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Rapiña, reacciones y consecuencias
por Dr. Marcelo Gioscia Civitate
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En un confuso episodio, que no hace más que probar la inseguridad que padecemos, un guarda de un ómnibus del transporte colectivo, fue gravemente herido al oponer mínima resistencia a la rapiña de la que fue objeto la unidad para la que trabajaba. Lo recaudado hasta el momento del hurto con violencia, no alcanzaba a cien pesos uruguayos. El gremio del transporte resolvió entonces, protestar ante esta nueva agresión a uno de los suyos y dispuso el paro para la realización de una marcha en protesta por esa inseguridad, hacia el Palacio Legislativo y para la realización de una asamblea.
A esta suspensión de actividades, que pretende ser un llamado de atención a las autoridades públicas, se plegaron los conductores de vehículos con taxímetro. Otra vez prevaleció lo corporativo y los usuarios de estos servicios públicos interrumpidos fueron quienes sufrieron las consecuencias.
Nuevamente a nuestro entender, se desdibujaron derechos y deberes.
Pues si bien esta brutal agresión con la finalidad de hurto, merece el más profundo repudio de la sociedad toda, la interrupción de los servicios públicos de transporte, que atenta contra quienes sostienen cotidianamente buena parte del presupuesto del sistema, pone en duda, tanto la justicia como la real eficacia de lo decidido.
Desnuda además, la precariedad de las medidas adoptadas desde el gobierno nacional, (para evitar este tipo de acciones delictivas, que debieran ir desde el riguroso control de la venta y tenencia de armas de fuego, hasta la efectiva reeducación de menores infractores) y municipal (para establecer inmediatamente servicios de emergencia que atiendan prontamente a los usuarios afectados por la excepcional decisión gremial). Medidas que, no se limitan a la rápida respuesta demostrada para capturar a los responsables, sino que van más allá. Mucho más allá. Pues, si bien se manifiesta que es la primer rapiña con arma de fuego a una unidad de transporte colectivo en lo que va del año, y que las mismas disminuyeron un 80% en razón de las cámaras de seguridad instaladas, no se llega a comprender cómo se sigue tomando de rehén a un sinnúmero de usuarios, a quienes se los somete (tanto por el gremio de transporte como por las autoridades municipales) a una inusual e incómoda prueba de resistencia, cuando no se les hace perder jornales o gastar más, o lo que no tenían previsto, para poder retornar a sus hogares con una paciencia agotada. Y lo que es peor, con una amarga sensación de impotencia, frente a la comprobada inseguridad que existe y la falta de respeto a sus derechos como usuarios de la prestación de un servicio público que dejó de funcionar y que por ello, los perjudica.
No es la primera vez que ocurren hechos de esta grave naturaleza, y lamentablemente comprobamos que siempre se corta la soga por el lado más delgado. Y lo que es peor, no se perciben soluciones definitivas.
¿Son acaso los usuarios, quienes tienen la culpa? ¿No han pensado las autoridades de los gremios en otro tipo de medidas? ¿Tal vez, volcar lo recaudado en las 24 horas siguientes al hecho delictivo en favor de la recuperación del trabajador herido o de su familia en caso de fallecimiento de aquél? ¿Por qué razón no se instrumentan más controles policiales en zonas particularmente difíciles?
Tal vez parezca utópico o irrealizable, pero: ¿No se ha pensado en instruir a los trabajadores del transporte, en cuál es la más correcta conducta a adoptar frente a situaciones límites a las que puedan tener que enfrentarse?
Queda nuevamente en evidencia que existe un quiebre profundo en los valores constitutivos del entramado social. ¿Cuándo podrán recuperase los mismos? ¿Cómo lograr el justo equilibrio entre derechos y deberes? ¿Quién defenderá al fin, los derechos de los usuarios?
© Dr. Marcelo Gioscia Civitate para Informe Uruguay
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