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No está clara la política sobre emigración
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por Graciela Vera
Periodista independiente
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El gobierno de España ha reconocido que necesita de la mano de obra inmigrante.
La recientemente nombrada secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí señaló que el Gobierno sabe y entiende que necesita inmigrantes porque lo demanda el mercado laboral sólo que pretende que todo se realice en forma ordenada, tranquila y que los extranjeros se vayan incorporando con derechos pero también con deberes.
Rumí en sus primeras declaraciones después de su nombramiento fue categórica al señalar que un objetivo prioritario de la Secretaría será el control de fronteras y la ordenación de la llegada de las inmigraciones y puso como prioritaria la colaboración con Marruecos para solucionar el problema de las pateras.
Respecto a la situación de los extranjeros que viven en forma irregular en España dijo que ha solicitado al gobierno saliente un informe sobre los emigrantes ilegales que hay en España y a partir de su análisis y evaluación de la situación se estudiarán las medidas a seguir las que estarán “siempre vinculadas al mercado laboral”. Añadió que se profundizará en la Ley de Extranjería sin explicar el sentido real de sus palabras aunque agregó que “existen fórmulas que no han sido desarrolladas” siempre refiriéndose a un ordenamiento del mercado laboral.
Precisamente sobre la Actual ley de Extranjería que fue pactada entre el PP y el PSOE, dijo que se desarrollará un reglamento que será un “elemento importantísimo” para su cumplimiento. Este reglamento debería ser aprobado antes de junio por lo que la Secretaría se pondrá a trabajar en él en forma inmediata; no obstante que el plazo dado podría variar en razón a las necesidades ya que, siempre a tenor de lo dicho por Rumí, ‘un reglamento bien hecho da respuesta a muchas situaciones’ y para llegar a buen puerto será necesario la consulta con todas las organizaciones políticas y sociales por lo que los plazos podrían extenderse.
Hay aspectos relativamente positivos para los emigrantes indocumentados, pero no llegan a alumbrar un camino de fácil tránsito. De las primeras declaraciones de los representantes del nuevo gobierno podemos deducir que no hay por el momento intención de derogar la Ley de Extranjería y solo se procederá a reglamentarla pudiéndose entender de lo dicho por Rumí que se hará no de acuerdo no a las necesidades sociales de los emigrantes sino a las necesidades del mercado laboral.
Por otra parte Rumí alentó a los extranjeros a denunciar la contratación irregular de trabajadores y recordó que Rodríguez Zapatero durante la campaña electoral ya lo había hecho.
Posiblemente no tuvo en cuenta que las contrataciones irregulares se hacen cuando un empresario da trabajo a un emigrante sin papeles y denunciar el hecho sería dejar a ese emigrante sin trabajo. En este caso habría un beneficiado y dos perjudicados. Se beneficia el Estado que cobrará una sustanciosa multa y se perjudicará el empresario que aprendiendo su lección no volverá a contratar ilegales y el emigrante que no tendrá ni siquiera un mal pagado trabajo de indocumentado.
Esperemos que el tiempo no nos dé la razón. Lo deseamos de verdad pero en este momento no vemos que las mejoras esperadas por los emigrantes sean todo lo satisfactorias que se desea.
Almería (el sur del norte) abril 2004.
