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EL PODER JUDICIAL JAQUEADO POR LOS QUE NUNCA COMBATIERON EN SERIO AL CONTRABANDO
"La fiesta" que organizó el juez Colmenero
por Esc. Fernando Vélez Molina
Algunos se olvidan de la separación de los poderes del Estado, de la independencia del Poder Judicial, y hasta pretenden hacerlo responsable de "la fiesta de los contrabandistas". Ojalá la pretensión de algunos de querer politizar también el Poder Judicial no prospere, de lo contrario estaremos ingresando a un terreno muy peligroso. Para algunos, los fallos judiciales que afectan a dirigentes políticos son todos abusivos. Braga, Stern, Blanco, Illarieti, Lissidini, todos mal procesados, según algunos de sus pares.
Hace algunos días, cuando el Juez Letrado de Carmelo Dr. Carlos Colmenero dispuso el procesamiento con prisión del ex Director Nacional de Aduanas, Dr. Víctor Lissidini, los comentarios comenzaron a ocupar gran parte de la atención pública nacional.
| No es la primera vez que pasa, y quizá no sea la última. Braga, Stern, Blanco, Illarieti, Lissidini, son algunos de los nombres de dirigentes políticos que me vienen a la mente que han sido procesados en los últimos años, y gran parte del sistema político ha hecho una defensa cerrada que incluye ataques y acusaciones al Poder Judicial, pretendiendo que éste se politice, y que haga pesar las supuestas buenas condiciones morales, antes que las figuras delictivas que eventualmente cometieron, como si eso fuera causa de eximente de pena, y no una mera atenuante. |
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En primer lugar corresponde aclarar que este artículo no pretende tomar partido, ni a favor ni en contra del fallo judicial que determinó el procesamiento con prisión de Víctor Lissidini, ya que, de hacerlo, estaríamos incurriendo en el mismo error que - a nuestro juicio - han incurrido miles de ciudadanos y - lo que es peor - decenas de dirigentes políticos, legisladores incluidos, de cuestionar un fallo sin haber leído siquiera el expediente. COMENTARIOS OBVIOS, Y DE LOS OTROS
Obviamente que los primeros comentarios discordantes con la decisión judicial fueron los del abogado defensor de Lissidini, pero en este caso no sólo tienen lógica, sino que además es coherente que el abogado anunciara la apelación del fallo, y su total disconformidad con los fundamentos expuestos por Colmenero al momento de dictar el procesamiento, después de todo es su obligación legal hacerlo.
A nadie puede asombrar que el imputado afirme, una y otra vez, su inocencia y que el abogado que lo defiende haga lo propio.
Pero la cosa no quedó ahí. El comentario tomó estado público y cientos de miles de ciudadanos comenzaron a tomar partido, aparentemente en forma mayoritaria a favor de Lissidini y en contra del fallo judicial, pero sin tener el más mínimo criterio jurídico para evaluar una cuestión de pura técnica.
Está mal que los ciudadanos cuestionen al Poder Judicial, siendo que, se supone, hay que tener cierta formación jurídica para criticar un fallo, o al menos hay que conocer el contenido del expediente en el que se determinó el procesamiento, cuestiones que creemos el 99% de los ciudadanos no tienen la más pálida idea. Esos comentarios que cruzaron el país de norte a sur, y de este a oeste, están basados en el sentido común, en ciertas convicciones, en meras especulaciones, y totalmente alejados de aquella máxima judicial de "lo que no está en el expediente no existe", algo que a muchos uruguayos les cuesta entender, donde la capacidad discrecional de los jueces está muy acotada, y enunciada casi a texto expreso
 El arresto de Lissidini
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en la ley, el juez debe juzgar con los elementos que tiene en el expediente y excepcionalmente puede usar su sano juicio, y discrecionalidad. Está claro que el Poder Judicial no puede manejarse en torno a "lo que le parece", tiene un ordenamiento jurídico que respetar, y una Justicia -como pretenden muchos uruguayos- que se maneje sólo con convicciones, con sensaciones, en definitiva con poca realidad, y mucho subjetivismo, sólo conduciría a un régimen arbitrario y entraríamos a un terreno mucho más peligroso que el que pueda generar
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un error por parte de un juez, que en definitiva siempre puede ser subsanado por un tribunal de alzada, lo otro, la arbitrariedad, no tiene arreglo. OLVIDAMOS LAS BASES DE NUESTRO SISTEMA JUDICIAL
Muchas veces nos olvidamos que los jueces aplican la ley, no la crean, la jurisprudencia no es fuente de Derecho en nuestro sistema jurídico, sólo el legislador puede cambiar las reglas de juego, y -reiteramos- el margen de discrecionalidad del juez es muy acotado, y justamente puede ejercerlo cuando el legislador se lo autorizó.
Muchos uruguayos pretenden que el juez sea piedeletrista cuando les conviene, pero reclaman discrecionalidad, sentido común, cuando el fallo va contra sus intereses.
Con esto no queremos decir que tengamos un Poder Judicial perfecto, pero es hora que asumamos que tenemos una Justicia que, por suerte, se ha mantenido al margen de los intereses político partidarios, más allá de los actos de corrupción, y que nuestros magistrados gozan de un tecnicismo envidiado por muchos países, con algunas excepciones -por supuesto que sí- pero que no hacen más que confirmar la regla.
Deberíamos recordar que el artículo 1º de la Ley Orgánica de la Judicatura establece: "El Poder Judicial y el Tribunal de la Contencioso Administrativo son independientes de toda otra autoridad en el ejercicio de sus funciones". Agregando el artículo 2º: "La potestad de conocer en los asuntos que les están asignados y de hacer ejecutar lo juzgado en la forma que en cada caso corresponda, pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley".
Y así debe ser.
"Si el poder está dividido, cada poder sirve de freno a los demás y de ese modo se impide el abuso salvaguardando la libertad individual. Se establece así un sistema de "frenos o contrapesos", o sea de contralores recíprocos de unos órganos de gobierno respecto de otros" (Dr. Enrique Véscovi, Introducción al Derecho, pág. 239). Así debe funcionar la separación de poderes, principio fundamental de todo régimen democrático de gobierno -como se supone que es el nuestro-, y si a eso agregamos que otro de los principios es el consagrado en la Ley Orgánica de la Judicatura, el de la libertad e independencia del Poder Judicial, cuando un poder pretende ejercer presiones, o forzar cambios en otro poder del Estado, indirectamente se estará avasallando principios básicos del sistema democrático. Controles entre los poderes sí, pero jamás injerencia, intromisión, y mucho menos presiones.
| El procesamiento de un individuo no significa prejuzgamiento del mismo, es la primera etapa del proceso penal, y finalmente el juez se expedirá sobre las eventuales responsabilidades del imputado, y en cuanto al procesamiento con prisión, fue el legislador el que puso en manos del juez la decisión de procesar con o sin prisión según considere que el hecho que se imputa hubiere causado o pudiere causar, por sí mismo, a juicio del Magistrado, grave alarma social. |
 Benito Stern
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SUPONGAMOS QUE EL JUEZ COLMENERO SE EQUIVOCÓ
Ahora bien, supongamos que quienes critican el fallo judicial tienen razón, y el juez Colmenero se equivocó. Nuestra legislación prevé instancias de apelación donde el imputado (en este caso Lissidini) podrá defenderse (Debido proceso consagrado en el artículo 12 de la Constitución) y recurrir el fallo de primera instancia, como pasa a diario en cientos de asuntos judiciales, para eso existen los Tribunales de Apelaciones y en última instancia la Suprema Corte de Justicia.
No va a ser ni la primera ni la última vez que un fallo de primera instancia es revocado en el Tribunal de alzada, y así debe funcionar. Pero de ahí a colocar al juez, o al fiscal, de primera instancia como personas que están actuando con intereses políticos, deslealmente, o haciendo "el caldo gordo" a los contrabandistas, hay un gran trecho.
Pero decimos más. Supongamos que el Dr. Colmenero no haya actuado con imparcialidad e independencia, también existen procedimientos para que asuma sus responsabilidades (artículo 23 de la Constitución), pero no es justamente a través de la crítica pública que eso se determinará, ni siquiera serán los dirigentes políticos, ni los legisladores, los que habrán de expedirse.
Hay cosas que llaman poderosamente la atención. Legisladores del mismo partido político al que pertenece el Dr. Lissidini, ahora arremeten contra un fallo judicial, sin siquiera haber visto la carátula del expediente, y afirman muy sueltos de cuerpo que Lissidini estaba desarrollando una gran tarea, que estaba desarticulando las mafias del contrabando, etc., pero suena muy raro que cuando Lissidini estaba en la cuerda floja nadie lo respaldó, pero ahora que un juez procesa a un ex Director de Aduanas, pero más que nada un dirigente político, todos se dieron cuenta (como por arte de magia) que Lissidini era el mejor. La verdad, debo confesarlo, me llama mucho la atención. Y como ciudadano me preocupan mucho más esas incoherencias, y las arremetidas contra la independencia del Poder Judicial, que un eventual error procesal del juez Colmenero.
HACIENDO MEMORIA
Según el semanario Crónicas Económicas del 11 de agosto: el quincista Juan Adolfo Singer dijo que los contrabandistas "están de fiesta" por la prisión de Lissidini y evaluó que el fallo judicial "es un disparate que debe avergonzar a la magistratura nacional". "La gente honrada del Uruguay está de duelo, perpleja e indignada", aseguró. "Es bien claro el mensaje que la fiscal (Alba Corral) y el juez (Carlos Colmenero) le enviaron a los uruguayos: hay que cuidarse mucho en no incurrir en la más mínima decisión formal en cualquier acción de combate al contrabando, porque si no, los metemos presos", destacó.
El prosecretario de la presidencia, Leonardo Costa, sostuvo que más allá de los errores administrativos que cometió Lissidini, el fallo judicial "es un exceso, y más cuando es procesado con prisión". Costa dijo que el caso "no da lugar a las medidas adoptadas", por el hecho que es primario y no se comprobó que haya tenido "beneficio personal alguno". "Se envía de esta manera un mensaje erróneo a la ciudadanía. Lissidini tuvo una equivocación administrativa por algunas iniciativas que tomó, pero acá el contrabando ganó 2 a 0", remarcó Costa.
Singer y Costa parecen haber estudiado el expediente a fondo, así se puede deducir de sus declaraciones contundentes contra el fallo judicial.
Pero, por si fuera poco, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado también cuestionó el comentado fallo judicial.
Para el legislador tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro el hecho es sumamente grave . Sin embargo, no quiso entrar en el debate sobre si el ex hombre de confianza del presidente Batlle estuvo bien o mal procesado. En este sentido, hizo una puntualización: "no leí el expediente ni soy abogado...". Por lo menos Fernández Huidobro, no entró en cuestionamientos jurídicos, reconociendo no haber leído el expediente.
Sigamos haciendo memoria. El diario El País, en su edición del 5 de julio de 2002 publicó: "Lissidini al asistir al Parlamento reveló la existencia de una partida de "gastos reservados" destinada a sus informantes. Todos los sectores políticos a excepción de la lista 15 cuestionaron anoche en el Parlamento el "estilo" de conducción del director nacional de Aduanas, Víctor Lissidini, quien compareció durante más de tres horas en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes.
Al dar explicaciones acerca de sus declaraciones en una entrevista concedida a El País el jueves 27 de junio, donde sostuvo que contrabandistas le habían asegurado que financiaron campañas de todos los partidos políticos, Lissidini reveló la existencia de una partida cuatrimestral especial de $136 mil pesos, denominada "gastos reservados", que se utiliza para financiar el acceso a información, a los efectos de atacar el contrabando. Participantes de la sesión, dijeron a El País que en un momento de la reunión después que Lissidini habló del grupo de elite que lo apoya en su trabajo, el diputado del Frente Amplio Jorge Orrico, con una lista de nombres delante suyo comenzó a preguntar a Lissidini si los mismos eran funcionarios de Aduana. Así Orrico nombró uno a uno las personas de la lista, a lo que Lissidini respondió en todos los casos que eran informantes y asintió en varios de los casos que tenían procesamientos, precisaron las fuentes".
Antes (cuando estaba en el cargo) todos, menos la 15, lo cuestionaban, y también se sabía que utilizaba de apoyo a funcionarios que en realidad no eran funcionarios públicos. Ahora, ya preso, nos enteramos que perdimos "al mejor Director de Aduanas de todos los tiempos", y ¿Porqué no se lo apoyó, y se evitó su renuncia? Ahí era donde Lissidini hubiera necesitado el apoyo político, ahora no sólo el apoyo llega en forma tardía, sino también en circunstancias muy peligrosas, pretendiendo poner en tela de juicio la imparcialidad del Poder Judicial, y lo que es peor tratando de politizar al único poder del Estado que aún no participa de las campañas electorales quinquenales.
Pretender hacer creer que los contrabandistas "están de fiesta" a causa de un fallo judicial que afecta a un ex Director de Aduanas, parece un chiste, porque realmente los contrabandistas han estado, están, y seguirán estando de fiesta, mientras el sistema político no tome el tema del contrabando como política de Estado, y se dé unánime respaldo al Director de Aduanas de turno, ahí sí terminará "la fiesta". Si ahora el contrabando ganó 2 a 0 (según Costa), hace años que nos viene ganando 5 a 0.
Justamente no creo que sea el Poder Judicial el que organizó la fiesta de los contrabandistas, si el mismo Lissidini (el ciudadano más defendido del país) denunció hace un año que las mafias del contrabando habían financiado campañas políticas. A buen entendedor pocas palabras bastan.
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