Pasteras, contaminación y política La Argentina ante un viraje necesario por Club Político Argentino Gentileza de: Alejandro Villaverde

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I. La cuestión Botnia nuevamente al rojo vivo

         Tras un prolongado letargo, se ha reactivado recientemente la cuestión Botnia. Aunque la misma presenta numerosas facetas, algunas importantes novedades son las siguientes:

•  Aparecieron diferentes informes técnicos, algunos elaborados por organismos oficiales argentinos, que sostienen que -hasta el momento- no existe evidencia de la presunta contaminación ambiental de la planta productora de celulosa localizada en Fray Bentos;
• Hay un evidente interés del gobierno nacional argentino y del provincial de Entre Ríos en poner un punto final al bloqueo del puente internacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos;
• Se verifica un desplazamiento, en términos generales, del humor dominante en la opinión pública y en los medios de comunicación argentinos, consistente ahora en un casi completo escepticismo en lo que se refiere a los supuestos impactos ambientales catastróficos del emprendimiento y un mayor fastidio ante el activismo asambleísta;
• Hay un aislamiento político creciente del asambleísmo, inclusive en la provincia de Entre Ríos y en la propia Gualeguaychú.
• El 26 de enero malos olores provenientes de emisiones de la pastera llegaron a Gualeguaychú y al balneario Ñandubaysal.

         El Club Político Argentino considera que la nueva situación brinda una oportunidad para una reflexión que coloque la cuestión en un marco político doméstico e internacional más amplio y dé pie a propuestas concretas encaminadas a la solución de los problemas planteados, entre ellos el deterioro de nuestros profundos vínculos históricos y culturales con Uruguay.

II. ¿Por qué se llegó a este punto?

         Una parte, ya extremadamente minoritaria, del asambleísmo gualeguaychuense adoptó una concepción de la cuestión ambiental que orilla la conformación de un fundamentalismo. Para ellos, que "Botnia contamina" es el corazón del dogma de esta nueva creencia, que -como cualquier fundamentalismo- no puede ni debe precisar de la menor evidencia. Este sector del asambleísmo tiene derecho a tener sus convicciones, pero eso no nos obliga a convertirnos a ellas.

         Parte significativa de esta consagración fundamentalista de dichas convicciones se ha hecho evidente con la marginación en el espacio político del asambleísmo de quienes, de un modo u otro, han dudado sobre ellas o adoptado tesituras más flexibles, y que han sido denunciados como “traidores”.

         Entre tanto, para todos los que no compartimos esas convicciones para ellos incuestionables, es importante explicitar que, en efecto, no existe evidencia -al menos hasta la fecha- de que la planta de Botnia contamine (más allá de episodios de olor ser esporádicos y no tóxicos, pero molestos y perjudiciales para la comunidad local y a los que nos referiremos luego).

         Por el contrario, la planta instalada en Fray Bentos presenta patrones de calidad ambiental aún superiores a los de las mejores productoras de celulosa en Europa, por la simple razón de que emplea tecnologías de última generación. Decirlo es de la mayor importancia hoy por hoy y de cara al futuro, por dos razones.

         Primero, porque todavía el grado de información de la opinión pública argentina al respecto es deficiente. Y segundo, para salir al cruce del argumento facilista de que "hay otras formas más apropiadas para protestar contra Botnia y el gobierno uruguayo que los cortes de ruta".

         La desinformación y la desorientación de la opinión pública argentina han sido, en parte, consecuencia de tergiversaciones patentes (deliberadas o no) de información seria. Tal es el caso de la distorsión del informe de la consultora EcoMetrix de julio de 2008 (perfectamente accesible para todo el mundo en la web). A pesar de que el informe, que se ocupa de evaluar el impacto ambiental de la planta procesadora de celulosa luego de varios meses de funcionamiento, es tranquilizador al respecto, no faltaron quienes, desde del núcleo recalcitrante del asambleísmo, así como entre profesionales, diplomáticos, etc., no tuvieron el menor empacho en “citarlo” para atribuirle afirmaciones tales como que la empresa estaba arrojando (sic) a las aguas del Uruguay miles de toneladas de dioxinas por mes.

         Si bien el informe de EcoMetrix fue el primero emitido luego del comienzo del funcionamiento de la planta, ya con anterioridad se disponía de varios pronósticos tranquilizadores, entre ellos algunos argentinos, por ejemplo el de la Academia Nacional de Ingeniería (que en su oportunidad se dirigió al Poder Ejecutivo) y el de profesionales (como el ingeniero químico Mario Feliz y el geógrafo Carlos Reboratti) que han librado una batalla a favor de la información precisa y confiable (que no es lo mismo que infalible), hasta ahora en condiciones muy desfavorables.

         Enteramente consistentes con estos pronósticos e informes, también se dispone de la comprobación por parte el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de la ausencia de cambios nocivos, atribuibles a los efluentes de la planta, en la calidad del agua del río Uruguay.

         Sólo muy recientemente, tanto el gobierno nacional como el provincial parecen haber reunido la voluntad política para poner un epílogo a los cortes de la frontera internacional que practica obcecadamente parte del asambleísmo de Gualeguaychú, con la colaboración de sectores casi microscópicos de otras ciudades de Entre Ríos y la infaltable asistencia de pequeñas organizaciones radicalizadas.

         Esta disposición, acompañada a su vez por la aceptación pública de las conclusiones del INTI por parte de funcionarios de primera línea, debe ser celebrada pero, a nuestro entender, con algunas salvedades.

III. Emergen nuevos criterios

         Primero, ganaríamos todos si evitáramos convertir a los asambleístas en chivos expiatorios de este desastre político, diplomático y cultural cuya responsabilidad cabe a muchos actores, políticos oficialistas y opositores, diplomáticos, periodistas, intelectuales, etc.

         Por muy equivocados que puedan estar estos asambleístas, tanto en lo que creen, como en el método que emplean para defender lo que creen, no deben, luego de que por años se los mimó, alentó, exaltó y se les proporcionó respaldo oficial de toda índole, ser ahora señalados con el dedo acusatorio por quienes quieren, de ese modo, des-responsabilizarse de una pésima política en la que les cupo un importante papel.

         Durante años, amplios grupos de opinión, así como dirigentes de todo tipo, adoptaron ciegamente el diagnóstico catastrofista de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG). Avalaron, aplaudieron y respaldaron logísticamente su metodología piquetera, y asumieron como propios sus objetivos. A nuestro entender, explicitarlo debe ser parte de un aprendizaje político y cultural que nos debemos los argentinos a nosotros mismos (y, asimismo, se lo debemos a los uruguayos).

         Segundo, tampoco sería aceptable, desde ningún punto de vista, el uso de métodos ilegales para desalojar a los que siguen bloqueando la frontera internacional. En beneficio de la responsabilidad cívica de los gobiernos (provincial y nacional) y de quienes, como ciudadanos, tenemos derecho a exigirle rendición de cuentas, es indispensable resolver el problema en el estricto marco del estado de derecho.

         Esto se diferencia del uso de una fuerza no legítima, no solo tolerada, sino avalada expresamente, en incontables ocasiones, por las autoridades gubernamentales, y ejercida durante más de 800 días por ese sector asambleísta contra decenas de miles de argentinos, uruguayos y ciudadanos de terceros países, un acto de violencia ejercido, además, en una ruta del Mercosur.

         Es necesario recordar que, tanto de uno como del otro lado del río, se formularon, por parte de sectores interesados en descomprimir el conflicto propuestas para llevar adelante monitoreos conjuntos de la calidad de las aguas, que fueron rechazadas reiteradamente por las autoridades argentinas, aunque habían sido aceptadas en 2004 en el marco de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), con el Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del río Uruguay en las Áreas de Plantas Celulósicas (luego desconocido por el gobierno argentino).

         Quizás sea aún más necesario poner de manifiesto que desde el comienzo del conflicto, los responsables del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) -equivalente al INTI de nuestro país hermano, y que trabaja siguiendo las exigencias de monitoreo a Botnia que emanan de la Dirección Nacional de Medio Ambiente uruguaya (DINAMA)-, tuvieron voluntad de cooperar. De hecho, hubo acercamientos técnicos en tres misiones, que finalmente no prosperaron en la adopción de una metodología de monitoreo conjunto, en gran medida porque este camino de cooperación fue trabado por los obstáculos políticos que son de público conocimiento.

         No obstante, aunque no hubo una acción formalmente coordinada, se acordaron de hecho los métodos de medición y se realizó una prueba piloto que arrojó resultados comparables. Por lo tanto, las condiciones iniciales para que estos avances se transformen en un monitoreo conjunto estable de aquí en adelante, están dadas. Ello implica asimismo que, concertado un acuerdo de acción conjunta, los datos obtenidos por uno u otro de ambos laboratorios serían igualmente válidos.

         En suma, tomando en cuenta tanto las mediciones del LATU (que viene haciéndolas desde abril de 2005, o sea más de dos años y medio antes de la puesta en marcha de la planta de Botnia) y las más recientes del INTI, la conclusión es inevitable: en un año de operación de la planta de Fray Bentos, no hay hasta ahora evidencia de que la calidad de las aguas se haya afectado, ni fundamento para predecir que pueda haber “contaminación acumulativa”.

         En lo que se refiere a la emisión de olores por parte de la planta Orion de Botnia, que alcanzaron Gualeguaychú así como el balneario Ñandubaysal, varias consideraciones resultan a nuestro entender obligatorias, porque es necesario hacer explícito que la cuestión tiene entidad y no debe ser minimizada. Primero, se trata de un hecho verificado y sobre el cual no hubo advertencias previas. Se aceptaba que en casos aislados se podía llegar a sentir un mínimo olor en el Ñandubaysal, pero que nunca se iba a llegar a sentir olor en la ciudad de Gualeguaychú. Por ahora ha sido un caso aislado, pero la empresa Botnia no lo advirtió a tiempo. A su vez, su parca política de comunicación pública, así como la tendencia a correr detrás de los acontecimientos, son de lamentar.

         Segundo, el episodio podría permitir conjeturar que las preocupaciones y las percepciones de riesgo iniciales del asambleísmo eran parcialmente pertinentes o, dicho de otro modo, muy pertinentes en una parte. Una región cuyo industria turística enfatiza la pureza del aire y el agua (y por muy de vidrio que pueda ser su propio tejado, ya que la situación ambiental de la ciudad exhibe inocultables fallas) se vio un día, en pleno verano, afectada de un modo evidente.

         Tercero, esto muestra, a nuestro entender, los errores de la estrategia, los diagnósticos y la metodología en la que los gobiernos municipal, provincial y nacional, incurrieron al aceptar y en parte inducir a la ACAG a “nacionalizar el conflicto” y presentar una “posición unificada”.

         En efecto, el objetivo de Gualeguaychú podría haber sido, con todo derecho, una protesta en clave típica de muchos movimientos locales: no lo hagan en mi patio trasero. No tengo objeciones a que un elefante habite en mi barrio, pero no lo quiero en mi jardín, lo que podría haber sido asumido por el gobierno sin necesidad de hacer suyos los diagnósticos, métodos y objetivos locales, y tratado con toda prudencia.

         Al mismo tiempo, el ambientalismo podría haber evitado el curso de nacionalización del conflicto implicado en el corte de la frontera internacional y en la conversión del tema en una “causa nacional”, e insistido en la importancia de un tratamiento regional de la cuestión y de un curso de acción sostenible, tanto productiva como ambientalmente.

         Nada de esto ocurrió, básicamente porque el vecinalismo local estimó que una demanda limitada no tendría eco ni en el gobierno ni en las sociedades nacionales, y porque los gobiernos prefirieron los cursos de acción que aquí discutimos y de los que ahora desean desentenderse.

         Como sea, hechos como el del 26 de enero muestran que, quizás, la actividad de la empresa necesite ciertos ajustes complementarios para un funcionamiento de la más alta calidad. Es precisamente en estos casos en donde la acción conjunta entre sociedad civil, gobiernos, empresa y especialistas debe ser un aseguro que controle los compromisos y responsabilidades asumidos por parte de emprendimientos de este tipo.

IV. Una relación deteriorada

         Por desgracia, sobre lo que sí hay mucha evidencia es sobre el deterioro de la relación entre Argentina y Uruguay en el plano diplomático, en el político, y asimismo en cuanto a la generación de encono y desconfianza entre poblaciones vecinas y, hasta cierto punto, entre pueblos hermanos.

         El doble discurso del gobierno argentino al respecto, la exaltación reiterada por parte de autoridades que bendijeron la metodología piquetera y expresaron que los vecinalistas les habían impartido una lección de civismo, o por quienes justificaron ante el tribunal del Mercosur los bloqueos de rutas internacionales como ejemplos de participación democrática, declaraciones ministeriales como las que sostuvieron que el presidente Tabaré Vázquez no tenía poder, y que a Uruguay lo gobernaba Botnia, el tono permanente de los funcionarios argentinos y de parte de la prensa, subestimando al Uruguay y a sus capacidades técnicas, negando que se hubieran hecho estudios de evaluación de impacto ambiental, y que hubiera técnicos capacitados, son capítulos de la misma saga en el camino del deterioro de las relaciones bilaterales.

         Muchos amigos y colegas uruguayos temen que para el argentino medio haya quedado instalada la imagen de que "ese paisito de morondanga... ¡qué va a saber de controlar fábricas!". Son heridas que pueden y deben ser restañadas y entendemos que a los argentinos nos cabe dar pronto los primeros pasos.

         Pero hubo, a su vez, otros deterioros quizás menos conocidos por la opinión pública nacional. Es el caso, por ejemplo, de los daños psicológicos y emocionales infligidos a los niños de Gualeguaychú y zonas aledañas, porque durante años se les viene inculcando temor; así, en el llamado “grito blanco” participan las escuelas, con maestros y niños vestidos de guardapolvo y profusión de banderas argentinas. Ese miedo aparece plasmado en los dibujos de los niños, que testimonian un miedo completamente infundado, con expresiones tales como "los chicos van a nacer sin manos o sin pies", etc. Ya hay profesionales competentes preocupados por los efectos de este alarmismo. No faltaron líderes ambientalistas que oportunamente calificaron públicamente a la planta de Fray Bentos de ser “un nuevo Auschwitz”, pretendiendo equiparar el mayor campo de exterminio de la historia con la fábrica uruguaya de pasta de celulosa.

         Existe una tendencia a la creencia ciega de la sociedad y ciertos medios en los llamados discursos “políticamente correctos”, generados, a veces, por fusión entre las inquietudes intensas y justificadas de un grupo local (como ha sido el caso de la comunidad gualeguaychuense, que se sintió en riesgo, no fue adecuadamente informada y comprensiblemente sintió la necesidad de exigir a sus representantes cuentas por una decisión que, entendía, la afectaba y en relación a la cual no había sido consultada) y los diagnósticos proporcionados por activistas de una causa, en este caso la ambientalista.

V. Un laboratorio perjudicial

         El conflicto de las papeleras ha sido en verdad un laboratorio de estas formas de empleo de la información y de formación de percepciones y orientaciones, y su exitosa repercusión pública. No faltaron ni el aplauso generalizado a los cortes de ruta, ni la proliferación de calcomanías en los autos, ni la rápida toma de posiciones sin la necesaria reflexión previa.

         Mal podría sorprender que la palabra mentira haya estado constantemente en boca de todos los protagonistas del conflicto. El empleo de la invectiva no tiene nada de particularmente interesante; lo interesante es, en cambio, el modo sesgado en que ha sido utilizada la información, como un arma arrojadiza y no como insumo para una interlocución en la que, admitida la existencia de desacuerdos, se de paso a la argumentación.

         Para ilustrarlo con unos pocos ejemplos, durante meses circuló como un hecho que los apicultores próximos a la pastera no iban a poder exportar más miel a Europa, debido a una normativa de la Unión Europea. Que nadie supiera dónde estaba aquella hipotética normativa, una vez que un “especialista” hubiera introducido la “información” en el debate, carecía de la menor importancia; se daba por descontada su existencia sin procurar una comprobación, y se le otorgaba al “hecho” un status de verdad que ni siquiera se intentaba verificar.

         Pero quizás la ilustración más clara de este problema haya sido el de las archiconocidas fotos de Botnia desde territorio entrerriano. Durante meses, diferentes periódicos argentinos reprodujeron fotos de la pastera obtenidas desde distintos puntos de la costa argentina del río Uruguay, en la mayoría de los casos desde el balneario Ñandubaysal, en las que su imagen no aparecía tal como la capta el ojo humano desde esos lugares sino, claramente, muchísimo más próxima.

         Las fotos en algunos diarios y las imágenes televisivas no fueron, ciertamente, producidas ni proporcionadas por los asambleístas; antes bien, ellos encontraron en unas imágenes que no habían generado la ratificación de su verdad y otorgaron a esos medios el carácter de confiables.

         Del mismo modo, le otorgaron crédito al especialista que sostuvo que el cauce del río Uruguay es insignificante y que la temperatura de las aguas eliminaría la vida, al que afirmó que “Botnia iba a emplear una tecnología que a partir del 2007 estará prohibida por la Unión Europea”, y al ambientalista que explicó que “la contaminación en el río Uruguay por la pastera Botnia existe, aunque aún no se puede determinar el grado, y serán las generaciones de hijos y nietos quienes resulten afectados si la planta no se relocaliza...”. Es decir, le confirieron a posteriori la condición de productores de un dato verdadero, porque ya a priori había sido decretado como verosímil.

         El griterío “ecologista” no ha dejado a la sociedad escuchar adecuadamente a los ecólogos. La buena información no siempre se encuentra en los titulares de algunos medios. Un gran facilitador del conflicto fue la enorme brecha existente entre las innovaciones tecnológicas del sector en las últimas dos décadas y las imágenes de algunos grupos ambientalistas, originadas en los niveles de desarrollo tecnológico de la España de tiempos de Franco (la planta de celulosa de Pontevedra, reiterada hasta el cansancio en documentales e informes de todo tipo).

         El conflicto demostró, por otra parte, las carencias e incoherencias de la Argentina en política ambiental, ejemplificadas al máximo en el hecho de que se haya adoptado oficialmente (pero con el mayor de los disimulos, y recién en 2007) como tecnología recomendada y no obligatoria el proceso de blanqueo libre de cloro elemental (ECF), por cuyo empleo se acusa a Botnia y al gobierno uruguayo, pero sin los recaudos estipulados por la legislación uruguaya al respecto.

         Como muestra basta aquí un botón, para hacer patente que la cuestión Botnia nunca fue para el gobierno argentino un conflicto ambiental sino político (o político-electoral). La secretaría de Medio Ambiente en la época previa a la gestión de Romina Piccolotti fue completamente excluida del asunto y se le confirió competencia exclusivamente a la Cancillería (mientras que en Uruguay el tema estuvo siempre en manos de la DINAMA y la Cancillería), hasta el momento en que el gobierno de Néstor Kirchner resolvió “nacionalizar” el conflicto, consecuencia de lo cual las propuestas más sensatas de Cancillería fueron dejadas de lado, se rechazó la invitación al monitoreo conjunto, se intentó convertir el tema en una nueva “causa nacional”, y se resolvió acudir a La Haya.

         La planta de Botnia nunca debió haber sido un “problema ambiental” para la región, sino un desafío en materia de desarrollos productivos ambientalmente sustentables. Y el hecho de que la construcción y la operación de la planta se hayan desarrollado de acuerdo a los planes y que los resultados obtenidos hayan sido aún mejores que los prometidos, son un cambio cualitativo para el desarrollo industrial armónico de la región.

         Esto no significa, ni dar por sentado que en esta clase de emprendimientos no existan cuestiones ambientales que deban ser cuidadosamente consideradas por las comunidades, los ciudadanos y los poderes públicos, ni tomar ninguna evaluación ni conclusión como definitiva, ni negar que problemas e inconvenientes puedan aparecer. Pero es una noticia alentadora que se pueda realizar un emprendimiento productivo de estas características, cumpliendo con las normas y cronogramas pre-establecidos, y que la región cuente con recursos humanos, técnicos e institucionales para realizarlos, dando perspectivas de trabajo calificado para las futuras generaciones.

         Reconocer esto es un primer paso, dirigido a sentar las bases para el desafío: un aprovechamiento productivo y sustentable de los recursos regionales en el largo plazo, integrado y cooperativo, y el desenvolvimiento de un núcleo económico productivo que tiene un enorme potencial social.

         Precisamente, uno de los efectos más negativos de todo este conflicto es haber intentado desprestigiar las orientaciones que procuran conciliar el desarrollo productivo con la sostenibilidad ambiental y favorecer la polarización entre posiciones ambientalistas y productivistas recalcitrantes.

         Por suerte, la madurez de las sociedades de ambos países hizo que no se debieran lamentar peores consecuencias en la relación con Uruguay. Los medios argentinos presentaron un panorama diverso y no se hicieron eco de la sintonía entre el asambleísmo y el Gobierno en torno a la “posición unificada”, ni acompañaron los esfuerzos de constitución de una “causa nacional”. Y en torno al conflicto se expresaron muchas voces de diferentes sectores productivos, especialistas, políticos, instituciones, que dejaron claro que no era nada evidente que en este conflicto el “interés nacional” estuviera en la simplificación maniquea de las cuestiones ambientales y productivas, y en la prepotencia contra el Uruguay.

VI: Una política exterior inadecuada

         Reflexionar sobre los resultados de la política llevada hasta ahora nos lleva, por fin, a discutir la decisión argentina de recurrir a La Haya. La Argentina podría tener alguna razón (no lo damos por descontado en absoluto) respecto de una actitud inconsulta de Uruguay en lo que atañe al tratado del río homónimo; difícilmente prospere en la Corte Internacional de Justicia algún argumento ambiental.

         Si la causa no es retirada de la Corte y "perdemos", no es el fin del mundo y si "empatamos", no es una derrota. Pero ambos resultados deberían resultar una lección para aquellos estados que optan por agitar fantasmas de raigambre neo nacionalista en boga o del viejo cuño territorialista cívico-militar.

         Haber recurrido unilateralmente a la Corte no solo fue una idea equivocada, también expresó una tendencia habitual en la Argentina, la de utilizar la política exterior con propósitos de política doméstica de corto plazo. Y vale recordar que en la ocasión, todos los partidos políticos en el Congreso avalaron ese recurso; tanto parlamentarios del gobierno como de las oposiciones apoyaron la iniciativa porque según la gran mayoría era la “única alternativa” a la mano.

         Esa propensión a que necesidades de política doméstica dicten cursos de acción en política exterior es parte de una cultura política arraigada en la Argentina.

         Es bueno llegar a esas mediaciones con el concurso de ambas partes y no como la denuncia enojada del "más fuerte". Por lo general, los países en disputa llegan al recurso de la tercera parte (en éste, como en otros casos, la Corte) de común acuerdo. Esto es, en ese mismo acto conjunto de acudir a una tercera parte hay un "gesto" positivo. Cuando se procede unilateralmente -aunque esté contemplada en un tratado esa posibilidad- hay algo de "hostilidad".

         Hay acuerdos bilaterales entre muchos países, que contemplan recurrir a una tercera parte, entre ellas, la Corte. No obstante, en general ninguno de los países que mantienen controversias bilaterales amenaza con recurrir o recurre de manera unilateral a las terceras partes estipuladas como la instancia de resolución de conflictos. Si esos países recurren algún día, será, muy seguramente, de común acuerdo. Es una forma de que los litigios y los resultados de los mismos lleguen a un final de la mejor manera posible, a sabiendas de que es probable que una parte pierda algo. La decisión unilateral argentina careció de tino, responsabilidad y prudencia.

         En la Argentina se advierte que con mucha frecuencia las relaciones internacionales del país se manejan con un preocupante amateurismo, un rasgo perceptible incluso en quienes deberían ser especialistas en cuestiones de derecho internacional.

         Es casi una máxima de la política internacional hiper-realista que el "fuerte hace lo que debe y el débil lo que puede". Ahora bien, el fuerte muchas veces cree que hace lo que debe y lo hace mal y el débil algunas veces rehúsa resignarse. De tal modo, una y otra vez se demuestra que si aquel apotegma tiene algún sentido es en cuanto a la responsabilidad del más fuerte en cuestiones de fronteras.

         El tratado del río Uruguay tiene una cláusula que indica que en caso de que la disputa no pueda ser resuelta de manera bilateral, la Argentina y Uruguay someterán su resolución al tribunal de La Haya. Esto significa que, de algún modo, se hizo lo que estaba previsto en el tratado.

         El punto a aclarar, sin embargo, es que esta cláusula fue colocada por la presión de Uruguay y la aceptación del entonces presidente Juan Perón, lo que estuvo de acuerdo con la máxima de la responsabilidad. Esto es, el débil se preocupó por fortalecer el mecanismo normativo, temiendo que el poderoso, la Argentina, no cumpliera con el acuerdo.

VII. Para salir del conflicto e inaugurar un nuevo ciclo regional:

• Organizar y poner en práctica un monitoreo conjunto de todos los efluentes líquidos, industriales, cloacales y agrícolas, vertidos al río Uruguay en ambas márgenes. En el corto plazo, la Argentina acepta, a partir de los compromisos medioambientales fijados, lo que está comenzando a hacer de facto, la invitación a institucionalizar el monitoreo conjunto reiteradamente formulada por el gobierno uruguayo. Cabe señalar que los laboratorios uruguayos cuentan con una tecnología de última generación de la que no disponen aún los argentinos. Si el problema no se hubiera manejado tan mal políticamente, tendríamos incluso la oportunidad de compartir esta tecnología y utilizarla en beneficio de ambos países en un territorio compartido y aportando a un proceso de integración. También nos podríamos haber beneficiado de la cooperación técnica que Uruguay recibió y recibe de Finlandia para la formación de recursos humanos, de modo que estaríamos mejor preparados para monitorear la planta y hasta asesorar en la tecnología de producción del sector. Control conjunto no significaría así, ceder, sino mejorar capacidades locales, crecer, desarrollarse, para abordar incluso el problema en otras áreas del país, ahora o en el futuro.
• Establecer un organismo común y consensuado de control de la contaminación y aprovechamiento de la Cuenca del Plata.
• Propiciar que la Argentina y Uruguay retiren conjuntamente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya el caso llevado originalmente por nuestro país. Si no fuera posible, a esta altura, el retiro conjunto, de cualquier modo el gobierno argentino debería retirar la demanda contra el uruguayo.
• Convocar desde la sociedad civil a declaraciones en común de argentinos y uruguayos.
• Formalizar, de cara al futuro, criterios institucionales que permitan a las sociedades de cada país una participación organizada en las decisiones sobre emprendimientos industriales, mineros e hidrológicos que pudieran afectar sus legítimos intereses ambientales, articulando una licencia social regional, consistente en que cuando las comunidades perciben riesgos, tienen derecho a ser consultadas y a participar en los procesos de toma de decisiones (como previsto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas);
• La experiencia del río Uruguay y otros muchos graves casos vigentes en la propia Argentina aconseja no eliminar de la agenda estas cuestiones, cuando se perciben riesgos medioambientales para las comunidades locales (la participación de la sociedad civil de ambas márgenes en el control, está prevista en la Comisión de Seguimiento de Botnia, que actúa en Fray Bentos y tiene lugares asignado que podrían ser cubiertos).
• La carga de la prueba está invertida: son las empresas y los gobiernos los que deben no solo demostrar, sino convencer a toda o a la mayoría de la sociedad y los actores afectados, objetiva y subjetivamente, de la inocuidad y ventajas de tales emprendimientos y ofrecer garantías convincentes a la población. Si se aspira a establecer la necesidad de una licencia social con arreglo a un concepto de soberanía de la cuenca, el repertorio de acciones debería ser consistente.
• El Mercosur no tiene normas de gestión de la cuenca. Este es un problema de fondo porque hay que construir un concepto de soberanía de la cuenca -no de soberanía de la Argentina o de Uruguay- pero desde una red de organizaciones políticas, sociales y ambientales de ambos países para discutir las posibles formas de llevar adelante una transición democrática a la sustentabilidad ambiental.
• La Argentina debe asumir que, a la luz de todas las informaciones serias disponibles, puede confiar en que las plantas de Botnia y la que ENCE levantará cerca de Colonia operarán con las mejores tecnologías disponibles en términos medioambientales. No obstante, la Argentina y Uruguay deben asumir conjuntamente que la validez de lo anterior, no equivale a un cheque en blanco otorgado a largo plazo, sino que descansa en activos controles sobre la construcción y la operación permanente de las plantas, y en los compromisos de las empresas por la adopción de las mejores tecnologías, así como en el control público de estos compromisos.
• La Argentina y Uruguay podrían actuar conjuntamente para exigir que Botnia -ahora y hacia el futuro-, y a su turno ENCE, continúen actualizando la tecnología para evitar dificultades ambientales (las autorizaciones de operación están sujetas a término; deben ser renovadas y en esas circunstancias pueden incluirse nuevas exigencias). A diferencia de lo que ha sucedido hasta ahora, un clima propicio entre ambos países le permitiría a Uruguay ser más exigente con las empresas.
• El caso Botnia puede constituirse en un aprendizaje para las políticas locales de promoción de actividades que no entren en colisión excluyente con el medio ambiente, y para la adopción de políticas de control ambiental a nivel interno.
• El exigente monitoreo que debe existir en este caso puede sentar las bases para que este tipo de control se extienda en el territorio argentino, donde este tipo de políticas no se suele desarrollar (y que llega a que la Corte deba expedirse en el caso del Riachuelo), como por ejemplo en el caso de las mineras a cielo abierto.
• La cuestión de la pastera, miradas las cosas ahora hacia adentro del estado argentino, hizo patente un excesivo conflicto interinstitucional y un bajísimo grado de coordinación. Es necesario trabajar en una misma línea orientada a reconstruir la relación y sumar capacidades para el desafío que implica un control conjunto. La experiencia se puede transformar, incluso, en un caso testigo para que entendamos que la ausencia de coordinación es costosa, las pugnas inter-burocráticas nos perjudican, la segmentación entre lo técnico y lo político, y lo interno y lo externo, es cada vez más disfuncional. Si este caso fue por definición "interméstico" (internacional y doméstico al mismo tiempo) ¿tiene sentido aproximarse a él bajo la premisa de que lo que cuenta es sólo la política interna?
• Ambos países deben adoptar una iniciativa conjunta, en el ámbito del Mercosur, para encarar la cuestión de la sostenibilidad productiva y ambiental de los sectores forestal y papelero, fijando criterios exigentes y tiempos de adopción, por parte de los productores rezagados, de las mejores tecnologías disponibles.
• Asimismo, se debe avanzar hacia un diseño institucional con competencias transferidas a un nivel supra-nacional dentro de nuestra región, que no bloquee la toma de decisiones, pero al mismo tiempo incentive comportamientos cooperativos y negociaciones entre los intereses y las partes en juego.
• Ambos gobiernos, que invitarán al resto de los países del Mercosur de la región (Brasil y Paraguay), deben convocar a los sectores empresariales forestales y papeleros, locales o extra regionales, con disposición inversora, a fijar políticas que permitan el desenvolvimiento de un núcleo productivo económico-social que maximice las ganancias de escala, la innovación tecnológica y la atracción de inversiones, y minimice los efectos ambientales negativos.
• Las fuerzas vecinales activas en la provincia de Entre Ríos deben abandonar definitivamente todas las medidas de fuerza. Se debe discutir, asimismo, la creación de instancias de participación de vecinos de ambas márgenes del Uruguay, en mecanismos institucionales de control y las políticas de regulación de las actividades forestales y papeleras en el seno del Mercosur.
• En distintas oportunidades, fueron formuladas propuestas para que la empresa Botnia asumiera el costo económico de la creación de una "intervención paisajística a gran escala", barrera verde que eliminaría la visibilidad desde la Argentina de la planta de Fray Bentos. Una cosa es rasgarse las vestiduras, como han hecho autoridades y activistas argentinos, pretendiendo que la "contaminación visual" justificaría medidas de fuerza y exigir por eso la retirada de la planta, y otra reconocer que es justo que los vecinos de Gualeguaychú se preocupen por la imagen estética de la zona. Una solución así es técnicamente posible. Se trata de un ejemplo, apenas ilustrativo de respuestas locales que se deberían considerar. Del mismo modo, deberían ser considerados los eventuales efectos perjudiciales de episodios como el del pasado 26 de enero.
• Los pueblos de la Cuenca del Plata deben superar de manera inmediata este doloroso y estéril conflicto y la Argentina tiene, en ese proceso, el mayor y más fuerte desafío. Hay que cortar con los cortes, hay que abrir los caminos, hay que despejar las fronteras, hay que asegurar un futuro de paz, armonía ambiental y progreso económico y social.
  
  Antonio Camou, Pepe Eliaschev, Stella Escandell, Roberto Guareschi, Claudia Guebel, Victoria Itzcovitz, Héctor Ricardo Leis, Federico Merke, Daniel Muchnik, Carlos Mundt, Marcos Novaro, Maria Matilde Ollier, Vicente Palermo, Guillermo Rozenwurcel, Gabriel Salvia, Constanza F. Schibber, Juan Gabriel Tokatlián, Oscar N. Ventura.

Buenos Aires, febrero de 2009.
(*) Este documento es el resultado de una reflexión del CPA. El texto recoge un consenso de carácter general y, por lo tanto, conviene precisar que no necesariamente cada uno de los signatarios comparte plenamente cada afirmación. Distintos miembros del CPA le habrían dado mayor peso a algunos aspectos puntuales y los habrían formulado de un modo ligeramente diferente. Sin embargo, todos coinciden en considerar que este documento refleja un amplio acuerdo entre nosotros y, por ello, cada uno se hace responsable y asume su contenido fundamental.

Comentario de Néstor

Amigos,
Me parece un buen documento de análisis y diagnóstico, que tiene algunos pocos puntos en que quizá faltó un poco de información. No es para nada una crítica, sino un complemento de lo escrito.
Por ejemplo, Gualeguaychú sí fue consultado, en el sentido de que sus habitantes, algunos de ellos integrantes de la ACAG, participaron en las audiencias públicas que en Uruguay son obligatorias antes de poder aprobar un proyecto como éste. Su participación, las preguntas que hicieron y lo que se contestó está archivado en el sitio del Bco. Mundial. Otro tanto hay que decir sobre la posibilidad de que el olor llegara a Gualeguaychú. Eso estaba previsto en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Botnia para recibir la autorización de la Dinama, está contenido en el estudio final en base al cual se les dio el permiso de operación, y estaba en conocimiento del GTAN, el Gobierno argentino y eventualmente los asambleístas, ya que sus abogados participaron en todo el tema con cancillería. Ninguna de estas cosas disminuye en un ápice el valor del documento de Uds. Simplemente es información complementaria.
Un tema que me parece que no está explícito en el documento es que las comunidades aceptan perjuicios si consideran que ellos son menores que los beneficios percibidos. Los episodios de olor en Fray Bentos han sido mayoritariamente aceptados porque se percibe que es el precio a pagar por una bonanza superior y porque es un precio no demasiado elevado. No pasa así en Gualeguaychú, dado que prolijamente la ACAG se encargó de que sólo existan perjuicios para la ciudad (disminución a cero del comercio con el país vecino, impedimento de que se contrataran trabajadores argentinos y particularmente de esa ciudad para la construcción y operación de la planta, impedimento de que circularan insumos para la construcción con pérdida de contratos para empresas argentinas, y la famosa ley de la madera que convierte en inútiles las plantaciones de eucaliptus entrerrianas).
Por otra parte, si bien el análisis y el diagnóstico es muy acertado, las recomendaciones pecan en algunos casos de ser incompletas, poco realistas o injustas. Por ejemplo, ningún instituto de control de la cuenca del río Uruguay podrá ser mucho si no están incluidos Brasil y Paraguay (medida incompleta). Proponer el control y monitoreo conjunto de toda las industrias significa imponer a Argentina, país mucho más industrializado y desarrollado económicamente, el 90% del gasto y de la carga (poco realista, me parece políticamente inviable). Y pedir que haya que construir una especie de pantalla verde para que los entrerrianos sigan usando Uruguay como telón de fondo de sus vacaciones me parece fundamentalmente injusto (aunque no niego que en una discusión sobre un proyecto futuro, pueda ser una consideración, siempre que sea equitativo para las dos partes y, por ejemplo, Uruguay pueda solicitar idénticas medidas respecto a agresiones ambientales como las del Riachuelo, por nombrar alguna).
All in all, me parece un excelente paso adelante, con muchísimo acumen y valentía. Ojalá que los que deben actuar políticamente entiendan que no se trata de ganar un partido de fútbol, sino del progreso de una región.

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