La tiranía de una minoría por Darío Acevedo Carmona - (Perfil) - Medellín/Colombia -

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         La acción vandálica protagonizada por un minúsculo grupo de estudiantes en la Universidad Nacional el pasado jueves 9 de octubre nos remite de nuevo a un debate inconcluso sobre la violencia en los recintos universitarios. Recordemos que a raíz de algunos videos de encapuchados en la Universidad Distrital y las denuncias sobre infiltración de grupos irregulares, se adelantó una discusión que involucró a diversos estamentos y personalidades. Hubo voces que interpretaron las denuncias como un intento de desprestigiar y denostar a la universidad pública, otras fueron más lejos al plantear que no era necesario hacer tanto escándalo pues los videos, las capuchas y las acciones violentas eran parte del paisaje universitario y que por tanto había que mirarlas como expresión válida de la rebeldía juvenil. Algunos minimizaron los hechos y concluyeron que a esas cosas no había que prestarles atención.

         Y mientras la desidia, la omisión y la permisividad se apodera del espíritu universitario, los pequeños círculos que practican impunemente la violencia, que obstaculizan con frecuencia alarmante la marcha normal de la academia y desdibujan la noble misión de la universidad, prosiguen con su accionar destructivo. Aunque a esos grupos les encanta hasta la obsesión atacar al estado, pues para ellos el estado es sinónimo de negación de la libertad, a la autoridad, pues esta es lo mismo que autoritarismo y a la fuerza pública porque es sinónimo de represión, lo que en realidad hacen y consiguen es negar la libertad de las mayorías con sus poses autoritarias y reprimir con su violencia a quienes quieren estudiar. Mancillan nuestros campus y se constituyen en los enemigos más acérrimos de la universidad pública pues son los más activos en desprestigiarla ante la sociedad y ante el pueblo (al que con cinismo dicen querer ver en la U).

         Los actos de destrucción contra el edificio donado por el egresado Luis Carlos Sarmiento (cuyo costo fue de 18 mil millones de pesos) como gesto de gratitud y reconocimiento con la universidad y la agresión contra las personas que estaban en el acto no pueden tener justificación en ninguna causa justa. No debe ser considerado como una protesta porque la protesta tiene límites. No es aceptable dejar de considerar estas acciones como lo que son, hechos de violencia que deben ser investigados por las autoridades judiciales y de policía. Los estamentos universitarios y sus directivas no deben dar la más mínima muestra de tolerancia o comprensión con hechos que buscan enlodar todo lo positivo que tiene la universidad. El movimiento estudiantil, sus organizaciones, igual los profesores, los empleados y sus organizaciones, los grupos políticos que se mueven dentro de la vida legal, todos a una y sin esguinces, tienen el deber ético y moral de expresar su más profundo rechazo al vandalismo y exigir el razonable castigo de los responsables.

         Hasta ahora se ha respondido con una tolerancia que raya en la cobardía. Nos dejamos chantajear por el prejuicio de que abogar por la autoridad es autoritarismo, que pedir respeto es una tontería, que la destrucción de las instalaciones educativas es parte de la protesta, que la libertad todo lo permite. De esa forma hemos terminado sojuzgados y oprimidos por la tiranía de unas minorías que no nos representan y somos timoratos en decirle a la sociedad que somos otra cosa y mostrar nuestros aportes a la ciencia, a las artes y a la cultura. 

         ¿Cómo se explica que una comunidad compuesta por más de 45000 estudiantes, de cerca de 3000 profesores, de más de 2000 empleados, que recibe un generoso presupuesto cercano al billón de pesos, no reaccione con energía para defender con orgullo nuestra universidad? ¿Será que no hay sentido de pertenencia, que no apreciamos lo que tenemos? ¿Será que el discurso por la defensa de la universidad pública es mera retórica?

         Pienso que estamos en mora de realizar un profundo análisis sobre estos y otros interrogantes. Y dicho ejercicio hay que adelantarlo entre todos los estamentos, con plena libertad, sin amenazas, sin agresiones, sin el hostigamiento de grupos que basan su poder en la violencia. Es el momento de reflexionar sobre el destino que nos espera si seguimos dejándolo a merced de los violentos, pero sobre todo de redefinir quiénes son los verdaderos destructores de la función y la misión pública que cumple la universidad. Llevamos casi 40 años diciendo que el estado quiere privatizar la universidad, que el estado es enemigo de la universidad, que el estado es un entrometido e impone a los rectores. Es evidente que un discurso antiestatal ha predominado en las universidades públicas. Algunos grupos de activistas se han encargado de crear un ambiente hostil frente a la presencia del estado, mientras por otra parte y de modo contradictorio, por no decir oportunista, se llama a la defensa del carácter publico (es decir, estatal) de la universidad. Se trata de un discurso que impide una relación de armonía o de crítico entendimiento entre dos instituciones que se requieren y se deben complementar: el estado y la universidad. El discurso hostil ante los gobiernos, ante las autoridades, ante la fuerza pública, ante todo lo que represente el estado, se convierte en alimento de conductas de resentimiento puesto que se parte del hecho de que el estado incumple sus compromisos financieros con la universidad y que debería dar más de lo que otorga.

         Ese discurso, hay que decirlo sin ambages y sin sonrojo, carece de fundamentos sólidos, pues no hay una sola universidad pública o privada en nuestro país que tenga más soporte y respaldo económico que la Universidad Nacional de Colombia, que tenga campus más agradables y placenteros, que disponga de los laboratorios más avanzados, que otorgue tantas becas, matrículas a bajo costo y otros estímulos que los que otorga la Nacional. No hay una universidad en el país que tenga tantos grupos de investigación científica, que ofrezca tantos programas de pre y posgrado, que tenga tantos profesores de tiempo completo, que ofrezca a sus docentes tantas oportunidades de capacitarse en el exterior y de apoyar eventos y desplazamientos para exponer sus productos a los colegas de otras latitudes.

         No es este el espacio para hablar de cifras, pero quienes trabajamos en la Universidad Nacional tenemos a nuestro alcance, año por año, un informe oficial de gestión que nos debería hacer sentir orgullosos del alma mater, informe que deja ver el costo que asume el estado por cada estudiante/semestre, que nos dice que cerca del 75% de los estudiantes matriculados proceden de los estratos más populares (1, 2 y 3), que cada año se gradúan para satisfacción de sus familias y para beneficio de la sociedad cientos de nuevos profesionales. Llevo casi cuarenta años de vínculo con esta universidad y no creo ser un caso especial sino uno más entre miles. Fui estudiante, fui activista estudiantil, protesté como muchos otros, soy profesor hace más de 22 años, he tenido todas las oportunidades, todas las facilidades, como la gran mayoría de mis colegas, he investigado, he publicado libros y artículos, he recibido siempre de forma puntual y correcta mis salarios y prestaciones. Soy lo que soy en la vida gracias a la Universidad Nacional, lo digo con orgullo y satisfacción, también con inmensa gratitud.

         Al expresar estas reflexiones y sentimientos no estoy negando que la universidad cumple una función crítica en la sociedad, que ella tiene que ser ajena a los intereses político-partidistas, que debe guardar distancia con el estado, pero distancia no quiere decir enemistad. Pienso que en ella tiene cabida la protesta y que sus integrantes deben estar organizados y que no hay que temerle a las asambleas ni a los paros ni a los grafitis, pero sí a la violencia, al autoritarismo, al atropello a la libertad y a todo aquello que desvirtúe la misión sagrada que ella cumple. Por eso manifiesto mi asombro ante la pasividad de toda la comunidad universitaria con la afrenta de ese minúsculo grupo de estudiantes y otras agresiones y amenazas. Es muy grave que nos quedemos callados, que no protestemos contra la barbarie, que no nos inmutemos ante el daño causado a la imagen de la universidad pública. Es inexplicable que no hagamos alarde de todo lo que significa en nuestras vidas y de todo lo que significa para este país la Universidad Nacional de Colombia.

Octubre 13 de 2008

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