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Las motocicletas no están
por Dr. Francisco Gallinal
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El Poder Ejecutivo, esgrimiendo la excusa que necesita más tiempo para coordinar la acción de los diferentes agentes vinculados al tema, le solicitó al parlamento una prórroga por un año de la entrada en vigencia de la ley que establece como obligatorio el seguro de automotores, cuya entrada en vigencia estaba prevista para el próximo 18 de mayo.
Nosotros, por distintas razones, compartimos la suspensión de la aplicación de la norma. La que no la compartió fue la bancada de Senadores del gobierno que decidió votar una prórroga por noventa días, con el propósito de facilitar la difusión del alcance del nuevo seguro y a partir del 18 de agosto próximo, darle ya vigencia y obligatoriedad.
El primer argumento que pusimos arriba de la mesa fue el de la inclusión de las motos en el seguro obligatorio. Nos resulta una interpretación absolutamente antojadiza y que va más allá de lo que dice la ley, incluir a las motos en la obligatoriedad del seguro. Primero porque cuando se aprobó la norma se incluyó el término “vehículos automotores” en el entendido que del mismo las motocicletas quedan excluidas; y en segundo lugar porque siempre dimos por entendido, y así lo expresamos, que las mismas no estaban incluidas en la disposición. Pero ahora resulta que el gobierno las quiere incorporar.
Otro fundamento de peso para repensar la ley es el de la situación económica que hoy vive el país, absolutamente distinta a la de la época en que se aprobó la ley. Para los sectores más carenciados, aquellos que precisamente son los propietarios de los vehículos automotores más modestos, se hace muy difícil pagar una prima que mucho más que un seguro es un impuesto encubierto, como muy bien me lo ha explicado mi estimado amigo el Dr. Guillermo García Costa.
Otro tema fundamental a tener en cuenta es el valor de los seguros actuales. Cada vez que discutimos ésta ley en la Comisión de Constitución del Senado, en cada oportunidad en que compareció a la misma el Directorio del Banco de Seguros del Estado, o la directiva de la asociación de empresas aseguradoras, planteamos que nosotros no estábamos dispuestos a votar el proyecto, si como consecuencia de su aprobación terminaba subiendo el valor de la prima que actualmente se está abonando. Más aún, a nuestro juicio el nuevo “seguro obligatorio” debería significar en el mediano plazo, la disminución del valor actual de dicha prima.
Mucho nos tememos que a ésta altura, y de acuerdo a lo que surge de la exposición de motivos que nos enviara el gobierno, no alcancen los recursos para el Fondo de Garantía que se crea por la ley y por ende, terminen pagando más los que hoy y siempre han sido fieles clientes de las empresas aseguradoras y han tenido sus vehículos asegurados ya no solamente contra terceros, sino también contra todo riesgo.
En conclusión, la suspensión de la aplicación de la ley debe servir para repensar la norma, para estudiar su modificación, para excluir las motocicletas y para buscar una fuente de financiación que no pase por nuevas injusticias, que no pase por aumentar el valor de los seguros vigentes, que no signifique que aquellos que a duras penas pueden tener un vehículo ahora, además, tengan que pagar un impuesto.
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