El Estado, su organización y funcionamiento por Cr. Ricardo Puglia

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         Las capacidades de los funcionarios hacedores de las política de gobierno, generan un importante impacto  con los recursos disponibles o con el aumento del gasto.

         Esto último no es de menor importancia y va al corazón de la creación de una gestión pública de excelencia. Y es que una gestión pública de calidad resulta clave para el cumplimiento de los objetivos programáticos de cualquier gobierno. Porque la calidad de las políticas y de la gestión pública no son una opción, sino una necesidad para el buen funcionamiento del Estado moderno.

         Hay que tener muy en cuenta que la limitación de los recursos financieros, en una ciudadanía cada vez más exigente y la complejidad creciente de los problemas colectivos demandan del Estado un ejercicio sostenido en busca de realizar un buen gobierno. Y eso nos lleva a la convicción, por imperativa necesidad, de evaluar las políticas públicas en todo su ciclo, desde cuando se formulan hasta su ejecución. Pero también eso significa que la evaluación debe ir más allá de su mera eficiencia presupuestaria. No solo interesa saber si la implementación del presupuesto se hizo conforme con lo planificado.

         Es importante evaluar también el impacto social de las políticas. Vale decir, si realmente están cumpliendo los objetivos sociales para los cuales fueron diseñadas, porque de esa manera se obtendrían informaciones que permitirían mejorar, a un tiempo, los niveles de coordinación entre los distintos ministerios y minimizar las típicas disfuncionalidades producidas en las estructuras burocráticas. Asimismo, interesa que se evalúen las políticas para medir el grado de satisfacción que derivan de ellas los ciudadanos.

         Es necesario, y por demás fundamental, que las políticas y la gestión pública se orienten al logro de los resultados, pero también que encuentren altos grados de satisfacción en aquellos que se benefician de ellas. No debemos olvidar que los ciudadanos son clientes y accionistas del Estado. Y, por lo mismo, tienen todo el derecho de exigir que sus servicios sean de calidad. Toda política que desconozca esto se queda limitada a la estrechez de lo que los burócratas piensen qué es lo mejor para la gente. El proceso de evaluación de la calidad debe interesarnos toda vez que produce una buena retroalimentación para la toma de decisiones, porque genera información crucial, capaz de ser de utilidad para ajustar y rediseñar las políticas.

         La evaluación de la calidad de las políticas y de la gestión es un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. Por eso es deber del gobierno, como fiel guardián del bienestar de la sociedad, redoblar los esfuerzos por instituir la evaluación como un instrumento de probidad y participación, respondiendo simultáneamente a los desafíos de mayor número de ciudadanos y de calidad democrática.
 
         Dado que estamos inmersos en la sociedad de la información, la evaluación de la calidad permite una mejor gestión del conocimiento en la administración, la cual contribuye a que las organizaciones públicas se anticipen a las necesidades reales y mejoren sus niveles de coordinación intergubernamentales.

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