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La Carta Democrática Interamericana
por Marcelo Ostria Trigo (Perfil)
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Un anhelo de nuestros pueblos es que en América prevalezca la democracia. Ya en la Carta de 1948 de la Organización de los Estados Americanos se afirmó el objetivo de “Promover y consolidar la democracia representativa…”. Luego, persistió la determinación de establecer un mecanismo colectivo para la defensa de la democracia y de la vigencia de los derechos humanos en los países miembros de la organización hemisférica.
A iniciativa del gobierno del Perú, que salía de una experiencia política traumática, en la Cumbre de Québec de abril de 2001, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas declararon: “Las amenazas contra la democracia, hoy en día, asumen variadas formas. Para mejorar nuestra capacidad de respuesta a estas amenazas, instruimos a nuestros Ministros de Relaciones Exteriores que, en el marco de la próxima Asamblea General de la OEA, preparen una Carta Democrática Interamericana que refuerce los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa”.
En septiembre de 2002, la Asamblea General de la OEA, reunida en Lima, Perú, aprobó por unanimidad la Carta Democrática Interamericana, afirmando que “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, y que “La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”. Se establecieron mecanismos para la defensa de este principio y se aseveró: “El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.
Quedó claro que la democracia no se limita al ejercicio electoral; se manifiesta en el permanente respeto a la ley, a los derechos individuales, a la libertad y a la justicia. No hay democracia si, como en Bolivia, se reprime injustamente ocasionando muertos y heridos; se apresa a ciudadanos contrariando las leyes; se tuerce a través del fraude la voluntad de los electores; se cerca el parlamento, pretendiendo obligar a diputados y senadores a renunciar a sus convicciones; se protege a funcionarios corruptos; se acusa, sin pruebas, de traidores a la patria a ciudadanos de una región, atribuyéndoles acciones separatistas; se persigue a periodistas; se anula el tribunal constitucional y se procura avasallar la justicia.
La esperanza que nació con la Carta, se esfuma. Nadie ha promovido su aplicación ante las notorias acciones para sustituir la democracia por autocracias populistas sustentadas por la fuerza. La propia secretaría general de la OEA, parece secuestrada y cohonesta el autoritarismo prevaleciente en ciertos países.
La omisión culpable, se ha hecho común. Muchos gobiernos prefieren el conformismo, en vez de denunciar a quienes atentan contra la libertad ciudadana.
Aplicar la Carta Democrática Interamericana es, ahora, la manera de proteger al continente de la mancha de las dictaduras.
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