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Legítima reacción causa
efectos inaceptables
por Dr. Marcelo Gioscia Civitate
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El conflicto que se ha desatado en CONAPROLE (una de las principales y mayores empresas privadas de nuestro país, dedicada a la industria láctea y galardonada como una de las más importantes exportadoras de nuestro medio) al parecer, no tiene miras de solucionarse en lo inmediato.
Las medidas adoptadas por AOEC, (el sindicato de trabajadores de la empresa) desde el 19 de Mayo pasado, ha causado daños que son muy difíciles de cuantificar, no sólo en lo que hace al incumplimiento de embarques de productos ya comprometidos a mercados del exterior, sino también con referencia al abastecimiento del consumo interno de uno de los alimentos básicos de la canasta familiar.
Este asunto, que en otras latitudes ni siquiera hubiera tomado estado público, -pues se hubiera resuelto sin mayores estridencias dentro de la legítima aplicación de las normas de derecho laboral- ha sido tema del pasado Consejo de Ministros donde, hasta el mismo Presidente de la República ha mostrado su preocupación y solicitado se resuelva el diferendo en forma urgente. Luego que, encumbrados funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hayan intentado -sin éxito hasta el presente- resolver las diferencias entre la empresa y su sindicato. Observo que, le han ofrecido incluso un seguro por desempleo de cuatro meses al funcionario despedido por “notoria mala conducta”, que se cargará a la cuenta del Banco de Previsión Social.
Y este ofrecimiento del MTSS (un subsidio financiado por el BPS y que a la postre pagamos todos), para que las partes reabran el diálogo “con la sangre fría”, según declaró el coordinador del PIT-CNT, quien también ha participado de las reuniones, podría ser aceptada por el sector. Pero hay muchas cuestiones que no se entienden y al parecer nadie pregunta: ¿qué es lo que se tiene que conversar?; ¿cuál es la razón de la medida de fuerza del sindicato?; ¿no es desproporcionada?; ¿porqué se pretende atentar contra el principio de autoridad de la empresa?; ¿porqué la población, debe ver afectado su normal aprovisionamiento de leche?; ¿no se calibró que las medidas gremiales ponen en peligro mercados del exterior, al incumplir embarques?; ¿cuáles son las razones últimas en todo este asunto?
Llama la atención entonces que, se pretenda “un gesto político y empresarial” por parte de la empresa, cuando al quebrarse la confianza depositada en el funcionario en cuestión, se encuentra en todo su derecho de mantener su decisión de desvincularlo de la misma.
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En el caso que analizamos, y de acuerdo a la información que recogimos en los medios de prensa, no es posible una doble lectura. Pues, adoptar tal proceder supondría atentar contra el Estado de Derecho y contra las normas jurídicas que pacíficamente deben regular las relaciones laborales en nuestra República.
Argumentar que la Justicia no haya encontrado mérito para disponer el procesamiento del despedido, no puede obligar al Directorio de la empresa a “dar marcha atrás” en su decisión de despido, ya que no le devuelve en modo alguno al funcionario, la condición que tenía antes de comprobarse su participación en los hechos que lo involucraron.
Y esto, debo ser muy claro, no lo resuelve ninguna mesa de negociación. Es que se trata por una parte, del mantenimiento del principio de autoridad y del ejercicio del poder de dirección empresarial que no puede conculcar ninguna medida de fuerza y por otro, del derecho al cobro o no, de una indemnización por despido que, en la especie será decidida oportunamente en los estrados judiciales.
Mientras los distintos actores juegan sus roles en este asunto, la sociedad toda espera la solución que va más allá del abastecimiento de leche, supone también el fortalecimiento o no de sus valores jurídicos y republicanos, para poder alcanzar, ese ansiado país de primera al que tenemos derecho.
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© Dr. Marcelo Gioscia Civitate para Informe Uruguay
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