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Derecho a la información
por Dr. Marcelo Gioscia Civitate
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Desde aquella exigencia reclamada a las puertas del Cabildo de Buenos Aires “¡el pueblo quiere saber de qué se trata!”, que presagiaba la independencia de estas colonias americanas de su metrópoli española a nuestros días, se han sucedido innumerables acontecimientos en los que se ha ido afirmando por un lado, el derecho a recibir la información y por otro, el deber de brindarla. Lo cierto es que, desde aquel Mayo de 1810 a la actualidad, se ha consolidado en los regímenes republicanos y democráticos de esta zona del hemisferio occidental, la convicción de no gobernar de espaldas al pueblo. Pues en el conjunto de los ciudadanos que lo conforman, reside la soberanía nacional.
Por ello, nos ha llamado la atención, la destemplada respuesta de la Sra. Ministra del Interior, Maestra Daisy Tourné a una periodista, en una reciente conferencia de prensa en la Jefatura de Policía de Soriano, la que terminó abruptamente por decisión ministerial. Así es que, con la excusa de que lo interrogado tenía por finalidad “hacer política”, llamó a silencio a quien, cumpliendo su labor profesional, sólo pretendía tener la versión directa de los hechos (en el caso de la periodista María del Huerto Ramírez, del Diario Crónicas de Mercedes), retirándose del lugar.
Debiera recordar la encumbrada funcionaria que, en el sano equilibrio que supone el ejercicio de derechos y deberes, estriba una de las reglas básicas de la convivencia en sociedad. Y que, los distintos medios de prensa, a través de los periodistas (con todos los instrumentos tecnológicos que se pongan a su alcance o aún sin ellos) deberán ejercitar su cotidiana tarea de informar y con ellos, brindarnos a los habitantes de este país, los datos y hechos que luego serán considerados como elementos de juicio para conformar la opinión de la ciudadanía.
Porque además, los hechos y los actos de los gobernantes, encargados de llevar adelante las políticas públicas del gobierno de turno, se traducirán luego en decisiones (actos administrativos) que podrán afectar de uno u otro modo, a todos quienes habitamos este país y en su generalidad o particularidad, tendrán en sí mismos, la potencialidad de incidir sobre la esfera de intereses directos, personales y legítimos de cada quien.
Y lo que es más grave aún en el caso que nos ocupa, es que desde su alta investidura, debiera ser (a través de los servicios que dirige) garantía de la pacífica convivencia social y del pleno ejercicio de nuestros derechos. Por ello, atribuir intencionalidades, o lisa y llanamente, participar abiertamente de la campaña proselitista de su sector político, la aleja del “justo medio” que su cargo requiere (más aún en el presente año electoral) demostrando una peligrosa parcialidad, que no la enaltece.
No debiera olvidar la Sra. Ministra del Interior que es a través del conocimiento de los hechos y actos de los gobernantes que se garantiza el normal funcionamiento del sistema democrático y republicano de gobierno. Sistema en el que la prensa, ha jugado desde siempre y debe seguir jugando, un papel fundamental para que, quienes no nos desayunamos leyendo el Diario Oficial, podamos enterarnos de las cuestiones que se van decidiendo día a día, en las distintas reparticiones públicas.
Pero si todo lo expresado fuera insuficiente o resultara opinable, el mandato de la Ley No. 18.381 de fecha 7 de Noviembre de 2008 (Ley que establece el Derecho de acceso a la información pública) contenido en su artículo primero cuando expresa: “La presente ley tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública”, nos exime de todo otro comentario, pues todos debiéramos saber que, cuando la letra de la ley es clara, sólo corresponde a los obligados, cumplirla y a los demás: ejercer su legítimo derecho a requerir la información reconocido en la misma.
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