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Año V Nro. 302 - Uruguay,  05 de setiembre del 2008   
 

 
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Emilio J. Cárdenas
Nuevas “picardías” bolivarianas
por Emilio J. Cárdenas (Perfil)
 
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         La corrupción: una suerte de estela de los negocios de la Venezuela de Hugo Chávez

         La valija repleta de sospechosos petrodólares (que pretendían, aparentemente, financiar la campaña electoral de Cristina Kirchner) que fuera en su momento transportada en un avión alquilado por una empresa estatal argentina, y que pretendiera ingresar subrepticiamente a la Argentina Don Antonini Wilson; las negociaciones paralelas -e instantáneas- de los bonos argentinos sistemáticamente adquiridos por el gobierno venezolano, generando fuertes diferenciales de precios; y ahora las ventas del Uruguay a Venezuela financiadas con dineros públicos tienen, todos, un denominador común: un fuerte olor a corrupción.

Más de lo mismo

         Los dos primeros episodios son archi-conocidos. El último, en cambio, recién acaba de comenzar, a impulso de una denuncia formulada por el diputado uruguayo perteneciente al Partido Colorado, Washington Abdala, que busca “echar luz”, esto es transparencia sobre negocios realizados en el Uruguay en torno a un fondo denominado “Bolívar-Artigas”, que en rigor es solamente un “fideicomiso” creado en base al dinero que el Estado uruguayo paga a Venezuela para amortizar sus compras de petróleo crudo caribeño.

         Para el mencionado Abdala, hay un “tufillo raro” que flota en torno a los negocios financiados con esos recursos venezolanos, que podría hasta tener alguna “relevancia penal”. Habrá que esperar para ver cuál es el resultado de la investigación que acaba de iniciarse en el Juzgado Penal Tercero de la ciudad de Montevideo. Abdala solicita al Juez actuante que se cite a declarar a un nutrido grupo de funcionarios públicos orientales y a distintos empresarios uruguayos.

         Según el mencionado diputado, entre los favorecidos estaría un grupo que se habría beneficiado en una venta de “software” a cargo de le empresa “Artech”. Habrá que verlo. Por ahora son sospechas, solamente. Se trata de la venta a la empresa “Venezolana de Guyana-Telecom” de una tecnología informática denominada “Genexsus”, negocio que involucra -a estar a las cifras difundidas- unos 59 millones de dólares.

         El mencionado fondo “Bolívar-Artigas” se conformó, recordemos, con un aporte inicial del gobierno de Venezuela de unos 200 millones de dólares, producto del financiamiento a plazo de las ventas de crudo, que financió la exportación, entre otras cosas, de casas prefabricadas, tecnología informática, y de ganado vacuno en pie.

         Más de lo mismo, quizás. Lo que es siempre una pena. Por todo lo que significa en el ámbito de la ética pública.

         Las denuncias en torno al “Fondo Artigas-Bolívar” incluyen asimismo a la firma “Umissa”, proveedora de casas pre-fabricadas al caribeño elaboradas con el referido financiamiento, acusada de cooperar con Guido Antonini Wilson. Su titular, Alejandro Lagrenade, sostiene su inocencia.

La relación bilateral se profundiza

         Mientras todo esto sucede, una nutrida delegación de Venezuela, encabezada por su Canciller, Nicolás Maduro, visitó recientemente Uruguay, “para revisar la relación bilateral”.

         Uruguay procura exportar a Venezuela productos de su joven industria automotriz, así como del sector de las telecomunicaciones y una lista de diversos alimentos. Los venezolanos tratan, especialmente de aumentar su presencia e influencia en la región.

         A fines de año, ambos países intervendrán (con otros de la región) en el lanzamiento del satélite “Simón Bolivar”, financiado con petro-cheques provistos por Hugo Chávez, con un costo total de 241 millones de dólares.

La habitual “picardía” de Hugo Chávez

         En otro andarivel, diferente, el “Parlasur” (nombre con el que se conoce al Parlamento del MERCOSUR) se apresta a debatir en Montevideo las pícaras “inhabilitaciones” de candidatos de la oposición dispuestas por Hugo Chávez, ya “legalizada” sospechosamente por una Corte Suprema de cuyos siete miembros nada menos que seis son incondicionales a Chávez. Todo esto ocurre disfrazado de normal en Venezuela, donde en verdad todo está al servicio de Hugo Chávez y los suyos.

         Las “inhabilitaciones” son obviamente una manera -mañosa- de excluir de la contienda electoral del próximo mes de noviembre a todos aquellos candidatos de la oposición que tienen efectivamente posibilidades de derrotar a Chávez en las urnas.

         La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del MERCOSUR, la buena diputada uruguaya Adriana Peña, estuvo hace algunos días en Venezuela, en una visita ruidosa que generó toda suerte de chispazos con el régimen de Chávez, ante la correcta preocupación de Peña por el feo “estado de cosas” venezolano, que cada vez tiene menos que ver con la democracia.

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Fuente: Fundación Futuro Argentino
 
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