es este Uruguay. A no ser por el nombre de algunos personajes algo distorsionados físicamente por el inexorable paso de los años, o porque ahora –de un lado o del otro del mostrador imaginario de la política transmutada los unos y los otros asumen roles contradictorios con lo que pensaban y hacían en los años 70, las cosas sí han cambiado.

         Hoy hay orden interno en el país porque hubo un cambio en paz, y porque ese “cambio en paz” lo lideró un partido político con trayectoria, presencia y credibilidad como el Partido Colorado.

         Pensar en Mujica y en Fernández Huidobro en el Parlamento, en el hijo de Sendic al frente de Ancap o en Eduardo Bonomi en el ministerio de Trabajo, es como una paradoja para el destino, cuando a éstos personajes su genética los preparó, los formó y los proclamó enfrentados a la democracia y la paz.

         Quizá por eso el Uruguay es tan atípico para el resto del mundo real. En Uruguay nada es imposible y mucho menos inalcanzable en el corto plazo. Es algo así como la ilusión del “5 de oro”: hoy no tenés nada y mañana podes ser millonario.

         Y en este contexto de años de silencio de décadas de Gobiernos democráticos, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, por cierto una ley imperfecta de naturaleza eminentemente política, no había sido cuestionada, aunque sí comprendida y soportada, como lo fue la también la Ley de Amnistía, dictada en la nueva democracia como mecanismo para habilitar que personas que atentaron contra la Constitución y el Orden Público, salieran o quizá nunca entraran a las cárceles por los crímenes por ellos cometidos.

         Este texto y contexto es por demás inequívoco: se amnistió a todos los que ofendieron a la democracia de una u otra forma. Los policías y militares torturadores y asesinos fueron ubicados en el plano de “intocables” para la Justicia, idéntica condición que se adjudicó a los tupamaros que intentaron quebrar el orden institucional también matando, secuestrando y robando.

         Hoy pasadas décadas de aquéllos tiempos e instaurada la democracia, vuelve a levantarse en el país el estigma de la Justicia que sólo contempla el crimen de un solo lado del esquema insurreccional de aquélla época. Hoy vuelve a ser heroico haber incendiado un ómnibus en la puerta de la Facultad de Derecho, hoy los Olimareños –como broche de una campaña electoral, pretenden volver a despedirse cantando “la segunda Independencia” bajo la batuta de Mujica, mientras también hoy, algunos derechistas oscuros del Uruguay de los 70, se insertan en los partidos políticos con el ánimo de solucionar los problemas de la seguridad pública que padecemos los uruguayos silenciosos. A esos policías de ayer, recuérdese bien, se les escaparon cientos de tupamaros de la cárcel de Punta Carretas.

         La filosofía política y la dinámica social no da tregua, aunque el imaginario se empecine en retener varios episodios del escenario ciudadano, los que más allá del cambio radical de los años, nos permiten volver a ver, en penumbras, al Uruguay del miedo y de la incertidumbre.

         Por estos días el diario LA REPÚBLICA que en su prédica constante por la anulación de la Ley de Caducidad, consignó con seriedad y llamativa reverencia una crónica sobre el pensamiento del ex Fiscal Penal y ex Procurador General de la Nación en lo Contencioso Administrativo, también docente universitario de derecho penal, el Dr. Miguel Lanzón, quien dijo a propósito de aquéllos años y en defensa de la teoría que indica que formalmente en Uruguay existió un Escuadrón de la Muerte, que no lo hubo aunque sí hubo muerte producto de un enfrentamiento entre grupos guerrilleros, policías y militares.

         De ser cierta esta teoría, de ser probada a nivel judicial, de ser considerada como un hecho destacable, habrán caído muchas verdades a medias contadas por los expertos del papel y la tinta, como Mauricio Rosencof, que a partir de su rol de “Leonel, el Fiscal del Pueblo”, orquestó toda una teoría que consumó al entrevistar al secuestrado Nelson Bardesio, un policía al que para sacarle bajo tortura que sí había un Escuadrón de la Muerte, encabezado por el entonces subsecretario del ministerio del Interior, el Dr. Armando Acosta y Lara, debía ser ajusticiado. Obsérvese la maestría de quienes idearon la ruptura con el poder democrático por aquél entonces, que lo que Rosencof hizo y que hoy se ve como un acto político amparado en la búsqueda de la verdad, fue solo una verdad a medias construida sobre la base de una mentira arrancada bajo la presión del miedo y la tortura.

         Por eso es recomendable analizar desapasionadamente la posición de que la existencia del «Escuadrón de la Muerte», según Langón, es una invención «propagandística de los subversivos», así como que no existen pruebas válidas para juzgar, como se está haciendo, al empresario Miguel Sofía a quien imputan el crimen de Héctor Castagnetto. Esto consta en un informe de este abogado que está a consideración judicial.

         Y dice más: «usted -dirigiéndose a Sofíaagrega Langón, ha sido víctima de una constante campaña de estigmatización desarrollada hasta el presente, que lleva años de elaboración iniciada por sus adversarios, verdaderos enemigos suyos, desde su adolescencia, obviamente que con mucha anterioridad al hecho puntual aquí tratado».

         Y amplía: “la campaña o el juicio mediático de parte de la prensa, la ‘comunis opinio’, incluida la de nivel parlamentario, entre otros, dan por acreditada su participación en los hechos, confirmando el viejo dicho de Goebbels de que una mentira repetida continuamente se transforma en realidad».

         Sobre el soporte de toda esta arquitectura política, destaca Langón que “… la única y fundamental prueba de la existencia de un supuesto Escuadrón de la Muerte … fue el testimonio arrancado bajo tortura, por sus enemigos políticos, un terrible grupo revolucionario o subversivo, que hace de esa declaración un hecho ilícito que no tiene ningún valor de incriminación en un Estado Constitucional de Derecho».

         Bardesio fue sometido a «tortura psicológica » y la misma no puede distinguirse de la cual eran víctimas los militantes de esa organización. «La tortura es tortura siempre », dice Langón, para agregar que «Bardesio no es victimario sino víctima».

         Y en este contexto plantea que “… tampoco son válidas las declaraciones de Miguel «Manolo» Hevia, «agente encubierto de una nación extranjera Cuba, infiltrado con mucha anticipación en esferas nacionales, y enemigo ideológico y político del gobierno democrático nacional de la época », ni del ex integrante del Escuadrón, Nelson Benítez, ni del criminal que interrogó a Bardesio en prisión, el dirigente tupamaro Mauricio Rosencof”.

         Pero Langón va mucho más allá y dice: “… el proceso judicial sustanciado viola el principio del «non bis in idem» y vulnera las garantías de seguridad y certeza jurídica. La tipificación responde a delitos no existentes al momento de una presunta comisión (como el de ‘desaparición forzada de personas’), en todo caso ya prescritos, y que se levantan de nuevo de sus cenizas, para constituir con toda la ominosidad que lo rodea un perfecto caso de ‘derecho penal para enemigos’, contrario al derecho liberal, constitucional, social
y democrático».

         El informe pone en tela de juicio la existencia del Escuadrón de la Muerte. «Se sabe que no existió como tal, sino que esa fue una denominación que se le dio en la jerga periodística y propagandística de los subversivos, a una serie de organizaciones presuntamente existentes que actuarían al margen de la ley, combatiéndolos». En este contexto de “mentiras verdaderas”, con visiones estereotipadas, alzarse contra una ley ratificada por el pueblo en las urnas como signo de paz, más allá de su imperfección jurídica, vuelve a constituirse en un atentado contra la democracia.

         La libertad, para ser tal, debe tener límites; la política para constituirse en un instrumento legitimado, debe ser necesariamente impecable. Sustentar la seguridad jurídica en la aplicación de criterios imperfectos puede resultar tan grave como incendiar un ómnibus, bloquear un puente, robar un banco, secuestrar o desestabilizar a una democracia estable.

         Nos debemos mucha más sinceridad que la que estamos demostrando, porque al seguir por este sendero en donde se subvierte el orden legal de acuerdo al pensamiento del gobierno de turno, se está generando una política de «intocables», que si bien beneficia circunstancialmente a los de hoy, construye una ciudadanía alterada y carente de la seguridad de la verdad manifiesta.

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