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Año V Nro. 337 - Uruguay, 08 de mayo del 2009
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Todo comenzó hace unos días cuando Néstor Kirchner, en un discurso de campaña, sugirió que si el oficialismo perdía –se supone que por escándalo- las elecciones legislativas del próximo 28 de junio, podría explotar el país y producirse la salida anticipada de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para no afrontar el caos que presuntamente sobrevendría. Muchos especularon que esa renuncia abriría un período cargado de incertidumbres, un regreso a lo que fue el país a finales de 2001. ¿Es posible? Veamos: la movida de Néstor Kirchner sin duda apuntó a recuperar a la clase media (el segmento social que define todas las elecciones), la que abandonó su velado respaldo al oficialismo tanto desde cuando el Gobierno inició su enfrentamiento con el sector agropecuario (que perdura aunque la Resolución 125 fue rechazada finalmente en el Congreso por el propio Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos) como por el crecimiento de la inseguridad, los problemas económicos, el temor al desempleo y el cuestionamiento a una actitud del Gobierno que se suele identificar como autoritaria, herencia del caudillismo prebendario que campea en las provincias, incluida aquella de donde proceden los Kirchner. Sin embargo, el temor al caos político y económico al que recurrió Kirchner bien podría ser un boomerang importante: en caso de que las encuestas indiquen que el problema del país y sus efectos sobre sus ciudadanos de clase media provienen del propio Gobierno, entonces la salida de Kirchner sería vista como un alivio y una salvación.
Según Poliarquía (Sergio Berensztein, Alejandro Catterberg, Eduardo Fidanza, Alan Clutterbuck y Fabián Perechodnik), las encuestas parecen refrendar la hipótesis del boomerang. La desaprobación a la gestión presidencial creció del 54 % al 59 % entre enero y marzo de este año (retornando hacia el antecedente de mayor descrédito, en junio de 2008, de 68%), la imagen personal negativa de Cristina Fernández de Kirchner también se incrementó en ese período pasando de 39 a 43% en tanto la positiva decreció de 29 a 25%, la imagen negativa de Néstor Kirchner también se halla en 43% mientras la positiva declinó a 30%, la imagen presidencial en el Gran Buenos Aires –crucial para adjudicarse la provincia más importante por su caudal de votos- es negativa por encima del 40% mientras la positiva viene en caída libre, ubicada en un 21%, durante abril pasado, y la imagen de Néstor Kirchner en el mismo distrito es también negativa por casi el 50% y con un índice positivo de 27%. Todavía peor: la intención de voto a candidatos respaldados por el Gobierno cayó, entre enero y marzo, del 28 al 22% mientras los de la oposición se mantuvieron estables en el orden del 54% durante ese mismo período, revelando que la tendencia se debe menos a la consistencia de la oposición que a las acciones del oficialismo. Esa tendencia se refuerza con la intención de voto por zonas: una vez más, en el vital Gran Buenos Aires el oficialismo perdería hoy 25% contra 61%. El reflejo en el peronismo de esas conclusiones de la percepción de los votantes es que el actual liderazgo partidario carece de aprobación pública suficiente, por lo que sus dirigentes comienzan a migrar hacia opciones que puedan asegurarles la retención de su preeminencia política en sus distritos. En otras palabras, hay una búsqueda de nuevo liderazgo que reemplace al vigente en neta declinación. El siguiente cuadro explica por qué las preferencias se orientan hacia Carlos Reutemann, con una aprobación por encima del 40% y una imagen negativa inferior al 10%:
Para colmo de males, las provincias, generalmente dependientes de los fondos del Estado nacional para afrontar las erogaciones de su funcionamiento, detectan que el Fisco está perdiendo el superávit (éste se ha encogido sustancialmente si se le descuentan los aportes jubilatorios de la ANSES) y, por lo tanto, deja de ser una opción de última instancia, con menores perspectivas de hacer valer las prebendas con fondos estatales. Aquellas percepciones, captadas por las encuestas como las de Poliarquía, se sustentan en la visión de la población en torno de los temas que más le preocupan. Así, a la consulta sobre el principal problema del país, el ranking de opiniones señala a la inseguridad (33%), el desempleo (11%), la clase dirigente (10%) y los problemas económicos (9%). La realidad corrobora esas preocupaciones: en los supermercados es ostensible que el control de gastos se observa a simple vista ante las cajas registradoras, la cadena de pagos extiende sus plazos (ya hay circulando cheques a 120 días), trasciende que los empresarios vislumbran un recambio presidencial en julio (en línea con las advertencias que formulara Néstor Kirchner) y la economía se paraliza precisamente por los temores derivados por el anuncio de apocalipsis que hizo el ex Presidente. Paradójicamente, esa acción política de Kirchner, tendiente a infundir miedo en la clase media que se le ha alejado, hace recrudecer el estancamiento económico que ya se observa, derivando en más problemas al Fisco reflejados en caída en la percepción de impuestos y una cadena de pagos que se elastiza o se corta. Esa encrucijada económica es, como un boomerang, provocada por la acción política para retener a la clase media que es así perjudicada. Adicionalmente, el esfuerzo que necesitará el oficialismo para retener su actual control parlamentario es incompatible con la intención de voto:
Al fin de cuentas, el escenario (en el mejor de los casos, un empate con la oposición disgregada; o pérdida por una gran diferencia) es, como es ya mencionado en distintos círculos de poder (empresarial, sindical, partidario, internacional, etcétera), que la actual administración termine, finalmente, por renunciar (como estuvo a punto de hacerlo, según se ha dicho, cuando el Vicepresidente Cobos dio su voto “no positivo” en contra de la ley oficialista que propiciaba las retenciones móviles de la Resolución 125) antes que afrontar su decadencia, en medio de su propia debilidad política, conducente inevitablemente a su extinción como opción en el justicialismo. En suma, en ciertos análisis, se observa este escenario político como el menos traumático, ya que que, evalúan, evitaría la radicalización del kirchnerismo en el poder, con el peligro de nacionalización de depósitos (de todos modos, la actual caída en la recaudación, instigó vigentes temores que el Gobierno acuda a los más de 80.000 millones de pesos que el sistema financiero no presta), desbocada fuga de capitales (desde octubre de 2007 habrían salido del país alrededor de 37 mil millones de dólares hasta ahora), aislamiento internacional, etcétera. Sin embargo, es conveniente recordar, desapasionadamente, que Kirchner tiene sobrada experiencia en negociar –atributo que sus críticos hoy le niegan en función de su popularizada autocracia- por cuanto durante su dilatada etapa como gobernador de Santa Cruz siempre tuvo diálogo con gobiernos de facto y constitucionales, y de hecho fue aliado de Carlos Menem cuando éste fue Presidente de la Nación. Tampoco hay antecedentes de que haya renunciado a cargos electivos, sin contar que la actual Presidenta, como parlamentaria con larga experiencia, supo realizar alianzas en el Congreso de la Nación durante su extensa estadía en su banca. Dadas todas esas circunstancias, en el tamiz queda que sectores gravitantes del país ostensiblemente prefieren la salida anticipada del actual gobierno, a raíz de su inevitable derrota en las próximas elecciones y para estimular un cambio en el modo de afrontar los principales problemas nacionales que se ahondan, pero es incierto que resulte igualmente inevitable que haya real disposición de los Kirchner en llevar a la práctica la dimisión que tanto el ex Presidente blande como amenaza como sectores de la producción y de la política (incluido el justicialismo) se inclinan por aspirar con más esperanza que temor. 
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