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Ataque a la vivienda: los peligros de nuestra ignorante dirigencia política
por Pablo Guido
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En los últimos días se ha hecho público un proyecto de ley en Argentina de una senadora nacional riojana, Teresita Quintela, que tiene el objetivo de regular el mercado de alquiler o renta de inmuebles. La senadora argumenta que como "la oferta y la demanda no funcionan correctamente" y los inquilinos pagan precios demasiado elevados por alquilar su vivienda, entonces el Estado tiene que intervenir en el mercado. La señora senadora propone la creación de un organismo estatal que controle el mercado de alquileres y haga aplicar la nueva ley, la cual entre otras cosas le pondrá un precio máximo a las rentas de inmuebles "teniendo en cuenta el valor real de la propiedad y no el valor especulativo", comenta la legisladora.
Los contratos de alquiler, según el proyecto de ley, deberán tener un plazo mínimo de cinco años, la ley se aplicará sobre aquellas viviendas de menos de 150 metros cuadrados (superficie muy por encima del promedio donde viven las familias argentinas que alquilan en las grandes y medianas ciudades), prohíbe el pago de alquileres anticipado o el pago de depósitos de garantía, obliga a realizar el pago a través de una cuenta bancaria y el organismo estatal estaría obligado a construir unas 100 mil viviendas por año o un total de 10 millones de metros cuadrados.
¿Cuáles serán las consecuencias inmediatas y mediatas de esta norma? Los inversores que estaban destinando su capital a construir viviendas de alquiler solamente dirigirán su actividad a las viviendas no afectadas por la ley (las mayores a los 150 metros cuadrados), restringiendo la oferta futura de viviendas con aquel destino para la enorme mayoría de los actuales y futuros inquilinos. Lo mismo harán aquellos dueños de inmuebles ya construidos, retirando del mercado sus bienes. Dado el esquema de precios máximos que prevé la ley caben dos alternativas: la creación de un mercado negro de alquileres donde los precios sean mayores a los que indica la ley (y probablemente mayores a lo que hoy se paga) o la reducción de la oferta de unidades puestas en alquiler. Lo deseable, de aprobarse la ley, es que el Estado fracase en su rol regulador ya que si triunfa las villas miseria del país tendrán que prepararse para recibir oleadas de nuevos habitantes imposibilitados de alquilar sus viviendas por la menor cantidad ofrecida de las mismas.
Lo más contradictorio y triste de esto es la ignorancia y falta de información de la senadora y sus asesores. En el primer gobierno peronista de la historia, allá por la década del cuarenta, también se sancionó una norma que imponía precios máximos sobre los montos de los alquileres. En 1955, bajo un contexto inflacionario, el costo real del alquiler de la vivienda era el 20% del valor de 1943. Claro que esto no fue gratuito. Corresponde a esa época el nacimiento de las tristemente famosas "villas miseria" que rodean las ciudades argentinas. Y todo producto de la mentalidad estatista e intervencionista de la dirigencia política de aquel momento, que aún pervive: siempre que se aplican precios máximos surge la profundización de la escasez como reacción de los agentes económicos afectados. En aquel momento, al igual de lo que puede suceder hoy si es aprobada la norma, dejó de ser negocio construir viviendas para luego alquilarlas. Y eso significa una menor cantidad de unidades ofrecidas en el mercado y una peor situación para los inquilinos o aquellas personas que quieren alquilar un inmueble.
Lo que hay que hacer para reducir el costo del alquiler es introducir cambios institucionales en el país que permitan eliminar la inflación, incentiven a que el ahorro de los argentinos se quede en el país y no fugue hacia el exterior o el colchón para de esa manera mejorar el costo y cantidad de créditos hipotecarios, garantizar los derechos de propiedad de los dueños, agilizar en la justicia la administración de conflictos surgidos entre inquilinos y dueños y permitir que las condiciones del contrato de alquiler sean exclusivamente acordadas entre los interesados y que el incumplimiento del mismo pueda ser castigado rápidamente en los tribunales. Es decir, todo lo contrario a lo que hoy está sucediendo.
Es de esperar que los colegas de la senadora Teresita Quintela tomen nota de las consecuencias seguras de aprobar este engendro normativo y rechacen masivamente el proyecto. Le estarán haciendo un favor a los más necesitados. Estarán evitando así una mayor concentración de pobreza en las villas miseria del país.
Fuente: Fundación Atlas 1853
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