Universidad, Academia y Democracia por Darío Acevedo Carmona - (Perfil) - Medellín/Colombia -

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         Una universidad es una institución académica, no política, por esta característica los mecanismos relativos a su gobierno no pueden ser semejantes a los que se utilizan en la sociedad política. En esta, el tema de la representación tiene que darse en los términos más democráticos posibles. La universidad está conformada por estamentos: educadores y educandos, los primeros tienen una relación contractual con la institución, los segundos están de paso. En la universidad hay asuntos cuya naturaleza impide que sean pensados en términos de democracia o no democracia, sino más bien en términos de jerarquías y méritos, también hay temas en los que se combina métodos democráticos con los meritocráticos. La relación profesor-alumno es un caso de jerarquía porque no hay igualdad posible en el estatus de ambos por las funciones que desempeñan y por las obligaciones que tienen. La asignación de notas, la promoción de categoría de un profesor, la evaluación de una tesis de grado, entre muchos otros asuntos, nada tienen que ver con la democracia pero no porque esta sea despreciable allí, sino porque los criterios que se emplean para tramitarlos son de carácter meritocrático. La designación de directivas es un caso en el cual se apela a la democracia y a la meritocracia a la vez. ¡¿Qué sería de la calidad académica de una universidad en la que, por ejemplo, los profesores fueran elegidos por votación popular de estudiantes o en la que un título fuese otorgado de la misma manera o la nota de los estudiantes de un curso dependiera de la votación “democrática” de los matriculados?!

         Cuando hablamos de métodos democráticos es por tanto exigible y plausible tener en cuenta el ámbito en el que pretendemos hacer la reflexión. Concluir que una universidad no es democrática porque utiliza criterios meritocráticos y académicos selectivos y de calidad en muchos de sus asuntos, es un despropósito y puede producir una grave distorsión en la mirada sobre la institución. La universidad a través de la historia ha logrado construir métodos y criterios para resolver los asuntos del saber, de la enseñanza y de la investigación, y esos métodos y criterios, universalmente aceptados, difieren en su esencia de aquellos que los hombres utilizan cuando de intereses políticos o gremiales se trata.

         Me parece de fundamental importancia tener claro este punto de partida para abordar el tema en concreto sobre la actual situación de crisis que atraviesa la Universidad Nacional de Colombia porque a veces olvidamos decir de qué tipo de institución estamos hablando. La Universidad Nacional es el principal centro de educación superior del país, de carácter público, con la misión de contribuir a forjar nación, financiada por el estado, es decir por la sociedad. Es una institución que desafortunadamente han tratado de convertir en escenario de grandes batallas políticas y en centro de preparación de la “revolución” en nombre de un distorsionado concepto de desarrollo del espíritu crítico que de su actividad científica y académica se espera.

         Las directivas de la Universidad Nacional, más claramente, su Consejo Superior Universitario, conformado por 8 miembros, entre ellos representantes (estos sí elegidos con criterio y métodos democráticos en certámenes organizados por la Universidad) de los estudiantes, de los profesores, de los decanos, de los ex rectores, de las academias y tres que representan la voz del Gobierno de turno, expidió un nuevo Estatuto Estudiantil. Dicho estatuto estuvo sometido  al debate por tres años, en su discusión y perfeccionamiento concurrieron representantes de los estudiantes de diferentes carreras, profesores y directivos. Por norma el organismo que expide el reglamento  es el Consejo Superior luego de una consulta que aunque no es vinculante se hace con un espíritu abierto y receptivo, así lo hizo en esta ocasión. El movimiento de protesta que se desató alega una muy baja participación de los estudiantes en las reuniones de análisis y discusión de los contenidos, pero esa debilidad no es atribuible a un desdén de las directivas ni a una supuesta obstaculización de la participación.

         Los estudiantes que lideran la huelga, que ya se acerca a los dos meses, dicen no estar de acuerdo con el sistema de créditos que se contempla en el estatuto ni con el promedio de 3.0 que se estipula como requisito para mantener la condición de estudiante. Otros puntos son objeto de una vaga crítica por su supuesto espíritu neoliberal (sic) o porque supuestamente conducen a la privatización de la U sin que se aclaren bien las bases de tales prevenciones. Piden la derogatoria del estatuto a pesar de que este se empezará a implementar el año entrante y sólo para los estudiantes nuevos. Los líderes han utilizado además del paro otros recursos de fuerza para sabotear las clases, han protagonizado bloqueos, destrucción de bienes de la U y pedreas contra la Fuerza Pública.

         La cuestión que se plantea es la siguiente: o las directivas ceden a la exigencia estudiantil y derogan el estatuto con el que de paso se cancela el proceso de apertura y homologación con los sistemas universitarios del mundo que usan el sistema de créditos, o el estudiantado despierta y entiende que la protesta actual es injustificada y que tras ella hay intereses de grupos radicales y extremistas interesados en sabotear la función social que cumple la Universidad con la sociedad a la que debe su financiamiento. Es claro que la cuestión no es si la U es democrática o no, ni da para aseverar que la democracia en la U es una “caricatura” como lo sostiene el profesor Guillermo Maya (El Tiempo, mayo 31 de 2008) sino que se trata de un asunto en el que el orden de las cosas está establecido en los estatutos de la Universidad. Estatutos que también han sido el fruto de muchos estudios, análisis, debates, tensiones e incomprensiones. La U y sus directivas han procedido de buena fe en el proceso de crear un ambiente de debate y consultas previas a la aprobación del estatuto estudiantil. Incluso han manifestado abiertamente su disposición a estudiar aquellas sugerencias e ideas debidamente argumentadas para hacer ajustes y cambios que se justifiquen. Pero, no puede, en aras de un noción demagógica de democracia esperar a que el último de los estudiantes esté de acuerdo para poder aprobarlo, ni puede someter a votación secreta, universal y directa de los estudiantes un reglamento que consigna las exigencias que la sociedad, el estado y las directivas de la U, pensando en las políticas educativas estratégicas, consideran conveniente aplicar y exigir a los estudiantes. Sería muy curioso, y tal vez único en el mundo, que los estudiantes de la Universidad Nacional se dieran ellos mismos su propio reglamento. Ni las sociedades más liberales ni las más democráticas han llegado a ese exabrupto.

         Algún día en la Universidad Nacional habrá que cancelar cuentas con las tendencias radicales y extremistas sobrevivientes de los años setenta que  siempre encuentran pretextos para paralizar labores en nombre de la lucha contra la privatización. Profesores que se niegan a enterrar proyectos caducos y activistas estudiantiles con más de 10 años de antigüedad pretenden convertir la universidad pública en taller de la revolución y la protesta permanente año por año. Venden la idea de que cualquier acto de autoridad es autoritarismo y que la libertad de pensamiento y de cátedra no tienen lugar en ella. Desacreditan las políticas de bienestar estudiantil, las más generosas de todo el sistema universitario nacional, hablan contra la privatización pero desconocen que el estado colombiano nunca le ha fallado a la Universidad Nacional, convocan a la defensa de la Universidad Pública pero hacen todo lo posible por obstruir su normal funcionamiento y hacen creer que la normalidad académica excesiva es enemiga de la crítica y de la libertad. Se trata de una mentalidad dañina, de un espíritu dinosaúrico que conduce, quiéranlo o no estos luchadores, al estancamiento de la Universidad, a su desprestigio, a obstruir su misión de ser un canal de ascenso para miles de jóvenes (más del 75% de los estudiantes de la U Nal pertenecen a los estratos 1, 2 y 3). Cada estudiante le cuesta al erario público más de 11 millones de pesos año. Pero, unos cuantos activistas miembros de grupos políticos radicales, que utilizan métodos arbitrarios y actúan como “minorías avanzadas”, se toman la vocería de toda la comunidad poniendo en peligro el normal funcionamiento de la institución. Lo que se pone de presente en este movimiento no es entonces la ausencia de democracia en la Universidad Nacional de Colombia, la universidad donde hay más democracia, más libertad, más bienestar y más calidad académica de todo el sistema de educación superior del país, sino la precariedad del estado y de la misma institución para defender ese bien público frente a movimientos que ponen en peligro su existencia. La universidad pública es frágil, además, en razón de la pasividad de las mayorías que con su silencio e indiferencia dejan el campo libre a quienes pretenden imponerse por medio de la fuerza y del escándalo. Esas mayorías estudiantiles y profesorales deben entender que el Estatuto ha sido bien estudiado, que aún puede ser reformado y mejorado si los representes estudiantiles tramitan sus inquietudes en forma razonada. Perder un semestre es una verdadera tragedia para la sociedad, para la Universidad y para las familias, por eso asistir masivamente es la decisión más leal y ética que podemos tomar.

Medellín, junio 2 de 2008