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Año V Nro. 332 - Uruguay, 03 de abril del 2009   
 

 
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Aníbal Steffen

El “desacato”
por Aníbal Steffen

 
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         Después de 12 años de dictadura militar, la frágil democracia renacida en Uruguay el Primero de Marzo de 1985 tenía los días contados: El 22 de diciembre de 1988 era el día fijado para el “desacato”. Nos enfrentábamos a la consecuencia inevitable de la negligencia, la torpeza o la falta de convicción con que fueron atados algunos nudos del paquete de la salida política diseñada por los referentes principales del Partido Colorado, el Frente Amplio y las Fuerzas Armadas. Era una crisis institucional irreversible, que una vez desatada no tenía solución imaginable. Por tal razón, tanto los partidos políticos (todos) como las propias Fuerzas Armadas, estaban conscientes de la necesidad de hacer algo antes de llegar a la situación de ruptura institucional sin retorno.

         Instruyamos a quienes no lo vivieron, refresquemos la memoria de quienes no lo recuerdan y llamemos la atención de aquellos que se hacen los distraídos.

         ¿Qué fue el “desacato”? Un acto de desobediencia corporativa de las Fuerzas Armadas ante las citaciones judiciales a militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

         El Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General Hugo Medina, principal negociador de las Fuerzas Armadas en el Club Naval, anunció a los dirigentes políticos que las citaciones judiciales estaban guardadas en su caja fuerte. Dejó en claro que ningún militar se presentaría a declarar ante la justicia. Agregó que si el problema no se resolvía antes del 22 de diciembre –fecha en que debía comparecer el primer militar citado por la justicia- él mismo, ese día haría una declaración pública. En ella, Medina anunciaría la decisión corporativa de las Fuerzas Armadas de no acatar la orden judicial. Agregó que si no se cumplía lo acordado en el pacto que condujo a los comicios de 1984, el no podía garantizar la subordinación de la cadena de mandos.

         Ello ocurrió el 17 de diciembre: había cinco días para anticiparse al “desacato” como se le llamó en su momento a la anunciada insubordinación militar. Cinco días apenas para tratar de impedir el quiebre institucional.

         ¿Qué proporciones tendría ese quiebre? No estamos hablando de un retorno de la dictadura. Las Fuerzas Armadas no estaban dispuestas a dar un nuevo golpe de Estado, después de los esfuerzos que hicieron para abandonar el poder sin perder la unidad interna ni quebrar la cadena de mandos. Simplemente ignorarían oficial y corporativamente la autoridad del Poder Judicial. El Teniente General Medina asumió institucionalmente la responsabilidad en nombre de las Fuerzas Armadas. Los militares no irían a declarar a los juzgados y dejaron bien en claro que no acatarían tampoco una orden presidencial que pretendiera modificar esa decisión.

         Doble insubordinación: desacato al Poder Judicial y desobediencia de la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas, que era –teóricamente- el Presidente de la República.
¿Qué podía hacer Sanguinetti? Renunciar a su cargo o respaldar a las Fuerzas Armadas y encabezar el desacato. Lo primero hubiera sido inútil, ya que quien lo sucediera -el Vicepresidente era el Dr. Tarigo- heredaría el problema. En cuanto a la segunda opción, no es verosímil que Sanguinetti estuviera dispuesto a pasar a la historia como un segundo Bordaberry.

         Los militares trasladaron el problema al poder civil y lo pusieron en un brete de hierro.
A partir de ese momento, lo que estaba en juego no era un asunto ético referido a Derechos Humanos, sino un tema de poder que fue mal resuelto por quienes diseñaron la salida política.

         ¿Se pactó la impunidad en el Club Naval? Quién sabe… ¿Pero quién convencía a los mandos castrenses de lo contrario?

         No olvidemos que el 25 de abril de 1984, los Comandantes en Jefe invitaron a los partidos políticos a negociar sobre la base de un documento que establecía las “Bases para la acción y conducta de los dirigentes”. Esas bases indicaban textualmente que “Se procurará la reconciliación de todos los orientales en el marco de la ley, del derecho, evitando toda forma de intolerancia” (…) así como todo acto de venganza o revancha a causa de los graves acontecimientos que caracterizaron el período de la historia del país, que hoy se cierra y supera. Termina diciendo: "tomando en cuenta el pasado solamente para aprender sus lecciones y evitar los errores en que se haya incurrido".

         El 4 de agosto se sella el pacto del Club Naval. En ese momento el Comandante en jefe del ejército anuncia que "las Fuerzas Armadas no van aceptar manoseos ni cosa que se le parezca. Están dispuestas a aceptar la justicia sobre algunos de sus integrantes que se hayan manifestado como deshonestos que hayan actuado por cuenta propia. Pero los que han actuado en cumplimiento de órdenes y consignas de sus superiores, esos van a merecer nuestro más amplio respaldo".

         Ninguno de los dirigentes pactistas, desmintió o hizo observación alguna al respecto, ni en ese momento ni en los días subsiguientes. Y el Comandante Medina fue más lejos: comunicó mediante orden de servicio a todas las a todas las Unidades Militares que se ha acordado que ningún integrante de las Fuerzas Armadas estará sujeto a responsabilidad por hechos acaecidos durante la dictadura.

         A esta altura, poco importa si se habló o no de impunidad en el Club Naval. La impunidad estaba garantizada por las parcelas de poder que las Fuerzas Armadas se reservaron para sí, con el aval de los pactistas: inamovilidad de los Comandantes en Jefe de la dictadura y un sistema de designación de los mandos que le daba autonomía a la institución castrense a la hora de nombrar sus autoridades. El gobierno sólo podía optar entre dos candidatos impuestos por las propias fuerzas armadas para cada cargo que quedara vacante. El Presidente de la República perdía así el derecho fundamental de designar hombres de su confianza para comandar las Fuerzas Armadas. Esto último quedó explícito en el Acto Institucional Nº 19, que convocaba a elecciones nacionales sobre la base de los acuerdos logrados entre los mandos militares y los dirigentes políticos pactistas en el Club Naval.

         La situación era cómoda para Sanguinetti porque, con Wilson preso, sus chances electorales eran muy alentadoras y, por otra parte, se consolidaba una histórica alianza que durante décadas formó la ecuación Gobierno = Ejército = Partido Colorado. En cambio, no eran tan cómodas para el Frente Amplio. Pero eso merece una futura y más elaborada reflexión.

         Es difícil adivinar qué pensaban hacer los pactistas con la Justicia, ese tercer poder del Estado que, al retomar su vigencia la Constitución, quedaba en libertad de acción. Ese fue el nudo peor atado. Y por allí comenzó a abrirse el paquete. Denuncias, juicios, citaciones y… “desacato” anunciado para el 22 de diciembre.

         La urgencia disparó una ola de soluciones ineficientes o decididamente disparatadas. Sanguinetti, acompañado solamente por su partido, insistió una vez más con su propuesta de amnistía total para los delitos cometidos por policías y militares durante la dictadura. Ni los propios militares aceptaban una amnistía que los convertía en delincuentes perdonados.
La actuación del Frente Amplio en la emergencia fue irrelevante en términos prácticos pero devastadora en cuanto a los acercamientos entre el Partido Nacional y los sectores moderados de la coalición de izquierda en busca de una solución seria. Pocos días antes, Seregni le propuso a Wilson que el Partido Nacional presentara un proyecto de ley que congelaba por un año las actuaciones judiciales. El Frente la votaría en contra, pero Seregni se comprometía a que las críticas fueran suaves. Pocas veces se le vio a Wilson tan indignado con Seregni y, en general, con el doble discurso de la dirigencia frenteamplista que reclamaba “verdad y justicia” –ya se habían bajado del “juicio y castigo”- mientras privadamente sugerían amnistías encubiertas.

          “Así no, General” tituló en Brecha el periodista Ernesto González Bermejo, notoriamente frenteamplista, un artículo severamente crítico hacia la propuesta de Seregni, la que calificó de “grave error”.

         Después todos los senadores frenteamplistas firmaron un proyecto de ley que, en síntesis, pretendía resolver el problema por la vía administrativa. Los uniformados que no acataran una citación judicial perderían su condición militar y la mitad de su jubilación y sus nombres serían divulgados en el Diario Oficial y en dos diarios de Montevideo. Ese era el castigo que los senadores del Frente Amplio propusieron de urgencia para los torturadores. Desde el punto de vista penal era una verdadera amnistía.

         Por el camino había quedado ya un proyecto elaborado entre los senadores Alberto Zumarán y Hugo Batalla, quien por entonces lideraba el ala moderada del Frente Amplio, y un proyecto posterior presentado por el Partido Nacional. La trascripción de ambas iniciativas excede las posibilidades de esta columna, pero es lectura muy recomendable para jóvenes, adultos desmemoriados y políticos distraídos. La primera fue bombardeada por el Partido Comunista y otros sectores ultras del Frente Amplio. La segunda dejó al Partido Nacional en la más absoluta soledad.

         Tanto el Partido Colorado como el Frente Amplio jugaron a todo o nada. Los colorados querían amnistía total para los militares y no aceptaban menos. Los frenteamplistas reclamaban un utópico castigo total, muy conveniente para movilizar a las bases pero que en su radicalismo e inflexibilidad sólo podía conducir a la impunidad total. Impunidad, por otra parte, gestada desde mucho tiempo atrás por la fuerza irreductible de la realidad.

         Llegó el 22 de diciembre. Se jugaban los descuentos. Un gol hecho con la mano en el último minuto desactivó “el desacato”.

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