País dividido, constitución impracticable por Carlos Flores Juberías

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En sus 184 años de historia, Bolivia ha tenido nada menos que quince constituciones –dieciséis, con la referendada el pasado día 25 de enero– reformadas además en un sinfín de ocasiones.

         Si la Historia en general está llena de iluminados que se empeñaron en hacer realidad sus delirios aun a costa de sumir a sus pueblos en auténticas pesadillas, la de América Latina en particular está plagada quienes han querido hacer eso mismo a golpes de Constitución, cifrando en estos documentos un potencial taumatúrgico del que obviamente carecían.

         Por desgracia, Bolivia no ha sido –ni es– una excepción a esta regla: en sus 184 años de historia el país ha tenido nada menos que quince constituciones –dieciséis, con la referendada el pasado día 25 de enero– reformadas además en un sinfín de ocasiones. Es por ello que se comprende mal que el ejecutivo de Morales haya cifrado en el proceso constituyente que acaba de concluir nada menos que su sueño de “refundar Bolivia”, como si los pueblos pudieran de la noche a la mañana dejar de ser lo que son para transformarse en algo distinto, y –además– hacerlo a golpe de Constitución.

         Con todo, esta suerte de fervor constitucionalista es en estos momentos el menor de los problemas de Bolivia.

         Mucho mayor es el que se deriva del desigual respaldo popular con el que la Constitución ha sido recibida. Holgadamente aprobada en los departamentos del Altiplano y las sierras, pero abrumadoramente rechazada en los departamentos orientales, lo de menos es que en el cómputo global los síes aventajaran a los noes por seis a cuatro: ante un país tan rotundamente dividido –piénsese qué habría sucedido si en nuestro referéndum constitucional Madrid, Andalucía y las Castillas hubieran votado afirmativamente, y Cataluña, Valencia y el País Vasco en contra–, cualquier cosa que no sea volver a empezar desde cero constituye una garantía de conflicto.

         Y aun mas serio es, si cabe, el que se derivará del disparatado contenido de muchos de sus artículos si se llegara a implementarlos. Y es que una Constitución que establece 37 idiomas cooficiales, compromete al Estado a garantizar prestaciones que ni los países más desarrollados tienen resueltas, mira con desconfianza la propiedad privada, prescribe la elección popular de los magistrados del Supremo y el Constitucional, prescribe que jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena gozarán de igual jerarquía –obviando que los principios y procedimientos de esta última son con frecuencia contrarios a los derechos fundamentales– y, desdibuja el autogobierno de los departamentos potenciando el de los pueblos indígenas, no tiene más oportunidad para perdurar que la de permanecer relegada a la categoría de papel mojado. Y para ese viaje, no hacían falta alforjas.

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