La democracia entre la propiedad privada y la cosa pública por Pablo Martín Pozzoni

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A partir de esta edición Informe Uruguay comenzará a publicar "La democracia entre la propiedad privada y la cosa pública", un ensayo de Pablo Martín Pozzoni, a quien agradecemos la gentil autorización de publicación, pero por razones de tamaño lo haremos en siete capítulos semanales.
Poniendo el cursor de su mouse sobre cada capítulo indicado en el índice se abrirá una ventana en la que Ud. podrá ver las fechas de publicación de cada uno, y en los ya publicados haciendo click sobre cada capítulo podrá acceder a los mismos.

Introducción

         El tema central de este ensayo es la relación entre el poder público y la idea de república y de democracia, y cómo ésta se vincula con otra, la del íntimo vínculo existente entre el espacio privado como única esfera real de libertad individual y la posibilidad de que la voluntad consciente afecte libremente al orden social en un espacio público signado políticamente por el poder y la fuerza. De estos dos puntos se desprenden muchas conclusiones, pero antes de llegar a ellas hay que poner en claro conceptos que usualmente se usan con muy poco cuidado, y revisar nociones que tenemos acerca de los sistemas políticos que usualmente llevan a confundir en éstos las características frecuentes con las necesarias. Luego de esta introducción vendrá el núcleo problemático: la naturaleza de las relaciones de poder y la dualidad ciudadano-habitante. Desde allí será mucho más fácil entender el resto y la importancia (y tal vez hasta la causa) de que hayan surgido tres conceptos diferentes y mutuamente excluyentes de “democracia”.

         Debo aclarar que este ensayo es el resultado de reflexiones, algunas escritas, otras habladas, otras simplemente pensadas en silencio, que, durante todos estos meses en los cuales dejé abandonado mi blog, me han surgido a lo largo de diversos estudios y lecturas relacionados de una forma u otra con la filosofía política. Todos los temas que aquí trato y divido en capítulos fueron pensados en forma no consecutiva y la mayoría de las veces en forma desconectada unos de otros, sin embargo me fui dando cuenta la relación profunda que tienen entre sí y cuan necesarios es tratarlos en un mismo lugar. Sistematizarlas y redactarlas para un trabajo práctico basado en la misma temática fue el último incentivo que necesitaba. Es así que me decidí a ponerlos todos en un mismo sitio, corregirlos o repensarlos, en forma similar a como he hecho en otras ocasiones. La intención es pretenciosa: mis conocimientos sobre estas cuestiones deberían tal vez ser más amplios de lo que ahora son, pero para aportar soluciones a problemas evidentes juego con las herramientas que tengo, y trato de darle a estos problemas una resolución mejor de la que actualmente tienen.

         De todo esto no hay una sola conclusión final, sino varias, pero tal vez la que pueda destacarse es una visión algo más optimista de la moderna idea de democracia, ya que, de todos los sistemas de gobierno que el liberalismo político puede rescatar, es el que en la práctica termina cargando con más facilidad con la necesidad de evitar la violencia política. Por supuesto, la política es violencia, pero el hecho de que las ideas e intereses diversos descubran que incluso para ejercerla desde el Estado (la acción política gubernamental) necesitan un margen de acción en el cual se encuentren libres de la misma (la libertad política en el sentido de libre asociación de opiniones políticas en el seno de la sociedad civil), es una consecuencia de haber incluido a la población entera en el carácter de soberana. Por supuesto, esto tiene un precio, y altísimo, pero la culpa no es de este “pluralismo inclusivo” de la actual noción poliárquica de la democracia, sino del movimiento pendular en sentido contrario que la propia noción de legitimidad democrática crea como peso infinito sobre esa población entendida ahora como habitante y receptora del poder. En pocas palabras, la culpa no es de la libertad (de actuar en política) sino de la política (que actúa sobre la libertad).

         Para el final hago un repaso de cómo estas últimas cuestiones han afectado a los igualitarios pluralistas que consideraban existía una dependencia orgánica entre las desigualdades socioeconómicas, arrastrándolos de soluciones liberales a proyectos socialistas (necesariamente colectivistas), y a su vez cómo han afectado por igual a todos los socialistas, volviendo populistas despóticos primero a los idealistas proudhonianos y luego a los historicistas marxistas, y finalmente volviendo socialistas a los que eran meros populistas rousseaunianos. A principios del siglo XX vimos cómo el socialismo tomaba las banderas del populismo totalitario. A principios del XXI vemos cómo el populismo toma las banderas del socialismo totalitario.

         Como se ve todas estas cuestiones parecen muy dispares, pero siguen un hilo. A lo largo de este trabajo estarán tirando de ese hilo. Yo estaré rezando porque no se corte.

1. El lenguaje político y las formas de gobierno. Poniendo el caos en orden

         ¿Qué es la democracia? El caos actual en la ciencia política se debe, creo, a que la sobreutilización de este término para explicar fenómenos diferentes nos ha llevado, por sumisión a la corrección política, a la desagradable situación de intentar definir por antónimos algo que no conocemos, y así explicar todos los fenómenos políticas desde un concepto ya confuso de lo que la democracia es o debería ser.

         La primera confusión tiene que ver con la diferencia entre mayoría y pueblo. En última instancia el riesgo de usar estos términos en forma indistinta es que siempre se termina en una pendiente resbaladiza hacia la retórica acerca de la unanimidad ideológica sobre los intereses: que las diferencias de ideas se expliquen por “mayorías” sociológicamente definidas (en vez de explicarlas como resultados, a su vez, de proyecciones culturales de intereses “ideológicos”). Para estas “mayorías” se propondrá, indefectiblemente, una noción de interés general y de pueblo en sentido colectivo que, además de volverse impulsivo para sus individualidades, es inexistente y autocontradictorio. Y atractivo, particularmente en caso de que las clases medias brillen por su ausencia, o no se reconozcan a sí mismas en la propiedad de la cual dependen para su existencia, o sea, en la natural y evidente pluralidad de intereses -tanto como medios o como fines- en bienes materiales e ideales, que implica el espacio privado de la libertad, esto es, de los diferentes proyectos de vida.

         La democracia no es, pues, la aplicación de “la regla de la mayoría”. Por el contrario, dicha regla es, más bien, el carácter intrínseco de toda decisión tomada en un ámbito republicano, no importa cuál sea la extensión de dicho ámbito. Supongamos que gobierna una minoría y debe tomar decisiones en forma conjunta, la unanimidad le seguirá siendo un trabajo difícil y deberá apelar a “la regla de la mayoría”. Incluso en una democracia la “regla de la mayoría” se convierte fácilmente en la “regla de la primer minoría” cuando no prepondera una idea política cualquiera por encima del 50%.

         Si se confunde “regla de la mayoría” con democracia es porque se presume que democracia significa gobierno de la mayoría, esto es: que el pueblo es la mayoría y hay una minoría que no es el pueblo. Pero tal cosa sólo tiene sentido en términos de un orden nobiliario, como puede ser el de una monarquía tradicional, en el cual hay estamentos sociales (véase el clero y nobleza) con privilegios, esto es, con leyes privadas relativas a individuos específicos. Estos estamentos no pueden ser pensados como una totalidad “pública” y cambiante. En contraposición a otros estamentos existen conjuntos de estamentos que tienden a formar un único estamento restante, cuyos límites sí son difusos y cuyas ubicaciones sociales -por lo general funciones económicas- no están individualizadas. En dicho orden a ese estamento lo llamamos “pueblo”, más allá de sus divisiones sociológicas entre campesinos y burgueses, y divisiones económicas arbitrarias y fluctuantes entre “popolo grosso” y “popolo minuto”, artesanos y comerciantes más grandes o más chicos. Donde no hay otra cosa que el “tercer estado” -esto es: sin nobleza de armas ni clérigos como estamentos con leyes privadas- todos son “pueblo”. Si el “gobierno de una mayoría” fuera entonces la definición de democracia, podríamos imaginar fácilmente el siguiente caso: Consideremos como “pueblo” a cierta clase social que sumada sea la mayoría de la población total, véase el proletariado de fines del siglo XIX por ejemplo. Si presumimos que hay una unidad de intereses entre los individuos de esta clase, unidad de interés que fuera intrínseca a su existencia (sería un interés materialmente determinado), y si, además, suponemos que hay unanimidad de opinión sobre los medios que mejor realizan esa unidad de intereses en tanto fines (un autoevidente pensamiento de clase), entonces podemos suponer que “el pueblo” gobernando puede llegar a ser una mayoría. Pero imaginemos ahora que no existe esa voluntad automática y autoevidente sobre los fines comunes de este “pueblo” y debe tomarse una decisión. La única forma de llegar a ella es mediante deliberación para llegar a un consenso unánime, o bien mediante… “la regla de la mayoría”. Pero resulta que esta regla de la voluntad mayoritaria se realizaría dentro de una mayoría sociológicamente delimitada. Si esta “mayoría popular” fuera la “mitad más uno” de la población total, entonces al momento de tomar cualquier decisión la regla de la mayoría convertiría automáticamente a la decisión en la decisión de una minoría respecto de la población total. Este aparente malabar de situaciones hipotéticas no es caprichoso: encontramos frecuentemente y hasta con cierta regularidad dicho estado de cosas. Ya Madison escribía en términos similares a los marxistas vinculando minorías y mayorías de opinión con minorías y mayorías sociológicas o más exactamente económicas como facciones variables dependiendo de la elección previa de sus formas de apropiación[1](con esta enriquecedora salvedad de que su tesis es, en términos pos-marxistas, que las “ideologías” generan a su vez nuevos “intereses”). Cualquiera que parta de la premisa de que democracia es el gobierno de mayorías sociológica y/o económicamente delimitadas se encuentra ante este dilema en cuanto quiera conciliarse con la idea liberal de un pluralismo de opiniones como medio para la toma democrática de decisiones[2].

         ¿Qué es, entonces, la democracia? Pues, en cuanto al demos, al menos por convención y facilidad de conceptualización, es simple: en ausencia de estamentos sociales diferenciados, la democracia es el gobierno de todos. Esos “todos” podrán gobernar por la regla de la unanimidad o por la regla de la mayoría o como fuera, poco importa esto para establecer quienes gobiernan mediante la suma de sus opiniones. ¿Gobiernan qué? Eso lo veremos más adelante cuando diferenciemos sociedad de pueblo. ¿Gobiernan a quién? A los habitantes, y esto implica a todos, en mayor o menor medida, en tanto la democracia sea monista. Por otra parte, cambiando el prefijo al término “democracia”, el “qué” y el “a quién” no cambian. Los gobernantes pasan a ser otros, los gobernados no tienen por qué variar.

         Para entender de qué hablamos en cada caso, y que se vea que no intentamos dar un matiz calificativo a esta clasificación, compararemos nuestro uso de los términos con los propios de las diferentes clasificaciones célebres en el pensamiento político.

         Intentemos ahora poner en orden el caos de clasificaciones de sistemas políticos que se han pensado a lo largo de la historia del pensamiento político, y hagámoslo desarrollando una clasificación lo más simple posible. Ya desde el principio nos encontraremos con un problema decidiendo qué sufijo es mejor sinónimo de poder, si “cracia” (kratós) o “arquía” (archos). Antes de decidirlo, utilicemos ambos, provisionalmente al menos. Por tanto queda hacer una distinción cualitativa elemental, una cuestión de cantidades que tenga características cualitativas. Parece ser -y esto es algo compartido desde los inicios de la filosofía política- que hay ciertas distinciones cualitativas entre diferentes formas de gobierno que van ligadas a su número, casi como si su número tuviera un cierta relación con una estructura dada, como quien habla de la diferencia entre 99 grados centígrados y 100 grados en el agua, que provoca un salto estructural cualitativo que no se da entre los 99 grados y 1 grado. Así que clasifiquemos por cantidades: o gobierna uno, o gobiernan pocos, o gobiernan muchos, o gobiernan todos. Tenemos entonces cuatro sistemas:

         Cambiando el sufijo por “archos”, que sería más adecuado, surgen más problemas:

         Intentemos entonces no alejarnos conceptualmente, en lo posible, ni en lo etimológico ni en el sentido generalizado de las palabras, pero tratemos de acercarnos a una clasificación más amena, aunque no sea perfecta. Las cualidades implicadas en los términos son casi intrínsecas a cada forma de gobierno según su cantidad de gobernantes, en especial respecto de su legitimación:

         Para entender de qué hablamos en cada caso, y que se vea que no intentamos distorsionar normativamente o dar un matiz calificativo a esta clasificación, comparemos nuestro uso de los términos con los propios de las diferentes clasificaciones célebres en el pensamiento político:

Autocracia entendida como gobierno de uno, incluye lo que en Platón era “tiranía”, en Aristóteles “reinado” y “tiranía”, y en Montesquieu “monarquía” (tradicional, orgánica o medieval) y “despotismo” (modelo asiático y monarquía absoluta).
Aristocracia entendida como gobierno de pocos que excluyen a los muchos restantes, incluye lo que en Platón era “aristocracia”, “timocracia” y “oligarquía”, en Aristóteles “aristocracia” y “oligarquía”, y en Montesquieu “república aristocrática” sea esta moderada o inmoderada (inmoderada por arbitrariedad o pereza).
Oclocracia entendida como gobierno de muchos que excluyen a los pocos restantes, podría incluir lo que en Platón sería la “tiranía” en sus aspectos demagógicos, en Aristóteles la “democracia” pero excluyendo a los ricos o bien a parte de los pobres, y en Montesquieu una “república democrática” parcial.
Democracia entendida como gobierno de todos, incluiría lo que en Platón sería la “democracia”, en Aristóteles tanto “politeia” como “democracia”, y en Montesquieu una “república democrática” tanto sea virtuosa como si no.

         He excluido autoritarismo por las mismas razones que lo hace Sartori[3]: el autoritarismo es una autoridad (o sea, un “poder legítimo”) que se autolegitima, y es una característica que no se opone directamente a democracia. De hecho, ya veremos que la autoridad, como cualquier otro poder en tanto ejecutivo, siempre es minoritario, con lo cual un autoritarismo sería simplemente la arrogación de legitimidad de la jefatura del poder a sí mismo.

         También he excluido la noción de totalitarismo, que considero ya es casi completamente perpendicular a la cuestión de cuantos, cómo y quienes gobiernan, y tiene más bien relación con la absolutización del espacio público soberano como un fin en sí mismo.

         Desde ahora en adelante usaremos esta categorización de las formas de gobierno, y se aclarará que así se hace cuando preste a confusión.

         En cuanto al término “república” sigo fiel a la clasificación de Montesquieu: república es el gobierno conjunto de más de una persona: no es ni constitucionalismo o el imperio de la ley (Locke), ni gobierno de todos (Aquino), ni mucho menos al gobierno del pueblo como sistema representativo (Hamilton, Madison y Jay). Una república es una res publica, una cosa de todos, colectiva, no privada. El alcance de lo público, y de a quienes eso público regula, no interesa. Tampoco nos interesa ahora quienes son los poseedores de esa cosa pública. La cosa pública puede estar afectando a una parte de la sociedad o a toda, y ser manejada por una parte o toda de sus, precisamente, “ciudadanos”, que participan en una comunidad política. Por ende no hay republicanismo, por ejemplo, en los gobiernos por mandato propios del pluralismo de poder feudal tardío en base a “estados generales”, y en cambio sí lo hay en una aristocracia política como una forma pública de gobierno, como dentro de una ciudad-Estado medieval o antigua, ya que su espacio político, internamente, no tiene titulares particulares sino generales de acuerdo a una condición social y/o geográfica.

         La república, sin embargo, sí implica en parte un gobierno moderado en cuanto a que el espacio de la cosa pública está previamente definido. Esto es muy importante, como veremos varias veces más adelante, ya que las aristocracias y las democracias pueden ser republicanas o no serlo, esto es, o bien que pauten el alcance de lo que consideran cosa pública a gobernar en forma pública, o que no lo hagan y la cosa pública este a su vez, más allá de lo establecido en la constitución del poder, sometida a deliberación. Una república, tome la forma que tome, será primero republicana y luego será, en tanto poder ejercido por alguien, aristocrática, democrática, etc., métodos por los que la cosa pública se dirime. A la inversa, en cuanto lo que se dirime es qué es cosa pública dentro y/o fuera del grupo gobernante, el republicanismo desaparece, y con este, casi inevitablemente, la autonomía de la voluntad individual de quienes detentan el poder frente a la propia inercia cultural de ese poder.

         ¿Vivimos, pues, en una república? Sí. ¿La cosa pública gobernada es la del pueblo por entero? Sí. ¿Vivimos en una democracia? No. Toda república, toda res publica con su derecho público, se sustenta sobre la legislación y esto hace a los legisladores los verdaderos detentadores del poder político. La república democrática es directa o no es. Vivimos bajo una síntesis republicana (monista) de un sistema aparentemente mixto, pero que en realidad tiene cualidades complementarias: la presidencia hace las veces de una autocracia monárquica pero siempre como parte de una república, de un espacio público-político mayor, así como el senado hace las veces de una aristocracia y la cámara baja del congreso las veces de una democracia. En cualquier caso los poderes legislativos, que son el núcleo del poder, son una aristocracia electa democráticamente, esto es, una “poliarquía” en términos de Dahl, una “lucha de políticos en competencia” en términos de Schumpeter. (Aclaración necesaria: lo anterior no significa que los poderes legislativos de jure sean necesariamente los de facto, pero de no ser así el verdadero poder está en quienes detentan el poder legislativo de facto aunque estos pretendan ser, de jure, solamente otros poderes o factores de poder.)

         Provisionalmente durante este ensayo llamaré a esta “elección democrática de aristocracias en competencia” mediante el término que popularizaran los autores de El Federalista, esto es, como un sistema de democracia representativa o democracia a secas. Lo mismo se aplicará a aristocracias plutocráticas y oclocracias populistas que aunque bien organizadas no tengan un control directo sobre el poder sino indirecto y por representación.

[1] Cfr., Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, El federalista, México: Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 37.
[2] Cfr., John Rawls, Liberalismo político, México: Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 57.
[3] Cfr., Giovanni Sartori, ¿Qué es la democracia?, Argentina: Taurus, 2003, pp. 177-181.

Publicado con autorización del autor: Propiedad Privada

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