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Año V Nro. 332 - Uruguay, 03 de abril del 2009   
 

 
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Pablo Mieres

Ley de Partidos: Por fin
por Pablo Mieres

 
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         Hace muchos años que nuestro país se encontraba en una situación muy incómoda debido a la ausencia de toda norma que regulara la actividad de los partidos políticos. Estas organizaciones fundamentales para la vida democrática, que en Uruguay se han constituido en una base firme del funcionamiento político, no estaban reguladas en modo alguno, por lo que cada organización partidaria se daba a sí misma las reglas y el control de funcionamiento que buenamente entendía pertinente.

         Era imprescindible, para la salud de la democracia, cubrir el vacío legal que existía desde hace largos años con respecto a la regulación de los partidos políticos y de sus actividades. Esta semana se terminó de aprobar una ley de partidos que, más allá de detalles menores, incluye normas claras y definidas sobre el funcionamiento de los partidos y sobre ciertos criterios que deben cumplir para dar garantías a la ciudadanía sobre la gestión de sus recursos, tanto desde el punto de vista de sus ingresos como de sus gastos…

         Es, además, muy importante que esta normativa haya sido aprobada por unanimidad. Todo el sistema político acompañó la fijación de estas reglas de juego que suponen la voluntad efectiva de la autorregulación. No fue fácil alcanzar el consenso, pero este finalmente se logró dando muestras de pluralismo y se ha emitido una señal muy positiva sobre el funcionamiento de nuestra democracia.

         Por otra parte, el hecho de que su aprobación ocurra en plena campaña electoral es un ingrediente positivo adicional, puesto que demuestra la capacidad de entendimiento de los partidos en la fijación de las reglas de juego. Componente esencial del afianzamiento de la democracia.

         Seguramente, como ocurre en todo orden normativo, habrá disposiciones cuya aplicación dejará espacios abiertos para maniobras elusivas o interpretaciones que “aflojen la cincha” de los controles. Ello siempre ocurre a la hora de aterrizar la aplicación de la norma a la realidad. Pero no menos cierto es que la legislación aprobada busca fijar criterios que aseguren que los ciudadanos estén informados sobre el origen de los recursos y sobre su uso y obliga a los partidos a llevar una contabilidad seria y confiable.

         Con esta decisión se ha ganado en transparencia y garantías ciudadanas. Es un hecho político destacable y subrayable.

         En forma simultánea se aprobó, también por unanimidad, una segunda norma trascendente en materia de transparencia. El sistema político encargó a la Corte Electoral la tarea de asegurar la presencia de las listas de todos los partidos en las mesas de votación. Esta decisión, aparentemente menor, es muy importante porque restaura una flagrante violación de las garantías del sufragio que estaba vigente en nuestro país.

         Hasta ahora cada partido tenía que hacerse cargo de llevar sus listas a las mesas de votación, por lo que podía ocurrir y de hecho ocurría que muchos ciudadanos no encontraban la lista de su preferencia en el cuarto secreto por lo que se veían obligados a votar en blanco o votar a otra opción política diferente de la que había elegido.

         Esta situación era sorprendente en un país como el nuestro que se ha caracterizado por la fortaleza de sus normas electorales y que tiene prestigio de ser un sistema político que respeta las garantías de los ciudadanos. Esta decisión repara esta circunstancia y deja tranquilos a todos sobre la seguridad de que cada ciudadano pueda votar a aquel partido que más le plazca.

         En síntesis, un conjunto de decisiones muy positivas que ayudan a la consolidación de la democracia y a la transparencia de la actividad política.

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© Pablo Mieres
 
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