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Año V Nro. 338 - Uruguay, 15 de mayo del 2009   
 
 
 
 
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Darío Acevedo Carmona

¿Quién le teme a la CPI?
por Darío Acevedo Carmona - (Perfil) - Medellín/Colombia -

 
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         La reciente condena de Alberto Fujimori por la Corte Suprema del Perú por violación de los derechos humanos ha llenado de ínfulas a quienes en Colombia sueñan con llevar al presidente Uribe a la Corte Penal Internacional. Bases y dirigentes del Polo, del liberalismo y de ONG humanitaristas lo expresan en cócteles, mítines, conferencias, simposios, corrillos y columnas de prensa. No se limitan a comparar a Uribe con Fujimori sin importarles que aquel no ha clausurado el congreso y ha respetado las libertades de prensa y de opinión, miembros del coro lo comparan con el chafarote de al lado, al que en silencio admiran por su posición  antinorteamericana.

         Pero en vez de polemizar sobre estas forzadas comparaciones me interesa considerar qué tanto cuerpo y seriedad pueden tener las viejas aspiraciones (en estas llevan más de 15 años) del coro antiuribista de hacerlo comparecer ante la Corte Penal Internacional. Recordemos que la CPI es un organismo adscrito a la ONU creado en Roma/1998 y que entró en funciones en 2002. Pretende cumplir un ideal de justicia universal para aquellos individuos que cometen crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio cuando los sistemas de justicia del país de origen no son capaces de castigarlos o los declara reos internacionales.

         El presidente Pastrana y el Congreso aprobaron que Colombia hiciera parte de la CPI, pero pidieron una reserva de siete años para que no tenga jurisdicción sobre los crímenes de guerra en el país. La idea era dejar una puerta abierta a las guerrillas para una eventual negociación de paz. El electo presidente Uribe aceptó tal salvaguardia. Hasta el presente, el gobierno y la justicia colombiana no han puesto en manos de esta Corte ningún caso. Además, el país se ha puesto a tono con la nueva normatividad internacional en el tema humanitario al negarse a otorgar indulto y amnistía a miembros de grupos armados ilegales incursos en graves delitos y ha optado por aplicar a los paramilitares desmovilizados la justicia alternativa avalada por la comunidad internacional. Los que sueñan con someter algún día al presidente Uribe ante este tribunal desconocen todo lo anterior y omiten otras consideraciones de gran importancia como que la CPI no se mueve al vaivén de las presiones, ni de las campañas publicitarias y que procede por iniciativa propia

         El coro agita en todos los espacios de opinión, que no son pocos, la idea de que en Colombia el Estado es el principal responsable de la violación de los derechos humanos. Que existe una política de estado para violar los derechos humanos, tal como ocurrió en las dictaduras del Cono Sur, que el gobierno colombiano manda matar a sindicalistas y campesinos para luego presentarlos como dados de baja, que Colombia es una democracia de pacotilla gobernada por un tirano, ligado a la mafia y a los paramilitares. También dicen que ordenó masacres como la del Aro en Ituango cuando era gobernador de Antioquia. Sin embargo, hablando en plata blanca, no tienen con qué armar un expediente, todo es palabrería huera, propaganda escandalosa y adjetivos de grueso calibre. Ni siquiera el gobierno ecuatoriano tendría como acusarlo ante la CPI por el ataque en que fue dado de baja alias Raúl Reyes, pues tendría que demostrar la no vigencia de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU.

         Si le otorgáramos seriedad al griterío del coro, entonces los que deberían entrar en pánico serían en su orden los presidentes Betancur por la retoma del Palacio de Justicia, Gaviria porque cuando fue ministro de Gobierno de Barco y presidente ocurrió el exterminio de la UP, Samper durante cuyo mandato ocurrieron las peores masacres del paramilitarismo y las grandes tomas de las Farc, y en ese orden Pastrana y Uribe. El coro cree que la CPI no debe atemorizar a quienes han secuestrado por miles, a los autores de las masacres de Machuca y de Bojayá y de otros crímenes horrendos. En contraste, frente a quienes sí deben temer la intervención de la CPI, es decir, los dirigentes guerrilleros, el coro guarda silencio. No los presionan para que dejen las armas y el terror, y se avengan a una negociación en términos de la Justicia Alternativa. Les parece que eso sería una humillación a unos “combatientes altruistas”. Frente a ellos no hacen advertencias, ni llevan contabilidad, ni arman expedientes, ni organizan campañas en el exterior, ni los presentan como violadores del DIH y los derechos humanos. Todo lo contrario, llaman a comprenderlos, a abrirles nuevos espacios a cambio de nada.

         Más allá de toda la parafernalia contra Uribe, lo serio y lo consistente es que quienes deben temer a la CPI son los comandantes jefes guerrilleros, pues la justicia colombiana les ha estructurado expedientes sólidos, con pruebas, testigos y víctimas que claman por la verdad. Pronto vencerá la salvaguardia frente a la CPI y entonces serán perseguidos en cualquier lugar del mundo.

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