La responsabilidad del ministerio del Interior, en la muerte de una honrada ciudadana, a raíz de la indolencia de los actos de subordinados de la ministra a quienes avala en sus procedimientos por Walter Sánchez Sedez (Perfil)

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         A las 11 de la mañana del 9 de octubre pasado, en el cementerio de la ciudad de Libertad, le dimos sepultura a Isolina Trapolini de Casotti.

         Doña Isolina era la suegra de mi hermano mayor y falleció el 8 de octubre en el sanatorio Juan Pablo II del Círculo Católico en la ciudad de Montevideo.

         Doña Isolina no pudo festejar sus 80 años, cumplidos el pasado 27 de setiembre y ser agasajada por familiares, vecinos y amigos de la ciudad de Libertad, que mucho la apreciaban, porque había sufrido un infarto cerebral días antes de cumplirlos y debió ser trasladada desde Libertad e internada en forma urgente en el CTI del antes citado nosocomio en estado reservado.

         Las familias respectivas del matrimonio Cassotti-Trapolini, compuesto por Eladio e Isolina, fueron de los tantos inmigrantes italianos que llegaron a nuestro país y que con su esfuerzo y tesón contribuyeron a escribir las páginas más duras, como honrosas y de desarrollo del Uruguay, a través de su historia.

         Eladio e Isolina se afincaron en Libertad a fines de los 40, fundando con mucho esfuerzo, en los 50 y pico, un almacén tipo “Pulpería de campaña” en lo que es hoy conocido como “Camino al Penal de Libertad”. Naturalmente el pueblo de Libertad no era por aquella época lo que hoy representa; Eladio recorría los kilómetros que distaban del pueblo en una bicicleta con un carro para aprovisionarse de los víveres necesarios para su comercio y con la misma, recorría el caserío de los alrededores entregando la mercadería solicitada.

         Con trabajo y más trabajo trascurrieron sus vidas y al pasar los años, el hogar de Eladio e Isolina se alegró con la llegada de su única hija. Como el almacén-pulpería era parte de la casa misma, la pequeña dio sus primeros pasos entre la casa y el almacén a través de una puerta que “nunca se cerró” y que solo dividía el lugar de trabajo del de descanso y sosiego familiar.   

         A principios de la década del 70, en un país convulsionado, el gobierno de entonces decide trasladar a los presos políticos al Penal de Libertad. Ese centro se conoció en la larga y oscura noche que vivió el país hasta la recuperación de la democracia como: “Establecimiento de Reclusión Militar Nº 1”. Y fue a partir de esa época que el almacén “Los Paraísos” (así se llamó siempre, salvo el breve tiempo del que me vi obligado a hacerme cargo) comenzó a jugar otro rol: ser un almacén que fue un lugar utilizado por los familiares de los presos políticos (cuando se les permitía la visita) donde dejaban sus pertenencias y compraban comestibles (los que eran permitidos) para sus familiares recluidos como también siendo proveedores de víveres para el personal militar destacado allí.

         Con el advenimiento de la democracia, el almacén siguió cumpliendo con ese rol, abasteciendo a familiares de reclusos y a policías del Establecimiento y concurriendo al Penal los días indicados por la administración, para llevar alimentos tanto a policías como reclusos, luego de ser solicitados telefónicamente por sus familiares en el caso de los presos.

         Mi hermano mayor, con 23 años de edad,  llegó al Penal de Libertad en el año 1975, designado por su unidad de origen a prestar servicios por 6 meses y estuvo finalmente 11 años y 7 meses, siendo de los últimos integrantes en retirarse, volviendo a su unidad militar después de que el gobierno constitucional liberó a los presos políticos recluidos en el Penal, en marzo de 1985. En el año 78 se casó con la única hija del matrimonio Casotti-Trapolini con quien tuvo dos hijos de 28 y 25 años de edad respectivamente al día de hoy. Al fallecer su suegro, en 1995 y, con el ánimo de evitar el cierre del histórico almacén, con su esposa colaboran en el comercio ayudando a su suegra hasta entrado el nuevo siglo. Cuando por su avanzada edad doña Isolina no puede estar al frente del almacén, finalmente se hacen cargo del comercio, continuando con la tarea de prestar servicios a los vecinos del lugar, policías que cumplen funciones en el Penal y familiares de reclusos que durante toda la semana concurren de visita, donde siguen dejando sus pertenencias con las que no pueden ingresar al Penal.

         Un episodio ocurrido el 2 de noviembre del año pasado (que se dirime en los organismos correspondientes) motivó que el novel director que no llevaba 4 meses en el cargo, dictara una Orden de Servicio prohibiendo el ingreso al Penal, al almacén y/o a cualquier integrante de esa Razón Social. Enterado de tal situación intervine, solicitando una entrevista con el director, la que me fue concedida el día 28 de noviembre y que duro aproximadamente dos horas.

         El intercambio transcurrió con relativa cortesía, salvo algunos detalles que confirmaron mi presunción del “tipo de individuo ante quien me encontraba”.

         A pesar de la tensa calma que primó en gran parte de la entrevista, pude percibir que estaba ante una persona que lejos de estar preparado para administrar una Penitenciaría, demostraba que fue formado en la “Doctrina de la Seguridad Nacional” de la dictadura pasada y como consecuencia de ello, especial para dirigir un “Campo de Concentración”, el hoy “Guantánamo” uruguayo como lo he llamado en varias entrevistas.  

         Este hombre (mayor de la guardia Metropolitana Diego Enrique Fernández), tuvo la mala suerte de haber nacido hace 51 años y en Uruguay, cuando su lugar ideal para nacer hubiera sido la Alemania o Austria de fines del siglo XIX para, al inicio de la segunda guerra mundial, con 40 o 45 años de edad, servir a Hitler administrando cual Mesías, la vida y la muerte.

         A raíz de la fallida entrevista con Fernández (al finalizar la misma), siguiendo con los preceptos constitucionales, presentamos en la sección Ayudantía del Penal, un Recurso de Revocación, Jerárquico y Anulación contra la Orden de Servicio Nº 043/2007, Recurso qué, pasados ya 10 meses y 11 días, aún no ha sido contestado.

         Con el correr de los días, el mayor Fernández formó a su tropa en el Penal aleccionándolos y notificándoles la prohibición a sus subordinados de concurrir al almacén o consumir productos del mismo so pena de recibir las sanciones correspondientes.

         Un jerarca policial, integrante de una de las administraciones anteriores del Penal, al hablar sobre las características del almacén, dijo que: “cumplía un servicio social que ayudaba a descomprimir situaciones de tensión en el Establecimiento”, pero esto no significó nada para el mayor Fernández.

         En realidad el fuerte del almacén era el servicio al Penal y al impedírsele el ingreso al mismo, el comercio poco a poco se fue convirtiendo en un páramo. La indignación reinante en la familia era ostensible pero menos fuerte que el temor que infundían algunos uniformados amanuenses del director Fernández. De allí que estuvieran por cerrar el comercio después de tantos años de sacrificio.

         En virtud de esos hechos y para evitar el cierre, les propongo hacerme cargo del almacén abriendo una nueva Razón Social hasta que se solucionara el “diferendo”. Mi hermano ha sido toda su vida un hombre de trabajo no teniendo jamás problema de ningún tipo, pero las llamadas telefónicas anónimas y amenazantes, recibidas en el comercio, mellaron su apacible vida comercial y de servicio. Conmigo iba a ser diferente porque a los cobardes institucionales se les combate, se les desenmascara y se les destruye y yo estaba dispuesto a hacerlo. Acordados los términos, realicé todos los trámites correspondientes a los efectos de hacerme cargo del comercio al que bauticé: “Él Abusó”, por la arbitrariedad del director del Penal. Esta nueva actividad modificaría mi vida, quitándome un tiempo valioso que dedicaba a mis otras actividades, pero estaba dispuesto a hacerlo. Es entonces que a partir del 1 de febrero de 2008 firmo un Comodato Precario (refrendado con certificación notarial) con las propietarias del comercio, doña Isolina y su hija (mi cuñada), solicitando a su vez en UTE el cambio de titular del suministro de energía eléctrica como también la solicitud a ANTEL de un servicio telefónico el cual fue instalado con el número 0345-4522, obviamente ambos a mi nombre.

         También con fecha 1 de febrero, a través de los servicios profesionales del Estudio Contable Lluviera-Velázquez solicité autorización a la DGI para la impresión de documentación de la Razón Social cuyo número de autorización fue 34080001798 registrándose con el Nº de RUT, 170220250011 como así también la presentación al BPS de la nueva Razón Social legítimamente instalada y haciendo honor a la normativa vigente que rige en el país para aquellos que realizan emprendimientos comerciales. En la imprenta “Diagonal” de la ciudad de Montevideo, mandé confeccionar  las facturas de contado, por “tres vías”, con el propósito de “innovar” en el servicio. La idea era que quería tener la tranquilidad de que el procedimiento se realizara como correspondía, quedándome con una vía firmada por el funcionario de Revisoría del Establecimiento penitenciario luego de la entrega de los víveres solicitados, una vía para la sección Revisoría para su control y la restante para el recluso que recibe el pedido, en virtud de que en muchas ocasiones no le llegaba al recluso su compra o la compra que realizaran sus familiares, y eso sucedía, porque existen funcionarios policiales que le roban a los reclusos, repito para que no queden dudas, porque no haré lo de Guarteche: hay funcionarios policiales que le roban a los reclusos lo que le traen sus familiares, desde ropa hasta alimentos.

         Toda esta documentación la presenté en la Dirección Nacional de Cárceles, solicitando prestar los servicios que el comercio cumplía hasta que se le impidió el ingreso, con las innovaciones a las que he hecho referencia.

         Esta nueva experiencia, me permitió ver una realidad que el ciudadano común desconoce y por ello en el mes de abril envié a todos los legisladores y muchos medios de prensa, un documento-informe que se llamó “CARTA ABIERTA A LA INDOLENCIA INSTITUCIONAL”, documento qué, junto a este acto, también envío en archivo adjunto y por separado, para que el Director de “Visión Uruguay” disponga de él como crea pertinente.

         Aquella puerta que en casi 50 años JAMAS SE HABÍA CERRADO, hubo que cerrarla, no fuera que los espurios funcionarios policiales que se escudan en su uniforme y el poder que ello otorga, plantearan que la nueva Razón Social era una “fachada” para seguir comerciando con el Establecimiento.

         Mucho más que los menguados ingresos económicos que daba el almacén, fue la repercusión que impactó en doña Isolina, en virtud de que aquella puerta que jamás se había cerrado, representaba para ella el contacto con el mundo exterior y la comunicación con quienes por allí pasaban, tratándola algunas personas desde hace por lo menos 15 años al visitar a familiares recluidos en el Penal.

         La pena se instaló en doña Isolina hasta el día de su muerte porque su muerte estuvo precedida de una lenta y silenciosa agonía.

         Desde febrero a estos días, fueron pocas las veces que doña Isolina salió por el fondo de su casa, ayudada de su bastón (porque sus 79 años la obligaban) para visitar “su” almacén. Naturalmente, al entrar, no le gustaba lo que veía, porque lejos estaba “aquello que veía”, de lo que ella había creado junto a su esposo con tanto sacrificio. La esperanza es lo último que se pierde comentaba, invocándola en la espera de que el “diferendo” se solucionara para que todo volviera a la normalidad, pero la realidad indicaba algo muy distinto: un comercio casi desprovisto de mercaderías y prácticamente sin público, aunque quien lo conducía lo hiciera tratando de allanar su inexperiencia por no ser “hombre del comercio”, pero resistiendo el atropello de algunos “mal” uniformados a los que la sociedad les paga no para esos actos precisamente.   

         El diferendo se resolverá, no tengo dudas, porque la justicia, aunque lenta, no camina de la mano de los “mal paridos” uniformados y cobardes institucionales de la policía nacional; así que no será ni la primera vez ni la última que cuando llegue la resolución ya sea tarde, porque: la vida nadie puede devolverla.

         La ministra no desconoce este tema, le di titulares en el Congreso del Frente Amplio de diciembre del año pasado, pero ella prefiere copular con el enemigo.

Libertad 9 de octubre de 2008

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