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¿Nacionalismo energético en Brasil?
¿Petrobrás o PetroSal?
por Lourdes Sola
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En la última quincena, el cambio en el marco regulatorio para la explotación del petróleo y del gas en las regiones profundas de "pre sal", recién descubiertas por Petrobrás viene siendo discutida en múltiples frentes. En Brasil y fuera de él. Lo que caracteriza el escenario energético es el súbito aumento de la incertidumbre regulatoria, económica y política creado desde 12/08 con el anuncio intempestivo del presidente Lula de crear una estatal con el objetivo de garantizar a la Unión el control exclusivo de la explotación de las nuevas reservas.
¿Sería eso un retorno al modelo nacionalista, estatizante y dirigista del pasado? Esta cuestión, levantada por varios analistas, es pertinente. Para analizarla, vale recordar las características del modelo en vigor. La participación del gobierno federal en Petrobrás ya es mayoritaria, pues la Unión tiene 51 por ciento de las acciones con derecho a veto, además de 40 por ciento de las acciones sin derecho a veto. Además de eso, tanto desde el punto de vista jurídico, cuanto económico y político, es posible cambiar la actual Ley del Petróleo (Ley del 9478, de 1997), para aumentar la parcela de royalties en propiedad y redistribuída por la Unión, sin crear, sin embargo, una nueva estatal. La eficiencia del sistema comandado por Petrobrás tampoco está en cuestión, pues responde por los nuevos descubirmientos (entre otras razones).
¿Qué quiere el gobierno, y por qué? En medio a las declaraciones oficiales, contradictorias, erráticas, y en medio a los avances y retrocesos , es posible deducir lo siguiente. Según el régimen actual de concesión, los capitales privados tienen la propiedad del 65 por ciento del producto explotado. Caben a las concesionarias asociadas a Petrobrás las tareas de prospección y la explotación del petróleo e hidrocarburos, después de concurrir en subastas para obtener las respectivas áreas de explotación. A cambio de los riesgos asumidos, adquieren la propiedad de la parcela correspondiente del producto.
Lo que el gobierno quiere ahora es introducir el régimen de "partición de producción": una empresa estatal se queda con las reservas y administra la producción, sin ejercer las funciones operacionales de prospección y explotación, contratando el trabajo a otras empresas. Anótese, sin embargo, que en el caso del "pre-sal", el riesgo de no encontrar petróleo y gas es prácticamente nulo. Todo indica la inclinación del gobierno por un régimen mixto, uno para el "pre-sal" y otro para las áreas ya licitadas. El problema, sin embargo, consiste en la forma de regular y de organizar la explotación en el caso (probable) de continuidad entre ambas. Por ello, el paso preliminar es comprobar las razones por las cuales el escenario doméstico continúa confuso y marcado por varios tipos de incertidumbre.
Comienzo ahora por los problemas pendientes de orden técnico, jurídica y económica. En un próximo artículo trataré las principales fuentes de incertidumbre política.
Problemas y dilemas de orden técnica , jurídica y económica
La cuestión de marco regulatório tiene fuerte dimensión técnica, cuyas dimensiones no son claras. La extensión de los campos del "pre-sal", localizados a una profundidad de más de 6.000 km, está por ser definida. Tampoco hay certidumbre en cuanto a la continuidad de los campos de "pre-sal" en relación a las áreas ya licitadas para los inversionistas privados asociados a Petrobrás, aunque haya evidencias de eso. En ese caso, las reglas que deberán gobernar la "unitización" de los campos, son más complejas, dada la necesidad de mayores investigaciones y la fuerte dimensión jurídica derivada.
Además, los análisis técnicos indican que la explotación efectiva de petróleo y gas sólo ocurriría en 2014, en el mejor de los supuestos, es decir, con condiciones propicias de financiación y tecnología. Dado que eso se dará sólo en el tercer año después de ser elegido el próximo mandatario, parte de los analistas económicos y políticos se preguntan si el gobierno no esta "poniendo el carro delante de los bueyes", es decir, condicionando al próximo gobierno.
El impacto jurídico y económico de un cambio del modelo regulatorio actual no es irrelevante. Se configura un problema de credibilidad para el país. Un cambio dramático de las reglas, en mitad de la partida, puede indicar un retorno al estatismo y/o a la marginalización de Petrobrás. Actuaría como desincentivo para los inversionistas equipados tecnológica y económicamente para explorar los nuevos campos.
¿Vale la pena el riesgo de la pérdida de credibilidad de Brasil como país capaz de ofrecer un marco favorable a las inversiones? Finalmente, según analistas de mercado (UBS), la explotación del "pre-sal" exigirá un total de US$ 600 mil millones que el gobierno está lejos de controlar o incentivar- una media de 60 millardos anuales.
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